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La alcaldesa de Torrent denunció ayer la liquidación recibida por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por el canon de ocupación de dominio público hidráulico por dos pasarelas peatonales que, a día de hoy, ya no existen. Ambas fueron arrasadas por la devastadora DANAdel pasado 29 de octubre de 2024, y desde entonces, sus restos retorcidos siguen a la vista como testigos del abandono.
Así lo informó el gobierno municipal este martes, al precisar que la Generalitat es la que ha asumido su reconstrucción, algo que parece ser el Gobierno «no quiere enterarse». La alcaldesa Amparo Folgado, visiblemente molesta, calificó la liquidación como «una afrenta institucional» y «un sinsentido moral».
Según explicó, el Gobierno reclama el pago por el uso de un espacio ocupado por dos estructuras que han sido totalmente destruidas. «No hay ocupación. No hay uso. No hay beneficio, y ahora, una factura del Estado», resumió.
Las pasarelas afectadas eran utilizadas por cientos de vecinos a diario. Una conectaba el CEIP Juan XXIII, en el barrio del Xenillet, con la otra orilla del barranco del Poyo. La otra facilitaba el acceso entre la calle Perellonet y el polígono industrial Mas del Jutge, cruzando el barranco de l'Horteta. Ambas estaban ubicadas sobre cauces gestionados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La dana provocó un colapso de la red fluvial y desbordamientos en varios puntos del término municipal, tras haber llovido más de 700 litros por metro cuadrado en su cabecera, en el municipio de Turis. El agua, mezclada con cañas, residuos y toneladas de materiales vegetales acumulados por años de inacción de la CHJ y falta de limpieza en los barrancos, acabó arrastrando las pasarelas.
Desde entonces, la Generalitat ha asumido el coste de su reconstrucción, mientras el Gobierno, a través de la CHJ, permanece al margen. «Lo más surrealista de todo es que el organismo que no mantiene, que no limpia y que no reconstruye, ahora nos quiere cobrar», denunció Folgado en el pleno.
La liquidación remitida al Ayuntamiento de Torrent, con número 2025/03864, calcula un canon en base a una «ocupación teórica» de 441 metros cuadrados del dominio público hidráulico. El cálculo se prorratea proporcionalmente al ejercicio fiscal, como si las pasarelas siguieran en pie. «Nos tratan como si no hubiera pasado nada, como si no hubiéramos sufrido una catástrofe natural. Eso es una falta de humanidad y de lógica institucional», subrayó la alcaldesa.
Folgado critica también el silencio absoluto del Ministerio y de la CHJ desde la tragedia: «Han pasado seis meses y el Gobierno ni se ha preocupado en venir a ver en qué estado están sus barrancos en Torrent. Ni siquiera saben que esas pasarelas ya no existen. ¿Cómo pueden entonces pretender cobrarnos por ellas?»
La alcaldesa no se limita a rechazar el canon. También ha vuelto a lanzar una petición clara al Gobierno: la construcción urgente de un Plan Sur para el barranco del Poyo y l'Horteta, inspirado en el proyecto que protege a València tras la riada de 1957. «Lo que Torrent necesita no es pagar cánones por pasarelas que ya no existen, sino obras reales que eviten que el agua vuelva a causar destrucción con un nuevo Plan Sur para el Poyo y l'Horteta».
En ese sentido, Amparo Folgado insiste en que no se puede olvidar al barranco de l'Horteta, que según el último estudio de la Universitat de València, canalizó más caudal que el propio barranco del Poyo durante la dana. «Eso lo sabíamos desde el primer día. Lo hemos dicho y denunciado. Y es precisamente ese barranco el que sigue olvidado sin actuaciones».
La situación es tal que, hace apenas dos semanas, un episodio de lluvias moderadas (40 litros por metro cuadrado en Turís) provocó un nuevo desbordamiento del barranco de l'Horteta a su paso por Torrent. «Con toneladas de arrastres aún en el cauce desde octubre, su capacidad es ahora menor que antes. No se ha hecho nada. Seguimos igual o peor», solamente las actuaciones en los pasos inundables por parte del Ayuntamiento y la Consellería de Agricultura, lamentó.
Por eso, reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que actúe desde las cabeceras de los barrancos —Poyo, l'Horteta, Gallego y la Saleta— y no se limite a intervenciones parciales al final del cauce. «Si no se actúa en origen, todo lo que se haga en el tramo final es inútil. Necesitamos una obra comparable al Plan Sur del Turia, pero para Torrent y su entorno. Esto no puede esperar más», sentencia.
Desde el Ayuntamiento de Torrent se va a solicitar a la CHJ la paralización inmediata del cobro del canon, y se va a remitir una carta al Ministerio dirigido por Sara Aagesen, exigiendo una revisión de los criterios de aplicación de los cánones hidráulicos.
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