Picanya compra las primeras viviendas junto al barranco mientras plantea elevar la calle

Como publicó ayer este periódico, el Consistorio ha hecho una oferta a los afectados por las inundaciones que tienen sus casas junto al barranco del Poyo y que resultaron con graves daños, algunas inhabitables. La medida responde a la suspención de licencias urbanísticas durante dos años, salvo para obras menores, hasta que la Generalitat y la Confederación del Júcar decidan si se puede edificar en la zona.

Además, el alcalde Almenar comentó que el Ministerio de Transportes ha cerrado otros acuerdos para la adquisición de otras cinco propiedades en la zona donde se construye la nueva pasarela peatonal, una operación en la que ha participado el Ayuntamiento en la gestión y donde no se ha tenido que recurrir al método de la expropiación.

La suspensión de licencias fue aprobada por el Consistorio en el pleno celebrado el pasado mayo y estará vigente hasta que se decida los usos para esta zona, con el citado periodo como máximo. ¿Qué idea tiene el Ayuntamiento? Almenar opinó que si la decisión pasa por mantener el uso residencial, lo normal es que la calle se eleve sobre el nivel actual, con un recrimiento del talud o de otra manera. «Lo que nos importa es la seguridad de las personas», señaló el primer edil. El Ministerio trabaja desde hace escasas fechas en la construcción de los cimientos de las pasarelas, una actuación que ha tenido en cuenta para su diseño en medidas más efectivas contra futuras riadas en el barranco del Poyo.

El territorio delimitado por la calle Almassereta y la bajada Raelenc abarca unos 15 inmuebles, comentó el alcalde, por lo que el proceso no está terminado. El Consistorio asumirá el coste de los derribos en aquellos casos que sean irrecuperables. El agua subió por encima de los cuatro metros y medio de altura, lo que refleja el nivel de destrozos.

En el anuncio a los vecinos difundido este martes por el Consistorio se aprovecha para recordar que el gobierno municipal «ha instado de forma reiterada a estas instituciones a tramitar estas nuevas normas de la manera más rápida posible». De momento se desconocen plazos para estas modificaciones que reclama el gobierno municipal. El compromiso con los residentes que no quieren vender es iniciar el proceso urbanístico en un año como plazo máximo.