Una sentencia exime a los vecinos de Calicanto de pagar seguridad privada

Una sentencia de la sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia pone fin a un litigio que ha enfrentado a los vecinos de la urbanización de Calicanto, de los términos municipales de Torrent, Chiva y Godelleta, desde 2007, cuando 80 residentes se negaron a pagar la cuota correspondiente a la vigilancia privada y otros servicios.

Tras diez años de conflicto y numerosas denuncias contra los que se negaban a pagar, el juez ha desestimado el recurso de apelación de la Asociación de Propietarios Cumbres de Calicanto Fase Cumbres y ratifica la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Torrent que dictamina que la entidad «carece de capacidad, legitimación y/o facultades para prestar, administrar o implantar servicios con carácter obligatorio para los propietarios».

El dictamen afecta a los términos municipales de Torrent y Chiva, mientras que Godelleta queda excluida porque el ayuntamiento todavía no ha recepcionado la obra de la urbanización, por lo que, a partir de ahora, los vecinos de ambos municipios que quieran tener seguridad privada tendrán que contratarla ellos mismos.

Además, también decreta la disolución de la Asociación de Propietarios por «falta de objeto», ya que las tareas de conservación, mantenimiento y la prestación de los servicios públicos, incluyendo su vigilancia, corresponde a los ayuntamientos y a las fuerzas de seguridad del Estado.

«Esperamos que con esta sentencia quede zanjado el tema porque deja clara la situación de que la urbanización no se rige por la Ley de la propiedad horizontal, a excepción de Godelleta», explica el abogado de los residentes, Antonio de Miguel.

En las cerca de 60 denuncias que la asociación ha interpuesto a los vecinos en rebeldía durante este tiempo, «el juez sólo valoraba la deuda contraída sin tener en cuenta si los servicios eran obligatorios. A partir de ahora, ya queda clara la situación y se ha delimitado la naturaleza de la urbanización», señala el abogado. «Esta sentencia también puede sentar un precedente para otras zonas residenciales que se encuentran en un caso similar», añade.

El letrado señala que los vecinos «están satisfechos» aunque matiza que esta situación «se debería haber resuelto de otra forma porque ha sido una lucha de vecino contra vecino».

En esta ocasión parece que la unión de los residentes que se han negado a pagar y que suman 135 ha hecho la fuerza. La manifestación del mes de junio del año pasado dejó claro que no tenían intención de dejar de reivindicar sus derechos. Su defensa se ha basado en que el servicio de vigilancia «se paga con los impuestos» a sus respectivos ayuntamientos en cuanto se trata de vías públicas.

Ahora tendrá que ser cada propietario el que valore la necesidad de recurrir a la seguridad privada o a sistemas de alarma para evitar los robos en estos núcleos residenciales alejados del casco urbano de los municipios a los que pertenecen.