El Gobierno mantiene sus 450 pisos de la Sareb en la Comunitat ocupados y el plan en suelo de Defensa estancado

En el caso de la Comunitat Valenciana hay varios interrogantes por resolver como qué pretende hacer el Ejecutivo con las 450 viviendas de la Sareb que están ocupadas y que forman parte de la cartera de los 4.250 inmuebles que el 'banco malo' deberá ceder a la nueva Empresa Pública de Vivienda para formar parte de un parque de pisos asequibles y alquileres sociales.

En enero de este año, Sánchez anunció 12 medidas para atajar la crisis habitacional, entre las que destacó la incorporación de las más de 30.000 viviendas que actualmente tiene la Sareb en España. Sin embargo, esta idea ya fue anunciada a bombo y platillo en abril de 2023, hace más de dos años, cuando aseguró que el denominado 'banco malo' cedería 50.000 inmuebles, de los cuales, la Comunitat albergaba 9.000.

A día de hoy, la Sareb tiene en balance unas 6.700 viviendas, de las cuales, 4.250 están sin habitar. En concreto, 1.100 viviendas ya están dentro del Programa de Alquiler Social con Acompañamiento de la entidad, que pasarán a formar parte de la Empresa Pública de Vivienda. A estas hay que sumar más de 1.000 que ya están alquiladas con contratos heredados de anteriores propietarios, según explican desde la entidad a este periódico.

Además, de ese total de 6.700 inmuebles de la Sareb, se han asignado 300 a afectados por la dana, de las que más de la mitad han sido entregadas y el resto se están preparando para asignarlas en el segundo semestre de 2025. «Son viviendas que cedemos de manera gratuita a las familias que nos asignan los ayuntamientos como solución habitacional a medio y largo plazo tras la catástrofe», explican desde la entidad, que también ha cedido cerca de 50 a Generalitat y Ayuntamientos para fines sociales. Por lo que respecta a las 450 viviendas ocupadas, están en procesos judiciales al tratarse de casos «sin indicios de vulnerabilidad».

Sin embargo, nada se sabe todavía de cuántas viviendas formarán parte realmente de la nueva empresa del Gobierno ni cuándo estarán listas para habitar, que es la cuestión que más preocupa a todos aquellos que no pueden acceder a una vivienda.

Igual de lejano queda el anuncio que hizo Sánchez en abril de 2023 sobre la construcción de 20.000 viviendas para venta asequible y alquiler social repartidas por toda España en terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa. En el caso de la Comunitat Valenciana el impacto es mínimo, con 100 inmuebles previstos en Alcoi y 12 en Alicante. La entidad estatal de suelo Sepes, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, anunció en octubre de 2024 la compra de once suelos al Ministerio de Defensa para construir un total de 650 viviendas, entre las que figuraban las 12 de Alicante.

Lo último que se sabe respecto al centenar de inmuebles en Alcoi es que «se está llevando a cabo el análisis de idoneidad del suelo» de la parcela. Así pues, dos años más tarde de aquella noticia, todavía no se ha puesto ningún ladrillo en las dos ciudades de la Comunitat que se incluyen en el plan de los suelos de Defensa. Algunas fuentes sitúan la última fase de este plan, entre las que estarían los inmuebles de Alcoi, en 2028.

Por contra, la construcción de 438 viviendas en los antiguos cuarteles de Ingenieros en Valencia sí parece avanzar tras haber sufrido un bloqueo de cuatro años. El Sepes aprobó en febrero la contratación de la redacción de los proyectos de edificación y dirección de obra de un nuevo edificio. La urbanización terminará antes de verano, según indicó la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.