La falta de mano de obra en la Comunitat amenaza la construcción de 10.000 viviendas
Los promotores advierten de que ya hay una carrera entre las empresas por encontrar perfiles cualificados y reclaman un plan
Llevan más de un año advirtiendo del problema, pero el escenario no ha cambiado y las perspectivas, tampoco. El sector promotor y constructor de la ... Comunitat Valenciana incide en la dificultad para encontrar mano de obra, un hecho que amenaza con lastrar el despliegue de las 10.000 viviendas de protección pública programadas para los próximos cuatro años dentro del denominado Plan Vive.
«Hay dificultad para encontrar oficios y de calidad. Tampoco tenemos facilidad para encontrar suelo», explica un promotor local valenciano a este diario tras confirmar que actualmente ya hay una carrera por encontrar ciertos perfiles cualificados. Esta escasez, a su vez, encarece el coste de mano de obra, otro factor que inquieta al sector a la hora de afrontar la construcción de las miles de Vivienda de Protección Pública (VPP), cuyo precio máximo por módulo se ha establecido en 2.400 euros con la aprobación del nuevo decreto. «Quien dé la razón a si el plan de vivienda es posible será la propia evolución del coste de obra. Si aguanta el coste durante el periodo establecido podremos continuar, pero estamos preocupados por esto», explican.
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La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) calcula que se necesita un millón de nuevos trabajadores para acometer las viviendas demandadas en el conjunto de España. Según los datos más recientes del Observatorio de la Construcción, el puesto que ha registrado más contratos en la Comunitat en septiembre es el de albañil, con 17.379. Esta cifra, no obstante, supone una caída de las contrataciones en un 4,7% respecto a septiembre de 2023.
Esta reducción de las contrataciones contrasta con el incremento de la construcción. Al puesto de albañil le sigue el de peones de la construcción de edificios, que cae un 7%, hasta las 6.717 contrataciones el pasado mes. La ocupación que ha sufrido una mayor contracción de las contrataciones es la de pintor y empapelador, con una caída del 18,6% al situarse en 1.216 contratos. Electricistas y fontaneros también registran una reducción en el número de contrataciones respecto a septiembre de 2023, con disminuciones del 1,6% y 10,5%, respectivamente.
Por contra, hay oficios que han registrado un incremento de las contrataciones el mes pasado con respecto a 2023. El que más lo ha hecho es el de montadores de estructuras metálicas, con un aumento del 34,6%, hasta las 961 incorporaciones. Les siguen los oficiales, operarios y artesanos de otros oficios, con una subida del 12,9%, hasta las 1.346 contrataciones. Las incorporaciones de encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón se elevaron un 8,9% en la Comunitat, mientras que otros trabajadores de las obras estructurales lo hicieron en un 5,5%, hasta las 1.912 en septiembre.
Formar a migrantes
A los 10.000 inmuebles del Plan Vive hay que sumar las miles de viviendas que se paralizaron a la espera de la nueva regulación del Consell sobre las VPP, más aparte las promociones privadas. «Esas 10.000 viviendas no se harán de golpe, pero el problema de la falta de mano de obra lo tenemos ya con el ritmo actual de construcción», agrega el empresario, que alerta también de intrusismo en el sector. «Es urgente que la Administración active un plan de formación urgente para poder contar con los profesionales necesarios para afrontar las próximas construcciones», indican desde el sector.
Una de las propuestas que realiza el presidente de Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández, es la de dirigir esa formación a migrantes que vienen a España en busca de oportunidades laborales. «Regularizar a los trabajadores que tenemos aquí, dándoles una formación e incorporándoles al sector de la construcción, a la Seguridad Social, y luchando contra la economía sumergida. El segundo de los ejes es traer trabajadores de origen», indica el dirigente empresarial.
Por lo que respecta al mercado de trabajo en el sector en la Comunitat, en el acumulado hasta agosto se registraron 51.079 contratos, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior. Por sección de actividad, hay que destacar que ingeniería civil es la única actividad que se incrementa (8,4%). Por contra, en la construcción de edificios ha caído un 5,5%, hasta los 22.772 contratos, según el Observatorio de la Construcción.
Además, según un informe de la misma entidad, el sector de la construcción ha disparado la demanda de vacantes un 68% en 2023, posicionándose como la actividad donde más ha aumentado el número de vacantes en el último año. También aumenta su peso respecto al total de vacantes pasando del 3% al 4,5% en el último año. Por otra parte, las vacantes en construcción suponen un 0,6% sobre el total de asalariados, por encima de industria y tras el sector servicios.
Por lo que respecta a la nueva normativa que regula la construcción de VPP –anteriormente denominado VPO–, contempla un sistema variable que adaptará el precio de construcción en aquellas zonas con más desequilibrio entre oferta y demanda en función del coste y de vivienda libre. Otra de las cuestiones más destacadas del decreto es que el promotor debe reservar el 40% de las viviendas de menos de 60 metros cuadrados a jóvenes con menos de 35 años. Si a los seis meses no se venden, ya no se reserva para los que tengan menos de esa edad.
El decreto sitúa un plazo máximo de 30 años para descalificar la vivienda protegida construida en suelo reservado para la misma, 20 años máximo para la vivienda protegida construida sobre suelo reservado a vivienda de renta libre y un máximo de 15 años para la vivienda reservada a menores de 35 años.
El 70% de los desahucios ejecutados corresponden a impagos del alquiler
El drama de los precios del alquiler también se registra en los datos del último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano apunta que los desahucios por impago de los arrendamientos ya suponen el 70% del total de los lanzamientos en la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre. En concreto, se han ejecutado 705 desahucios por este motivo y 253 por impago de hipoteca.
El número total de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024 fue de 1.006 en la región valenciana, que además es es la segunda con más solicitudes de desahucios por cada 100.000 habitantes en este periodo, con el 16,1% del total nacional. En términos absolutos, la Comunitat es la tercera con más desahucios al registrar con 1.006, por detrás de Cataluña –2.091 lanzamientos, el 26,6% del total nacional– y Andalucía –con 1.129–. Por detrás de la Comunitat se sitúa la Comunidad de Madrid, con con 831. En total, en España se ejecutaron 7.850 desahucios, un 7,8 % más que en el mismo trimestre de 2023.
El 74,8 % de esos lanzamientos, 5.874, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.469 –el 18,7 % del total– se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 507 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 1,9 % respecto al segundo trimestre de 2023. Para los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el aumento fue del 10,7 % y para los 507 derivados de otras causas, del 6,5%.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.577, el 26,8 % del total; seguida por Andalucía, con 765; Madrid, con 730; y la Comunitat Valenciana, con 705. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Cataluña hubo 322; en Andalucía, 287; en la Comunitat Valenciana, 253 y en Murcia, 129.
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2024 fue de 13.926 en España, un 3% más que en mismo trimestre de 2023. De ellos, 7.031 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 12,5%. En el segundo trimestre del año se solicitaron 5.483 ejecuciones hipotecarias, un 6,2% más que en el mismo periodo de 2023.
El mayor número se dio en Andalucía, con 1.238, un 22,6% del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 1.122; la Comunitat Valenciana, con 862; y Madrid, con 529. Sin embargo, si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Murcia, con 19,1 por cada 100.000 habitantes; la Comunitat Valenciana, con 16,1 y Andalucía, con 14,1.
Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, admitió que el Gobierno está analizando «con detenimiento» los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y precisó que se evaluará también si hay relación o no con «la circunstancia de la tensión del mercado de alquiler».
La ministra aprovechó para reivindicar medidas del Gobierno central, como «alargar la moratoria antidesahucios para personas vulnerables», y los instrumentos que, según ha dicho, facilita la nueva Ley de Vivienda.
«Si existen recursos que permiten bajar el alquiler en al menos un 5%, al tiempo que se bonifica a los propietarios, no entiendo a qué estamos esperando para ponerlo en marcha», ha dicho al hacer un llamamiento a otras administraciones para que «replanteen su posición» en política de vivienda.
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