El decreto que tramita el Consell para las VPO contradice la ley de vivienda de la Comunitat al permitir liberalizarlas
El reglamento, apoyado por los promotores, contempla que los inmuebles de VPO puedan venderse como vivienda libre pero choca de pleno con la normativa vigente en la región valenciana desde 2017
Lejos de llegar a acuerdos para amortiguar el creciente problema de la vivienda, la división entre el Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el ... PP sólo hace que ir a más. En el caso de la Comunitat Valenciana este choque de posturas se traslada al plano normativo. Y es que el Consell está tramitando un reglamento para regular la Vivienda de Protección Pública (antes conocida como VPO) que permite la liberalización de estos inmuebles. Es decir, abre la puerta a que estas viviendas se vendan a precio de mercado libre en lugar de a precio de VPP, cuya finalidad es aumentar la accesibilidad del parque residencial a los colectivos con menos ingresos.
Esta medida no solamente es contraria a la propuesta lanzada este miércoles por el Ministerio de Vivienda, sino que es un reglamento que va contra la propia ley valenciana en vigor desde 2017, la llamada Ley por la Función Social de la Vivienda. «Las viviendas que se califiquen como protegidas a partir de la entrada en vigor de la presente ley, y respecto de las que así lo acuerde el Consell, no perderán dicha calificación cuando sean necesarias para la prestación del servicio de interés general de vivienda asequible, digna y adecuada, y se encuentren materialmente afectados a éste», reza el artículo 3 de la citada ley.
Sin embargo, la Conselleria de Vivienda interpreta este párrafo de una manera distinta. «El Consell tiene que decidir cuáles mantendrán la protección y cuáles, no. Lo que pretendemos con el decreto nuevo es potenciar la construcción para que haya más viviendas en el mercado», explican fuentes de la cartera que dirige Susana Camarero.
El decreto que tramita el Consell de Carlos Mazón, apoyado por el sector promotor, contempla una subida del precio máximo a 2.400 euros el metro cuadrado útil y un sistema variable que adaptará el precio en aquellas zonas con más desequilibrio entre oferta y demanda en función del coste de la construcción y el de vivienda libre.
Otra de las cuestiones más destacadas es que el promotor debe reservar el 40% de las viviendas de menos de 60 metros cuadrados a jóvenes con menos de 35 años. Si a los seis meses no se venden se exitinguirá esa reserva. Además, los propietarios de estas viviendas podrán vender el piso a precio de libre mercado a partir de los 15 años. En cuanto al resto de casos, el decreto sitúa un plazo de 30 años para descalificar la vivienda protegida construida en suelo reservado para vivienda protegida y 20 años para la vivienda protegida construida sobre suelo reservado a vivienda de renta libre.
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Ahora queda ver qué camino tomará el Consell de Carlos Mazón, puesto que el decreto tiene un rango inferior a la ley que está en vigor actualmente. Por lo pronto, tanto PP como Vox votaron este jueves en Les Corts contra una PNL presentada por el PSPV donde se proponía mantener la calificación de vivienda pública de manera permanente.
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