El Consell exige al Gobierno que no toque los fondos de vivienda para premiar a Cataluña

Después de la reunión, los ánimos se relajaron. Una vez dentro, la ministra matizó sus palabras: no castigará a las autonomías rebeldes, sino que premiará a las que sí desplieguen la ley de vivienda. Sin embargo, esto no disipa las sospechas de la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, quien exige que ese premio a las comunidades no se haga a costa de los fondos de vivienda que se deben repartir en base a criterios objetivos. «La única que declara zonas tensionadas es Cataluña, por lo que nos da la razón cuando decimos que con estas medidas lo que pretende el Gobierno es engordar la caja de Cataluña a costa de las demás comunidades», advirtió después de la reunión. La premisa de la vicepresidenta es clara: la Comunitat Valenciana no va a topar los precios del alquiler y pide que el premio a las comunidades que sí lo hagan se extraiga de una partida independiente. «Las ayudas al plan de vivienda no pueden estar condicionadas en ningún caso a declarar zonas tensionadas. Si quiere ayudar a las que sí lo hacen, que lo haga, pero no acosta de las comunidades autónomas porque si no estará demostrando lo que sospechamos, que quiere engordar la caja de Cataluña», sentenció tras finalizar el encuentro.

El importante matiz de Rodríguez quizás respondió a la reacción de los dirigentes del partido popular –que firmaron un comunicado conjunto para rechazar el chantaje con las ayudas– o puede, más bien, que respondiera al toque que le dio José Luis Escrivá, exministro del gabinete de Pedro Sánchez y ahora gobernador del Banco de España. O quizás alguien dentro del Ejecutivo le conminó a pensárselo mejor. Sea como fuere, los responsables autonómicos reaccionaron sin dudarlo antes de la reunión.

«El Ministerio no tiene competencias en materia de vivienda, más allá de distribuir los fondos a las autonomías para facilitar este derecho constitucional a los ciudadanos», apuntó Camarero momentos antes de entrar en la sala donde ella y el resto de responsables autonómicos en materia de vivienda se verían las caras con Rodríguez.

Según la vicepresidenta, el cupo catalán puede costar en materia de vivienda 165 millones. «Esto no es un número, sino 16.764 familias a las que el Gobierno deja sin ayudas: 10.500 personas que han recibido ayudas al alquiler, 5.700 jóvenes que disfrutan del Bono Joven, 410 jóvenes que han obtenido ayudas a la compra de vivienda o 154 personas en situación de vulnerabilidad», sentenció.

Tras el cambio de tono de la ministra durante la reunión, Camarero se mostró más optimista, pero no por ello dejó de apretar al Gobierno. «Esperamos equivocarnos y que en esta ocasión el Gobierno de Sánchez ejerza responsabilidad y haga un reparto justo y equitativo entre las comunidades y que ese plan de vivienda refleje las necesidades que tenemos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana», señaló la vicepresidenta, que aseguró la posibilidad de llegar a un acuerdo. «Podemos acordar un buen plan de vivienda donde se dejen apartados los intereses sectarios y partidistas, donde se busque el interés general para que los valencianos tengan por fin su derecho a la vivienda», insistió.

En este punto, indicó que las comunidades están implementando medidas que «realmente funcionan» en el marco de sus competencias, para, según ella, crear más vivienda y reducir el precio. «En nuestro caso, a través del Plan Vive, que contempla poner en el mercado 10.000 viviendas en cuatro años», subrayó.

Por ello, hizo hincapié en que la Comunitat reclama al Gobierno de España que las ayudas de vivienda atiendan a «criterios objetivos, justos y equitativos», como es el criterio poblacional, el que da «seguridad jurídica y garantía» de esa objetividad necesaria a la hora de distribuir los fondos al conjunto de las comunidades autónomas.

Bono Alquiler Joven

La Conferencia Sectorial ratificó por la unanimidad de las comunidades autónomas de régimen común, que son las administraciones beneficiarias, el reparto de los 200 millones de euros del Bono Alquiler Joven, acordado en la Conferencia Sectorial del 2 de febrero de 2022.

Esta ayuda se fija en 250 euros al mes, durante un plazo de dos años para cada joven, con objeto de facilitar su emancipación o en todo caso el acceso a disfrutar de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso.

De esta manera, la Comunitat recibirá 22,8 millones de euros, la cuarta mayor cuantía asignada. Andalucía recibe 34,2 millones; Aragón, 7,6; Asturias, 6,6 millones; Baleares, 4,8; Canarias, 10,6 millones; Cantabria, 3,8 millones; Castilla y León, 10,8 millones; Castilla-La Mancha, 8 millones; Cataluña, 29 millones; Extremadura, 6 millones; Galicia, 11,4 millones; La Rioja, 3,4 millones; Madrid, 31,8 millones; Murcia, 8,8 millones; Ceuta, 200.000 euros; y Melilla otros 200.000.

El siguiente paso es que el Consejo de Ministros dé el visto bueno a este acuerdo y, posteriormente, se volverá a reunir la conferencia sectorial para ratificarlo. Una vez ratificado y cumplidos los trámites administrativos, el Ejecutivo precederá a la remisión de las resoluciones con las cantidades respectivas a las comunidades autónomas para que acepten y pueda realizarse la transferencia.

Además, en la reunión, Rodríguez destacó que el Gobierno ya ha transferido a las comunidades autónomas 4.328 millones de los 5.500 millones que se encuentran dentro del plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana del Plan de Recuperación. «Esto supone que las comunidades ya han recibido el 85% de los fondos, todo ello sin contar con lo comprometido y que será transferido próximamente», señaló.

Con estas inversiones, se han llegado a acuerdos para construir 24.463 viviendas, para rehabilitar 47.000 viviendas a través del programa de rehabilitación de barrios y la ejecución y tramitación de 600.000 viviendas en rehabilitación a través de las convocatorias de los programas para rehabilitación de viviendas y edificios que gestionan las comunidades autónomas. La Comunitat ha recibido ya 463.613.249 euros de este plan.

«Esta es la política de vivienda que defiende el Gobierno de España, una política pública que haremos posible con el compromiso y la colaboración privada, una política pública que permita, con instrumentos del Estado, garantizar alquileres asequibles que no superen el 30% de la renta», concluyó la titular de Vivienda y Agenda Urbana.