La Comunitat legaliza 3.500 pisos turísticos en medio año pese al frenazo en Valencia

Playa de Benidorm y turistas británicos. /J. J. Monzó
Playa de Benidorm y turistas británicos. / J. J. Monzó

Crece un 16% el número de viviendas inscritas en el registro autonómico para dedicarlas al alquiler vacacional

ELÍSABETH RODRÍGUEZ

La evolución de las viviendas turísticas en la Comunitat ha sido dispar en lo que va de año. Mientras que el número total de nuevas altas en estos primeros seis meses es de 3.500 pisos, lo cierto es que la provincia de Valencia y Castellón, así como la capital del Turia y algunos destinos principales, han registrado una caída de este tipo de alojamiento.

En concreto, según los datos de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), en la provincia se han salido del sistema un total de 371 inmuebles respecto a cierre del pasado año, por lo que la oferta en esta zona se sitúa en 14.989. Del mismo modo, en la provincia de Castellón hay 151 menos, quedando así en 13.501 viviendas regladas. Por contra, Alicante sí ha protagonizado un incremento notable en el registro de pisos turísticos al pasar de 45.734 a 48.872.

Las razones de este frenazo en Valencia son varias, pero las más determinantes residen en las trabas burocráticas y los requisitos para conseguir la autorización de algunos ayuntamientos para poder operar, sumados a las cargas fiscales que conlleva frente a las ventajas del alquiler convencional.

«Por un lado, está la carga fiscal, que pesa mucho más que la del arrendamiento convencional y a esto se suman las trabas burocráticas de algunos ayuntamientos como el de Valencia, además de la presión mediática y la imagen demonizada que se está generando», explica el presidente de los pequeños propietarios (Viutur), Francisco García. Cabe recordar que en Valencia capital no sólo basta con la declaración responsable sino que el inmueble debe estar en una primera planta o bajo para conseguir autorización para operar.

En esa misma línea se pronuncia la directora de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), Patricia Valenzuela, quien indica que «el tiempo y el coste que implica mantener una vivienda reglada» llevan a muchos propietarios a abandonar esta opción y decantarse por el alquiler residencial, que además cuenta con desgravaciones y es un mercado en alza.

Esto deja a la región con una cifra total de 77.350 pisos de alquiler vacacional en el primer semestre de este año, según confirmaron ayer desde la AVT y Fevitur durante la presentación de la segunda campaña de concienciación sobre la regulación de este tipo de oferta, bautizada como 'Welldone, Welcome'.

Esta cifra supone un incremento del 16% de la oferta reglada justo de cara a la campaña de verano con respecto al número total de viviendas a cierre de 2018. Según explicó Valenzuela, el objetivo es alcanzar la regularización de 10.000 este año. La asociación recibe una ayuda de 100.000 euros por parte de la Generalitat para desarrollar esta iniciativa, que busca la «sensibilización, concienciación y lucha contra el intrusismo en el alojamiento».

Por otro lado, Turisme ha abierto un segundo expediente sancionador a Airbnb por permitir que se publiciten y comercialicen en su plataforma alojamientos que no aportan su número de registro como vivienda turística de la Comunitat. Esta infracción podría acarrearle una multa de hasta 600.000 euros. Es la segunda vez que la administración valenciana se enfrenta Airbnb, después de que la multinacional pagara una sanción de 30.000 euros por el mismo motivo. Al respecto, el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, señaló que «tarde o temprano» Airbnb tendrá que «cambiar de actitud y entender que las normas están para cumplirse» y que «la economía colaborativa no está reñida con la legalidad».

Por su parte, la empresa reaccionó horas después con un comunicado en el que anuncia que recurrirá dicho expediente y donde critica que la decisión de la Generalitat «va en contra de los emprendedores turísticos de la Comunitat». Según dice, «de acuerdo con el Abogado General de la UE», el portal realiza un servicio de la sociedad de la información y «la directiva (de comercio electrónico) impide que un Estado miembro pueda restringirlo» de esa manera.