Las ITV valencianas siguen sin dar citas y vuelven a criticar las formas de la reversión

En este sentido, la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) ha presentado este lunes un escrito ante las consellerias de Economía Sostenible y de Hacienda para reclamar que «en el plazo más breve posible» de les remita «instrucciones claras y ajustadas a las particularidades de cada una de las concesionarios sobre cómo habrá de llevarse a cabo la reversión prevista para dentro de pocas semanas».

En el mismo se reitera que las empresas «se reservan el derecho a impugnar con todos los medios legales a su disposición cuantas actuaciones o decisiones se adopten por parte de la Administración» y «sean consideradas contrarias aderecho como, por ejemplo, el requerimiento manifiestamente ilegal de que sean las concesionarias las que negocien y contraten con terceros la prestación de servicios a la recientemente creada empresa pública en un momento temporal en que, previsiblemente, ya no corresponderá la gestión a mis representadas». Es decir, que hasta que no se resuelva el recurso administrativo interpuesto ni se plantean cambiar su posición.

En el escrito, firmado por el presidente de la entidad, Ricardo Pérez, las empresas concesionarias insisten en «la precipitación y falta de adecuada dirección» del proceso de reversión público, que «ponen en peligro la adecuada prestación del servicio». En ese sentido, inciden en que la reversión figuraba ya en el pacto del Botánico II y el gobierno valenciano ha dispuesto de «varios años para preparar el fin de la concesión e informar a las concesionarias sobre los distintos trámites a llevar a cabo para una transición ordenada».

No obstante, según Aecova, «no ha sido sino hasta escasos días antes de la finalización de la concesión que han comenzado las solicitudes de información y documentación». En concreto, ha expuesto que el inicio del procedimiento se preveía en julio de 2021 y «no ha sido hasta finales de 2022 que dicho procedimiento se ha iniciado». A su juicio, esta «falta de previsión no tiene precedentes» en la Comunitat y «no resiste la más mínima comparación con otros procesos de reversión acometidos por el actual gobierno autonómico».

«Por muy buena disposición que muestren las concesionarias, no será fácil tratar de conseguir en pocas semanas lo que, según sus propios estudios, debería haberse llevado a cabo a lo largo de más de un año y medio», ha agregado la asociación.

En su escrito, las empresas concesionarias aseguran su «más absoluta disposición» a proporcionar «cuanta información y documentación sea necesaria, siempre y cuando dichadocumentación e información puede ser facilitada conforme a la normativa vigente», pero piden a la Administración «la debida consideración y comprenda que las prisas generadas por su falta de previsión no deben ser trasladadas a las concesionarias y menos bajo la amenaza de sanciones o acciones judiciales como lamentablemente hemos tenido que leer en los medios de comunicación».

Además, Aecova ha reiterado que las empresas «se reservan el derecho a impugnar con todos los medios legales a su disposición cuantas actuaciones o decisiones se adopten por parte de la Administración» y «sean consideradas contrarias aderecho como, por ejemplo, el requerimiento manifiestamente ilegal de que sean las concesionarias las que negocien y contraten con terceros la prestación de servicios a la recientemente creada empresa pública en un momento temporal en que, previsiblemente, ya no corresponderá la gestión a mis representadas».

Además, han manifestado que su «disposición a convocar una mesa de trabajo que permita organizar una transición ordenada evitando así que el procedimiento de reversión se convierte en un conjunto de requerimientos coactivos de dudosa legalidad». Asimismo, han asegurado que su interés «no es otro que asegurar la adecuada calidad del servicio hasta el mismo momento en que se produzca el cambio de gestión», un interés que «no es nidebe ser incompatible con la adecuada exigencia del respeto a la ley, a los procedimientos legamente establecidos y a los elementales principios de confianza legítima, buena fe y buena Administración», han zanjado las concesionarias.