Las empresas de la ITV reclamarán 20 millones anuales al Consell por la bajada de tarifas

Las empresas de la ITV reclamarán 20 millones anuales al Consell por la bajada de tarifas

Economía confía en recuperar la gestión de las ITV para la Generalitat en 2023

R. E.

Las empresas concesionarias del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana vuelven a recurrir a la justicia para reclamar a la Generalitat los veinte millones de euros anuales que aseguran dejar de ingresar por la bajada tarifaria aprobada en mayo, que implica volver «al nivel de las tarifas de ITV de 2004 y 2005».

Según la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat para la ITV (Aecova), esa bajada parte de un «gravísimo error de cálculo» consistente en que «el precio medio ponderado es de 43,59 euros de ingreso promedio, cuando la realidad es de 33,79», y esa diferencia de valoración se traduce en un perjuicio anual de veinte millones de euros para quienes prestan ese servicio actualmente.

«Supone retrotraerse quince años a nivel tarifario», denuncian desde la entidad, que cifra en un 6,32% adicional la rebaja en relación a las tarifas del 2014, que ya rebajaban en más del 25% las anteriores y que fueron anuladas por la justicia valenciana a mediados de 2017, en una decisión ratificada por el Tribunal Supremo en mayo de 2018. Aecova critica que, mientras hunden sus ingresos, «el nivel de vida ha subido un 31,5%» y «ha repercutido sobre todas las partidas de gastos de las concesionarias de ITV, entre ellos el canon de servicio por inspección y los alquileres de las estaciones».

Cabe recordar que esta entidad ya apeló al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) para pedir la anulación de esas nuevas tarifas, con el argumento de que «bajar las tarifas más que las anuladas es una manera de no cumplir con la sentencia» que tumbó la bajada anterior, y aún está pendiente de que se pronuncie.

También está por resolver la reclamación de 76 millones a la Generalitat por el impacto de la anulación de la bajada anterior, aunque en principio la Abogacía de la Generalitat restringe los efectos de esa anulación a partir de que la sentencia fue firme, lo que cuestiona la pretensión de Aecova de obtener 64,5 millones por lo dejado de ingresar desde abril de 2014, cuando entró en vigor, hasta que la sentencia fue firme.

Este nuevo frente judicial se conoce tras el anuncio del conseller de Economía, Rafael Climent, de que su objetivo es tener en 2020 cerrada «la hoja de ruta» para la reversión de su actividad como servicio público después de que expire la concesión actual, a finales de 2022.

De esta manera, podría comenzar a ejecutar este plan en 2021 atendiendo a lo recogido en el pacto del Botánico II.

«Creo que si todo va bien, en 2020 tenemos que tener la hoja de ruta cerrada para que en 2021 podamos ejecutarla», señaló Climent, quien añadió que «la idea y la hoja de ruta están trazadas, lo trazó el Botánico II en la negociación que hicieron los partidos que lo componen».

El responsable autonómico se pronunció de este modo tras la reunión que mantuvo con los representantes de la Confederación Empresarial Valenciana y de los sindicatos CCOO-PV y UGT-PV para hablar de objetivos de trabajo y previsiones de esta legislatura.

«Tiene que ser un servicio público»

Al finalizar la reunión, Climent fue preguntado por el panorama de las concesiones de la ITV. Como respuesta, el conseller recordó que la concesión acaba en 2022 y explicó que «hay un acuerdo en el Botánico II que marca con toda claridad que tiene que haber una reversión del servicio y que tiene que ser un servicio público».

«Nuestro objetivo es ese, cumplir aquello que el Botánico II especificó en su documento», expuso, al tiempo que señaló que se han comenzado a «pedir los informes» para avanzar en ese camino.

En esta línea, el conseller explicó que ha pedido «a la Dirección General de Industria, Energía y Minas que comience a hacer informes jurídicos para ver cómo podemos revertir la situación de la concesión en un servicio público gestionado por nosotros o por una empresa pública».

«Todo eso es lo que tenemos que ver en estos momentos», insistió Climent, además de subrayar que el proceso se debe llevar a cabo «pensando, básicamente, en los trabajadores y trabajadoras», que no pierdan sus puestos de trabajo.

«Tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que seguir manteniendo a los trabajadores y trabajadoras y dando un servicio excelente a la ciudadanía en todo el tema de las ITV», subrayó.