El potencial de la Marina, una década de enfrentamiento político

Así ha quedado demostrado a lo largo de esta semana con la situación del Tinglado 4 y la propuesta de ampliación de Marina de Empresas (el ecosistema impulsado por el empresario Juan Roig y articulado a través de Lanzadera, Angels y EDEM), que lleva siete meses a la espera de un movimiento del Ayuntamiento. Éste se ha producido unos días después de que se levantara la voz para denunciar las trabas administrativas a una iniciativa que, paradójicamente, llevó el alcalde, Joan Ribó, a una reunión.

¿El motivo? Unas «discrepancias urbanísticas» (desde Alcaldía ­–Compromís– apuntaron enseguida a la Concejalía de Urbanismo, en manos del PSPV) a cuenta de la protección del Tinglado 4 (además del 2 y 5) ya que el grado de protección difería según el documento municipal que se consultara. El pleno consistorial aprobaba este jueves la modificación parcial de las fichas para corregir esos errores y ahora se remitirá a la Generalitat para continuar con la tramitación.

Decía la vicealcaldesa Sandra Gómez que el quid de la cuestión actual es el modelo de gestión de la Marina y no le falta razón. Porque a esta situación de bloqueo para la instalación de nuevos proyectos se llega por la falta de concreción del modelo de gestión de un espacio emblemático que la ciudad ganó al puerto y que se plasmó en la creación, en 2004, del Consorcio Valencia 2007, aquel ente gestor creado para desarrollar la Marina de Valencia con motivo de la celebración de la Copa América (y para cuyas obras se recurrió a un crédito ICO). Ese organismo actualmente está en proceso de liquidación, lo que agudiza el inmovilismo al que se ha visto abocada la Marina, que lleva una década a la espera de una solución que le permita ser competitiva.

Y es que aunque la Marina pasó de la Copa América al Gran Premio de Fórmula 1, cuando los coches dejaron de rodar en 2012 sus instalaciones cayeron en desuso y los gestores se desvivieron por ofrecerlas a inversores para que ubicarán allí sus empresas con el objetivo de sacar rentabilidad a aquellas construcciones inicialmente efímeras.

En paralelo a aquel estado de abandono, las tres administraciones implicadas en el Consorcio (Gobierno central, Generalitat y Ayuntamiento) andaban de batalla política a cuenta de la deuda acumulada, que ascendía a cerca de 400 millones del préstamo del ICO, otros 67 de otro préstamo y 25 más con el puerto, para tratar de alcanzar un acuerdo que hiciera posible la de devolución del dinero e inyectar oxígeno a la Marina. Esa solución llegó vía condonación de los 400 millones por parte del Estado en 2020 tras haberse incluido en los Presupuestos del Estado.

Hasta ahí llegó el papel del Gobierno, que optó por retirarse del Consorcio, iniciando así el proceso de liquidación que ha tenido que prorrogarse otro año más (finalizará en diciembre de este 2023 sin que pueda prolongarse) ante las discrepancias sobre la titularidad del espacio –aquí entra también es escena la Autoridad Portuaria de Valencia (APV)– y, otra vez, la falta de acuerdo entre las administraciones sobre el formato de gestión (fundación, empresa pública, etc.) de la Marina.

Lo que se traduce en un nuevo retraso de la llegada de la normalidad y sumir al espacio en un limbo de inseguridad jurídica, como se ha comprobado con las licitaciones de los Docks o la estación marítima. En el primer caso, a pesar de que el Ayuntamiento tramita la concesión, la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat aún tiene que pronunciarse sobre el nivel de protección del inmueble. En el segundo, cuatro años se han necesitado para desastacar su adjudicación, con tribunales de por medio.

El informe de la Abogacía del Estado que estos días ha salido a la luz no ayuda a calmar las aguas, pues, a grandes rasgos, viene a decir que una vez condonado el préstamo y disuelto el Consorcio los terrenos de la Marina, con sus correspondientes actividades, deben revertir a la APV. ¿El motivo? Según el informe, actualmente no se cumplen los requisitos de utilidad pública o interés social para el que fueron cedidos al Consistorio y éste, a su vez, al Consorcio. En otras palabras, el Ayuntamiento no puede explotar comercialmente esos inmuebles. Mientras, startups y emprendedores siguen a la espera de que alguien tome el mando.