Nuevo cambio en los planes del Gobierno con la jubilación anticipada

Una de las medidas estrella para la reforma de las pensiones se va a quedar en el camino de la aprobación. El Gobierno anunció hace meses, e incluso detalló en una propuesta publicada por el Ministerio de Seguridad Social, cómo iba a ser la nueva jubilación anticipada, que iba a contar con nuevos coeficientes reductores más altos y que aumentaban mensualmente y no por trimestre como los actuales. Además, dejaban de aplicarse sobre la base reguladora para restar directamente de la cuantía de pensión a ingresar por cada jubilado. Hasta un 21 % de la pensión podría perder una persona que optara por esta jubilación anticipada dos años antes de la edad legal. Estos planes del Gobierno conformaban una ofensiva total hacia un retiro anticipado de la etapa laboral que se buscaba castigar, hacer menos llamativo para los trabajadores en posibilidad real de adelantar su jubilación. Casi nada de los anunciado hasta la fecha por el Gobierno verá la luz dentro de la reforma del sistema nacional de pensiones que en este mes de junio verá la luz y será aprobado, si no hay más cambios, por las Cortes.

La semana pasada anunciaba el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que de forma inminente se iba a firmar el acuerdo final entre Gobierno y agentes sociales. Escrivá detalló que «lo programático» estaba acordado, pero que faltaba la plasmación en escrito de los diferentes acuerdos alcanzados durante los últimos meses en las diferentes reuniones celebradas. Desde aquel anuncio del ministro sólo se han conocido concesiones de última hora que el Gobierno se ha visto obligado a asumir para poder aprobar las nuevas pensiones «antes del verano», tal y como anunció José Luis Escrivá.

En un primer momento se notificó que el Gobierno había aceptado derogar el factor de sostenibilidad aprobado en 2011, así como el diseño de los tramos de cotización por el que se regirán los autónomos. Los agentes sociales dieron a conocer que también se había aceptado incluir una «cláusula de salvaguarda» para que los trabajadores afectados por ERE en este 2021 no vieran mermada su jubilación. Esta semana se inicia con una nueva concesión, aunque en este caso afecta a uno de los puntos esenciales que el Gobierno había marcado en la hoja de ruta para reformar las pensiones: las nuevas penalizaciones para la jubilación anticipada.

Los sindicatos y patronal defienden que con el nuevo modelo asumido por el Gobierno nadie tiene porque salir perjudicado, sino más bien al contrario. La inmensa mayoría mejorará. Contrasta esta situación con la anunciada por el Gobierno desde que el Pacto de Toledo trasladara los acuerdos correspondientes. Toda la estrategia del ministerio de Escrivá se basaba en aumentar las penalizaciones a todas aquellas personas que vieran beneficiosa la jubilación anticipada.

El fin último con esta variación será retrasar la edad real de jubilación, cuestión que se pretende conseguir gracias a incentivos y no tanto a penalizaciones. El nuevo esquema de coeficientes reductores no será, por tanto, tan letal como se temía en un principio después de los últimos cambios que se están estudiando a petición de los agentes sociales. Así, en primer lugar, las jubilaciones anticipadas involuntarias en ningún caso tendrán un mayor recorte e incluso la mayoría se verá beneficiada con el nuevo modelo. Esta era una de las exigencias de los sindicatos, más cuando se está viviendo una avalancha de despidos colectivos a consecuencia de la pandemia y de la digitalización.

Además, se han ampliado los colectivos que se regirán por los coeficientes reductores de la prejubilación involuntaria, ya que no solo van a entrar los despidos individuales o colectivos, sino también otras fórmulas de extinción de contratos, como los que se hagan por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por movilidad geográfica, por incumplimiento grave del empresario o por fallecimiento de este.

Asimismo, podrán acogerse todos los que estén cobrando el subsidio para mayores de 52 años, aunque sea por despido disciplinario. «Hemos discutido y negociado los colectivos que no tienen margen de maniobra, para que en ningún caso se vean perjudicados», explican estas fuentes.

Esto significa, por tanto, que el número de personas que accedan a la voluntaria se va a reducir significativamente. Además, en la mayoría de los meses se rebajan las penalizaciones actuales y esta reducción es mayor cuanto más larga sea la carrera de cotización. Así, los que se retiren antes solo con retrasar un par de meses su jubilación van a mejorar sus coeficientes respecto a ahora, lo que va a provocar que efectivamente la edad real de retiro se retrase. «Solo hay elementos de desincentivos en el mes 24 y 23, pero son muy limitados y manejables», apuntan.

Sí es verdad que los más damnificados son aquellos que cotizan por encima de la pensión máxima, por más de 2.707 euros al mes, puesto que con el nuevo modelo los coeficientes reductores se aplican sobre la pensión y no sobre la base reguladora. Este colectivo supone entre un 9% y un 15% de los que se jubilan cada año. No obstante, el Gobierno y los agentes sociales están trabajando en una batería de medidas, como un periodo de carencia o una cláusula de salvaguarda, para garantizarles que si retrasan un poco su retiro les mejorará la pensión y, si no, en ningún caso tendrán una pensión inferior a la que tendrían con las condiciones actuales. Para ello también los coeficientes reductores se elevarán a lo largo de un periodo de doce años y de forma simultánea a la subida de la pensión máxima, de forma que siempre el primer efecto, la aplicación del coeficiente, sea inferior al segundo, la subida de la pensión máxima.

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