Las licencias de VTC se disparan un 37% en tres meses por los tribunales

Una flota de automóviles de Uber en Francia. /Reuters
Una flota de automóviles de Uber en Francia. / Reuters

Ya rebasan las 10.700, lo que ha reducido la ratio legal de 1/30 sobre el taxi a solo una sexta parte, y el sector prevé superar en breve las 13.000

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

Solo tres meses y las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) han aumentado más de un tercio para superar con creces la frontera de los 10.000 según las cifras oficiales conocidas este jueves. Se confirman así las peores expectativas del taxi, su principal competidor en el mercado del transporte urbano, que ya alertó de lo que ocurriría conforme a la jurisprudencia que viene siguiendo el Tribunal Supremo para conceder esos permisos.

Entre 2013, cuando se puso fin a casi un lustro de liberalización total aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y 2015, al entrar en vigor un nuevo reglamento de transportes terrestre, las administraciones fueron denegando esos permisos pero las empresas de VTC recurrieron alegando que existía un vacío legal mientras no se instaurara una nueva normativa. Y son precisamente esos pleitos los que se vienen resolviendo desde hace más de un año, generalmente a su favor.

Por ello entre mayo y julio se ha disparado un 37% la cifra de licencias de VTC hasta alcanzar las 10.731. De hecho, solo en mayo el aumento rozó el 18%, lo cual contrasta con la subida modesta en los permisos de taxi: únicamente un 1% en esos tres meses hasta sumar 65.456.

Esto ha hecho que la ratio entre unos y otros, que tiene rango de ley desde su aprobación por el Congreso el pasado 10 de mayo, baje del 1/30 previsto hasta solo una quinta parte, esto es, una autorización de VTC_por cada seis de taxistas. Son cifras nacionales pues la proporción varia por comunidades, que tienen delegadas por el Estado las competencias para concederlas.

Las comunidades más presionadas en ese sentido son Cantabria (con una proporción de 2,3), Madrid (3,1), Andalucía (5,2) y Cataluña (5,9). Las menos, por el contrario, resultan Extremadura (29), Canarias y Castilla-La Mancha (ambas con 24).

Nueva York suspende los permisos un año

Nueva York es la primera gran capital que ha limitado las licencias de VTC -Buenos Aires, Londres, Madrid y Barcelona aún lo tienen en estudio-, en este caso la emisión de nuevos permisos por un año hasta estudiar a fondo el impacto de este servicio en el sistema de transportes urbanos. Desde 2015 la cifra de VTC se ha duplicado en la ciudad hasta los 130.000 vehículos, lo que habría reducido su salario medio.

Madrid y Barcelona concentran la oferta

Solo entre Cataluña y Madrid superarían los 11.500 permisos en los próximos 12 meses -fundamentalmente en sus capitales, en concreto 1.813 en la Ciudad Condal- según algunas previsiones; ahora la primera cuenta con 1.938 tras casi duplicarse desde mayo (93% más frente a un 2,2% más de taxis) y la segunda tiene 4.955 (un 40% más). El sector de VTC, no obstante, cuenta con pasar de las 13.000 en pocos meses, aunque en este caso sería a nivel nacional.

Andalucía es la tercera autonomía con más permisos VTC (1.710 al empezar agosto) tras crecer un 44,7% en tres meses. Por encima del centenar aparecen, entre otras, Baleares (213) y Cantabria (208). En el extremo opuesto, en el País Vasco solo hay 94 por 57 en Navarra, e incluso bajan del medio centenar varias comunidades como Castilla-La Mancha (46), Extremadura (30) o La Rioja (16).

El Ministerio de Fomento y las autonomías se han dado tres meses para analizar la problemática del sector, aunque en septiembre (sin una fecha concreta aún) el Gobierno aprobará un decreto para «habilitar a la (comunidad) que lo requiera de la regulación necesaria para que lo gestione y regule en el ámbito de su territorio», es decir, «siempre que tengan en ella el origen y destino de los servicios» VTC afectados. Cada una de esas administraciones podrá desarrollar «las reglas que considere adecuada en el marco de su movilidad», incluso ceder atribuciones a los ayuntamientos, mientras que a «las que no quieran aplicar condiciones específicas se les aplicará la normativa del Estado».

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