El juez abre juicio a Durá y Congost por el fraude de Aidico y reclama nueve millones de fianza

El juzgado de Instrucción número 6 de Paterna llevará a juicio a cuatro empresarios por la desaparición de siete millones de euros de una subvención de la Unión Europea para construir una nave para la Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (Aidico).

El titular del órgano acaba de dictar el auto de apertura de juicio de lo que se conoce como caso Aidico. En el banquillo se sentará Juan Eloy Durà, expresidente de los constructores valencianos y fundador del grupo Montalt. En su momento presidía el Consejo Rector de Aidico. Le acompañará el gerente de la entidad, Ramón Congost. La nómina de procesados la completan Javier Mohedano y José María Carrau, otros responsables de la entidad, según recoge la resolución judicial.

El juez reclama nueve millones de euros de fianza a los acusados. De hecho, recoge que si no aportan bienes para cubrir esa responsabilidad, se proceda a embargar las propiedades hasta que se garantice esa cifra. La cantidad es para asegurar el pago de las responsabilidades civiles ante una hipotética condena. Además, el instructor ordena que se decrete a Aidico como responsable civil subsidiario. Sin embargo, se da la circunstancia de que la firma se extinguió después de que entrara en concurso. Así que, al parecer, podría personarse en la causa el IVACE, el órgano de la Generalitat del que dependen los institutos tecnológicos.

Aidico firmó en 2009 un convenio con el Ministerio de Ciencia y con la Generalitat para las nuevas instalaciones. El Gobierno anticipó algo más de siete millones de euros para el proyecto. A partir de ese momento, Aidico invirtió 1,6 millones en la obra divididos en varios pagos a las constructoras encargadas de la actuación.

El resto de la subvención, sin embargo, se destina a otros menesteres. Por ejemplo, 1,7 millones van a la cancelación de préstamos que tenía la entidad. Otro millón de euros se evapora en pago a proveedores sin relación con la obra principal, según la Fiscalía. No obstante, lo más sorprendente es que también concentran sus esfuerzos económicos en la construcción de un centro en Rumanía propiedad de una filial e inyectan cerca de otro millón en la Fundación para la Infancia de Paterna, que abrió una guardería experimental. Cerró a los seis meses.

El ministerio público reclama cuatro años de prisión por estos hechos que califica como un fraude de subvenciones. Además, solicita una multa de diez millones de euros. No ha sido esta la única investigación abierta a los centros tecnológicos. Otro juzgado sigue el rastreo al Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen (Aido) por otro fraude de subvenciones de varios millones de euros. El método delictivo consistía en registrar horas de trabajo ficticias en los proyectos subvencionados para obtener así más recursos. La Comisión Europea se ha personado en este asunto. Pero no lo ha hecho en Aidico.