La fiscal pide el procesamiento de 11 responsables de Aido por el desfalco millonario

La instrucción del desfalco de fondos europeos y estatales en proyectos de investigación en Aido parece resuelta. La fiscal encargada del caso ha solicitado al juzgado de Paterna que tramita la causa que dicte el procesamiento para 11 responsables del Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen (Aido) por su participación en un millonario fraude perpetrado durante varios ejercicios. De igual modo, pretende sentar en el banquillo a 24 empresarios sin cuya colaboración la entidad, dependiente del IVACE, no hubiera seguido recibiendo fondos europeos. De hecho, la Comisión Europea se encuentra personada en la causa para la reclamación de estas cantidades irregularmente justificadas. La Abogacía de la Generalitat, que representa los intereses del IVACE, el órgano de control de todos los institutos tecnológicos, también ejerce la acusación.

La instrucción ha sido compleja tanto por el número de investigados como por la mecánica del fraude. Tal y como ha venido informando este periódico, la trama no parecía, en principio, orientada al enriquecimiento personal de los cabecillas sino que parecía más un método para que el instituto siguiera operativo. Una forma de mantener viva la entidad en un contexto de grave crisis económica. Los años en los que la fiscalía ha detectado indicios de criminalidad son desde 2011 a 2014.

El ministerio público, en el último informe incorporado recientemente a las actuaciones, explica la mecánica del fraude. Así, relata cómo para obtener ayudas superiores a a las que hubieran recibido en caso de declarar y justificar los gastos reales "incluyeron gastos de personal y de compras a proveedores que o no se habían producido en absoluto o no habían sido aplicados al desarrollo del proyecto". Por ejemplo, resulta llamativo este dato destapado durante la instrucción: el encargado de mantenimiento de Aido trabajó 597 horas en el desarrollo de un plan tecnológico. No parece muy verosímil.

Uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) explica otro de los métodos irregulares de la trama. Se detectaron numerosas falsificaciones documentales realizadas mediante el escaneo de facturas originales que habían emitido algunos proveedores de la entidad a las que se les modificaba, parcial o totalmente, el objeto o el concepto por el que se habían cursado. De tal forma que, tras esa variación, se podían incluir en los proyectos subvencionados y conseguir el reintegro de esas cantidades. El ministerio público recuerda ahora esa relación entre los responsables de la entidad y los administradores de empresas, "quienes para justificar la existencia de esos gastos proporcionaban a aquellos facturas y documentos relacionados con ellas creadas con el único fin de incrementar la cuantía del gasto subvencionable".

El informe de la fiscalía sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de falsedad para cometer un fraude de subvenciones. Como alternativa, califica los hechos de un delito de estafa. El fraude sobrepasa ampliamente los 120.000 euros por ejercicio, el mínimo para un asunto penal. Sólo en un año, la Udef señaló un agujero de 800.000 euros. La fiscal solicita ahora el auto de incoación de procedimiento abreviado, una resolución que equivale al procesamiento en otro tipo de procedimientos.

Entre los responsables de Aido destaca el que fuera su director, Emilio Pérez. En su declaración judicial negó las acusaciones y apuntó hacia los jefes de departamento. La investigación ha desvelado que algunos directivos del instituto participaban también en mercantiles que facturaban al instituto. No es este el único aspecto de la gestión de Aido que se encuentra bajo sospecha. El juzgado abrió en su día una pieza separada para investigar también los cursos de formación que se impartieron en el instituto. También en este apartado existen sospechas de irregularidades acerca de si realmente se ofrecieron esos recursos a personal del centro.