El expresidente de los constructores apunta al gerente de Aidico por el fraude de siete millones

El juicio acerca de un fraude de subvenciones de siete millones de euros en el instituto tecnológico de Aidico arrancó ayer con cuatro acusados. Los principales son Juan Eloy Durá, expresidente de los constructores y presidente de Aidico, y Ramón Congost, gerente del instituto. La fiscalía pide cuatro años de cárcel.

De las cuestiones previas de la vista surgieron dos apuntes relevantes. Por un lado, la retirada de la acusación de estafa por parte de la Abogacía del Estado. La otra, el intento de la defensa de Durá por impedir el juicio. Alegó indefensión al no saber exactamente de qué se le acusa y sostuvo que los hechos están prescritos. La primera cuestión la resolvió ayer el tribunal al rechazar sus pretensiones. Respecto a la prescripción, los magistrados lo harán en sentencia.

El problema de Aidico, al parecer, era la caja única. Todo iba a parar a una única cuenta desde donde se realizaban los pagos. Esto hizo, según los acusados que en apenas un año de los siete millones de euros que se dieron para la construcción de una sede en Novelda, el saldo quedara en poco más de 60.000 euros. Congost declaró ayer que, en todo momento, informó a su presidente y al Consejo Rector de las tensiones de tesorería y de los pagos que se efectuaron. Durà, en cambio, afirmó tajante: "No sabía que el dinero se estaba destinando a otras cosas". De igual modo, descartó que Congost le pidiera consejo sobre qué hacer o que juntos llevaran el día a día del instituto. Eso era trabajo de Congost. "Apenas nos reuníamos cinco o seis veces al año". "Él era quien proponía al Consejo todas las iniciativas". Entre ellas, el impulso de diferentes proyectos en China, Rumanía o Rusia.

Congost, en cambio, apuntó hacia el Impiva, uno de los socios de Aidico y de quien esperaban una inyección de dinero para reflotar la sociedad que nunca se produjo. "¡Nos dieron un golpe de Estado!", proclamó. Insistió en que desde un primer momento transmitió las dificultades económicas y el Consejo Rector lo conocía. "Éramos como una familia", subrayó. Todos los acusados pese a la delicada situación económica mantenían la confianza de que el proyecto finalmente se llevaría a cabo. Hasta que llegó el concurso de acreedores y todas las posibilidades se esfumaron.

Los otros acusados son Francisco Javier Mohedano, el que fuera director financiero de Aidico, que se limitó a defender su labor de contabilidad y rechazó cualquier participación en decisiones económicas o estratégicas. Les acompañaba en el banquillo José María Carrau, el que fuera vicepresidente del instituto.