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Hablar de recuperación es hablar de ayudas. El sector público tiene la responsabilidad de arrimar el hombro para que las poblaciones arrasadas por la ... dana pueda volver a la normalidad. Pero, ¿son suficientes las ayudas que se han movilizado hasta el momento? La respuesta, según el análisis realizado por Francisco Pérez y Joaquín Maudos, director y director adjunto del Ivie, es que no.
En el informe 'Alcance económico de la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia', presentado este viernes, se cuantifica la destrucción que la catástrofe causó en 89 de las localidades arrasadas, que se eleva, como mínimo, a los 17.000 millones de euros. En el apartado de ayudas, los datos publicados este jueves por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) indican que se han movilizado más de 18.000 millones, de los cuales 15.142 proceden del Estado. No obstante, estas cifras incluyen 5.000 millones de avales ICO y 1.740 millones de préstamos a devolver, según han explicado los economistas del IVIE.
Por lo tanto, hasta el momento se han movilizado unos 11.600 millones de ayudas no reembolsables «para hacer frente a 17.000 millones que habrá que reponer», que incluso podrían aumentar hasta los 20.000 millones si se incluyen cuestiones como la compensación de la caída del PIB de 2024.
Una cantidad que tanto Pérez como Maudos han considerado insuficiente al considerar que serían necesarios 6.000 millones de euros adicionales en forma de ayudas para devolver la normalidad a la provincia. «Si eso no ocurre –explica Maudos– la recuperación se puede enquistar en el tiempo», sobre todo si se tiene en cuenta la dimensión social y económica de los municipios afectados, con más de 1 millón de habitantes.
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Desde el IVIE consideran que una de las claves para la recuperación es la puesta en marcha de un plan de ayudas que sean rápidas y tengan capacidad de reponer el stock de capital perdido. «Hacen falta más ayudas y con mayor rápidez en la llegada de las mismas», asegura Pérez.
Para que las ayudas puedan canalizarse de forma adecuada, los expertos han reclamado una mayor «cooperación entre la Generalitat y el Estado», así como un «plan de acción a medio y largo plazo» para tratar de cautivar la inversión en la provincia, ya que, según ha explicado Pérez «el sector público sale al rescate pero no puede cubrirlo todo».
El informe elaborado por el IVIE no solo cuantifica la destrucción generada por la dana, sino que también sustenta con datos la evidencia de que la catástrofe dejó consecuencias graves al no poder llevarse a cabo un normal funcionamiento de las actividades productivas. Entidades como Cámara Valencia o AVA-ASAJA ya realizaron pbalances sobre la incidencia de la catástrofe en sectores concretos, que, por supuesto, necesitarán de ayudas para salir adelante.
No obstante, Francisco Pérez y Joaquín Maudos toman los datos disponibles sobre los ERTE solicitados a fecha de 8 de enero para dar una muestra de cuáles son los sectores más afectados tras la barrancada. En total, 30.584 trabajadores se encuentran en esta situación entre los municipios afectados y las pedanías de la ciudad de Valencia. El porcentaje de trabajadores acogidos a ERTE se sitúa en el 7% en las 89 localidades con mayores daños y en un 7,6% en la zona cero.
En los quince pueblos que más daños sufrieron el 29 de octubre, destacan siete sectores en los que el porcentaje de trabajadores afiliados que se encuentran en ERTE se sitúa por encima del 12%. La hostelería, con un 34,7%, y las actividades de ocio, con un 34,7%, son los dos sectores que encabezan la lista, seguidos por las actividades inmobiliarias (19,2%), la manufacturación (18,7%) y el comercio (17,7%).
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