Los socios de la CAM en el Caribe reconocen los delitos y comprometen a la antigua cúpula

El ex director general de la CAM Roberto López Abad. /EFE
El ex director general de la CAM Roberto López Abad. / EFE

Ferri y Baldó pactan con la fiscalía y el Fondo de Garantía de Depósitos para evitar la cárcel a cambio de una multa

Álvaro Mohorte
ÁLVARO MOHORTEValencia

El acuerdo que han alcanzado los empresarios Juan Ferri y José Baldó con la fiscalía y la acusación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por las operaciones con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en México, República Dominicana y España complica la defensa del resto de acusados en el caso, los directivos de la entidad que dirigía el también acusado en esta causa Roberto López Abad.

En el caso del juicio de la CAM, éste debe empezar el próximo 1 de julio en la Audiencia Nacional, y en él se les acusaba de haber obtenido préstamos para la empresa Valfensal por un valor de 200 millones de euros. Su finalidad era la compra de hoteles y parcelas, pero sirvieron para realizar fallidas operaciones especulativas.

Al haber admitido Ferri y Baldó su culpabilidad, como recogía El Confidental, afectan directamente a la estrategia de defensa del exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, cuatro exdirectivos y diversos exconsejeros señalados por incurrir en malas prácticas e incumplir la normativa interna para impulsar estas operaciones.

Fuentes jurídicas apuntan que la fiscalía suele estar dispuesta a llegar a pactos, si con ello se facilita el éxito de su actuación y, con Ferri y Baldó, su reconocimiento de los delitos y la implicación del resto de acusados es importante en ese propósito, aunque no concluyente.

Acuerdos anteriores

Así como en el caso de las dietas del expresidente de la CAM Modesto Crespo su acuerdo con la fiscalía fue seguido de la condena del resto de acusados, con López Abad a la cabeza, hay casos de lo contrario. Igualmente, quienes finalmente se sientan en el banquillo pueden resultar declarados no culpables, aunque otros acusados inicialmente junto a ellos reconocieran haber cometido delito antes de ir a juicio a cambio de penas más reducidas de las que se temían.

Hace justo un año, la entonces magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela emitía el auto de apertura de juicio oral y la Fiscalía Anticorrupción reclama 22 años de prisión para cada uno de los empresarios Juan Ferri y José Baldó; doce para uno de sus ejecutivos, Francisco Climent; cuatro para el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, y otros tantos para el exdirector de Empresas Daniel Gil.

Concretamente, los dos primeros estaban acusado hasta ahora de seis delitos fiscales (de los que su empleado sería cooperador necesario) y de uno de administración desleal, en grado de inductores, cargo del que están considerados autores los ex altos ejecutivos por parte de la fiscalía. El escrito también reclamaba que el exdirector general y el exdirector de empresas de la CAM resarzan solidariamente, junto a Ferri y Baldó, al Fondo de Garantía de Depósitos en los 28 millones que es la cantidad en la que el Banco de España ha estimado el agujero que la operación en el Caribe provocó a la caja, y que ese organismo tuvo que cubrir antes de su venta al Sabadell por un euro.

Anticorrupción sostiene que López Abad y Gil utilizaron Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la participada de la CAM con la que se asociaron con Ferri y Baldó en Valfensal, para conceder préstamos a esta mercantil «que de otra manera no hubiera podido ser al no cumplir los requisitos requeridos por la CAM para ello», y que «en circunstancias normales no se hubieran otorgado, beneficiando a los empresarios».

Por operaciones con los mismos empresarios en el Caribe se encuentran camino del juzgado el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, así como otros 55 consejeros y directivos de ambas entidades, incluidos el exconsejero delegado del banco, Domingo Parra, y el exdirector general de la caja, Aurelio Izquierdo. Estos dos últimos están acusados a su vez de un delito de apropiación indebida y blanqueo de capitales, por unas cuentas en Andorra con fondos que se relacionan con la operación Grand Coral y que habrían administrado, sin figurar como titulares.

Arrepentidos, tras aceptar la culpa y pagar 35,3 millones

Los empresarios Juan Ferri y José Baldó han llegado a un acuerdo para rebajar su pena al reconocer su responsabilidad en irregularidades con operaciones inmobiliarias que realizaron en 2005 y 2010 en México, República Dominicana y España. El auto de apertura de juicio oral cifra el agujero en 28 millones en las cuentas de la CAM con los 200 millones de euros en préstamos que obtuvieron.

La fiscalía y la acusación del Fondo de Garantía de Depósitos (que tuvo que poner 10.000 millones de euros para evitar la quiebra de la caja) aceptan de los dos empresarios 12,3 millones a cambio de reconocer un delito de administración desleal, por el que se les pedía cuatro años de presión y que queda reducido a seis meses de cárcel, según avanzó El Confidencial. En dinero se ingresará en las arcas del fondo.

Otra cosa es la negociación con la Agencia Tributaria, por la que pesa sobre los dos empresarios seis delitos contra la Hacienda Pública, que suman un fraude fiscal de 11,6 millones de euros por incumplir sus deberes con el Impuesto de Sociedades que le correspondería haber pagado a la empresa Valfensal desde 2008 y hasta 2013. Esta acusación está en proceso de negociación para evitar una pena de prisión de 18 años, y una multa de 23 millones. Con el acuerdo Ferri y Baldó evitaría entrar en prisión, pero sí deberían pagar la multa.