Los socios de la CAM en el Caribe reconocen los delitos y comprometen a la antigua cúpula

En el caso del juicio de la CAM, éste debe empezar el próximo 1 de julio en la Audiencia Nacional, y en él se les acusaba de haber obtenido préstamos para la empresa Valfensal por un valor de 200 millones de euros. Su finalidad era la compra de hoteles y parcelas, pero sirvieron para realizar fallidas operaciones especulativas.

Al haber admitido Ferri y Baldó su culpabilidad, como recogía El Confidental, afectan directamente a la estrategia de defensa del exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, cuatro exdirectivos y diversos exconsejeros señalados por incurrir en malas prácticas e incumplir la normativa interna para impulsar estas operaciones.

Fuentes jurídicas apuntan que la fiscalía suele estar dispuesta a llegar a pactos, si con ello se facilita el éxito de su actuación y, con Ferri y Baldó, su reconocimiento de los delitos y la implicación del resto de acusados es importante en ese propósito, aunque no concluyente.

Así como en el caso de las dietas del expresidente de la CAM Modesto Crespo su acuerdo con la fiscalía fue seguido de la condena del resto de acusados, con López Abad a la cabeza, hay casos de lo contrario. Igualmente, quienes finalmente se sientan en el banquillo pueden resultar declarados no culpables, aunque otros acusados inicialmente junto a ellos reconocieran haber cometido delito antes de ir a juicio a cambio de penas más reducidas de las que se temían.

Hace justo un año, la entonces magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela emitía el auto de apertura de juicio oral y la Fiscalía Anticorrupción reclama 22 años de prisión para cada uno de los empresarios Juan Ferri y José Baldó; doce para uno de sus ejecutivos, Francisco Climent; cuatro para el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, y otros tantos para el exdirector de Empresas Daniel Gil.

Concretamente, los dos primeros estaban acusado hasta ahora de seis delitos fiscales (de los que su empleado sería cooperador necesario) y de uno de administración desleal, en grado de inductores, cargo del que están considerados autores los ex altos ejecutivos por parte de la fiscalía. El escrito también reclamaba que el exdirector general y el exdirector de empresas de la CAM resarzan solidariamente, junto a Ferri y Baldó, al Fondo de Garantía de Depósitos en los 28 millones que es la cantidad en la que el Banco de España ha estimado el agujero que la operación en el Caribe provocó a la caja, y que ese organismo tuvo que cubrir antes de su venta al Sabadell por un euro.

Anticorrupción sostiene que López Abad y Gil utilizaron Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la participada de la CAM con la que se asociaron con Ferri y Baldó en Valfensal, para conceder préstamos a esta mercantil «que de otra manera no hubiera podido ser al no cumplir los requisitos requeridos por la CAM para ello», y que «en circunstancias normales no se hubieran otorgado, beneficiando a los empresarios».

Por operaciones con los mismos empresarios en el Caribe se encuentran camino del juzgado el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, así como otros 55 consejeros y directivos de ambas entidades, incluidos el exconsejero delegado del banco, Domingo Parra, y el exdirector general de la caja, Aurelio Izquierdo. Estos dos últimos están acusados a su vez de un delito de apropiación indebida y blanqueo de capitales, por unas cuentas en Andorra con fondos que se relacionan con la operación Grand Coral y que habrían administrado, sin figurar como titulares.