La CEV, condenada por el despido improcedente del secretario general de Cierval

La sentencia sigue la línea que ya emprendieron las que se referían al resto del personal de la entidad que optaron por la vía judicial y que buscan ahora que sea la CEV quien pague sus indemnización. Y es que esta es la única de las patronales que sobrevivió a la crisis de estas instituciones sin terminar en concurso de acreedores o en liquidación, y en el momento de la desaparición de Cierval y el despido de López Mora ya era heredera de todas sus funciones.

La titular del Juzgado de lo Social número 11 de Valencia, Belén Arquimbau, obliga a la readmisión o al abono de una indemnización de 32.975,15 euros. En el caso de que las empresas optaran por la reincorporación, deberían abonarle los salarios de trámite desde la fecha del despido, hasta la notificación de la sentencia, a una cuantía diaria de 183,45 euros, más 5.083 euros, en concepto de salarios adeudados, mas el 10% de intereses por mora.La sentencia condena también a los administradores concursales de CEC, Fina Puigdesens Gaja, y el administrador concursal de Coepa, la entidad Miota y Alonso Asociados,S.L. a «estar y pasar» por las consecuencias de esta resolución.

La sentencia, que será recurrida por suplicación por la CEV ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, da por hecho que la actual patronal autonómica, era miembro fundador de Cierval, tal como recogen los estatutos, y al formar parte de la Asamblea General participa en las decisiones. Además, así tras el procedimiento concursal que extinguió la personalidad jurídica de Cierval, se privó a las otras tres patronales, integradas en esta asociación, de las subvenciones o ayudas públicas. Sin embargo, la CEV hizo en 2017 dos modificaciones estatutarias: una para ampliar su actividad a la Comunitat y otra para cambiar de nombre, por lo que concluye que «esto supone que esta patronal ha asumido la actividad que antes llevaba a cabo Cierval». Añade que esta sucesión se produjo el 9 de mayo de 2017, antes del despido del ex secretario general. El juez entendió que, pese a la «singularidad» del caso, la continuidad de la actividad empresarial hace que «determine la responsabilidad solidaria de la cesionaria en las obligaciones laborales de la cedente respecto de las actoras y nacidas con anterioridad a la cesión».