Dos exdirectivos condenados y un fugado en una trama en la que siempre planeó la figura de Zaplana
La red de empresas del parque que defraudaron a Hacienda fue el primero de los grandes macroprocesos de corrupción
Uno de los interrogantes del caso Erial, la investigación de la fortuna en el extranjero del expresidente Eduardo Zaplana, fue la procedencia de los millones ... descubiertos en Andorra de los que finalmente solo se recuperaron 300.000 euros. El dinero, que se perdió en inversiones ruinosas, se llevó en efectivo por parte del amigo y testaferro Joaquín Barceló y también por diferentes métodos de compensación con otros clientes en los que participaba incluso personal de las entidades. Era un tiempo donde el país vecino ejercía su condición de paraíso fiscal.
Pero más allá de esa sospecha nunca se hallaron indicios de la participación del expresidente en la trama de corrupción que se gestó en la construcción del parque y que el propio presidente quiso desligar de la administración. Y no fue por falta de intentos. Un empresario del parque acudió con otro compañero a dos diputados del PSPV –Toni Such y Pepe Camarasa– para revelarles la existencia de una trama en el complejo de ocio que tendría al expresidente como uno de los principales beneficiados. La grabación de aquella confesión -lo hicieron los dos diputados- no sirvió finalmente para encausar al exdirigente popular. Zaplana siempre sostuvo que la trama era un asunto de empresas que trabajan para el parque y que defraudaron a Hacienda.
En cualquier caso, el juicio se convirtió en uno de los primeros megaprocesos por corrupción que se irían repitiendo a lo largo de los años posteriores. El juicio a la ex cúpula de Terra Mítica se saldó con importantes condenas. De hecho, uno de los acusados se desplomó en la sala al escuchar los años que le habían impuesto. El expresidente de Terra Mítica, Luis Esteban, fue absuelto. En cambio, Justo Valverde, exjefe de Contratación, y Antonio Rincón, exdirector técnico de las instalaciones, fueron condenados a cuatro años por la supuesta trama. La primera condenad llegó en 2016 tras una instrucción que se demoró en exceso. Al margen de estos directivos, una veintena de empresarios fueron condenados por estos hechos.
José Herrero era uno de los conocidos como factureros. Después de que el Tribunal Supremo ratificara las condenas, la suya era de 11 años de cárcel, decidió emprender una huida que todavía hoy mantiene. Se marchó a Senegal y no dudó en dejar atrás a su familia y desembarcar en un país sin tratado de extradición. Nunca ha estado en prisión por este caso. Su nombre se suma al listado de algunos de los fugados –de manera permanente o momentánea– protagonista de los casos de corrupción de la Comunitat.
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