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Desescalada en la Generalitat con el servicio de prevención bajo mínimos

Desescalada en la Generalitat con el servicio de prevención bajo mínimos

El Consell confinó a los técnicos que evalúan los riesgos de cada puesto y afronta el regreso escalonado de los funcionarios con un 32% de vacantes en el Invassat

Inés Herrero

Valencia

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Domingo, 24 de mayo 2020, 10:26

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Los servicios de prevención de riesgos laborales están entre las actividades esenciales que esquivaron el parón de la economía decretado por el Gobierno para frenar el coronavirus. Ante un nuevo riesgo biológico que obliga a replantear las relaciones personales y profesionales, se antoja más necesario que nunca evaluar las necesidades de cada puesto y adoptar las medidas de protección oportunas para evitar contagios.

La Generalitat, no obstante, optó por mandar a casa a los técnicos del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) que tienen encomendadas esas tareas en toda la administración autonómica salvo en Sanidad, que tiene su propio servicio de prevención. Y ahora afronta la desescalada con el centro bajo mínimos, con un 32% de plazas sin cubrir y años de descensos en evaluaciones de riesgos.

También confinó a quienes prestan asistencia técnica al sector privado sobre riesgos laborales, la otra gran área del órgano científico técnico que depende de la Conselleria de Economía.

«Todos los servicios de prevención han estado desaparecidos, era un momento para trabajar en el terreno, como en el resto de actividades esenciales, para evaluar los riesgos en todos los puestos y adoptar las medidas necesarias«, recalca Juan Carlos Núñez, responsable de Salud Laboral de FSC CCOO PV. A modo de ejemplo, cuestiona que desde casa, sin visitarlos, se pueda decidir qué precauciones se deben adoptar en los centros de menores durante el confinamiento.

Desde el sector privado, expertos aseguran haber echado en falta que el Invassat ejerza como referente técnico en la crisis del coronavirus para «saber qué hacer y cómo», con criterios e indicaciones claras sobre qué mascarillas o equipos de protección individual utilizar y cuáles no.

Los sindicatos subrayan el esfuerzo realizado por el personal del centro, que ronda los 150 trabajadores, de los que cerca de la mitad integran el servicio de prevención de la Generalitat en las tres provincias, según aseguran desde Economía, aunque las últimas memorias publicadas rebajan esa cifra en torno al medio centenar de efectivos. El resto son técnicos que asesoran a empresas y personal administrativo.

En cifras

  • 72 vacantes en el Invassat, un 32% de la plantilla, que es el servicio de prevención de Generalitat y también asesora al sector privado

  • 83.000 empleados públicos tienen al Invassat como servicio de prevención; solo el de Mercadona tiene más plantilla a su cargo

  • 168 evaluaciones de riesgo en centros públicos en 2018, frente a las 429 realizadas de 2014, según la última memoria aprobada, pendiente de publicación

«Como servicio de prevención, están a cargo de la empresa más grande de la Comunitat, con unos 83.000 trabajadores entre funcionarios de la Generalitat, Justicia y Educación –solo superada por Mercadona, con 90.000–, y han colaborado mucho, incluso con Sanidad», apunta Carmen García, secretaria de Salud Laboral de FeSP-UGT PV.

El problema, asegura la dirigente sindical, «es que ahora se ha visto la precariedad de recursos humanos que arrastra desde hace años«. El Invassat actualmente tiene hasta 72 de sus 220 puestos sin cubrir, según datos de Economía, en torno a la mitad en el servicio de prevención.

Para preparar la desescalada en la Generalitat, donde ya han retornado a sus puestos un tercio de los empleados de Justicia, Educación, Economía, Hacienda o Vivienda, se recurrió a todo el personal del Invassat, que publicó un protocolo general de actuación para la reincorporación a los centros de trabajo ante el Covid-19 y después, una guía técnica para el sector público, a modo de «plan de contingencia matriz para que cada conselleria lo adapte a sus necesidades», explican desde el departamento de Rafael Climent.

El Invassat elaboró una guía técnica para que cada conselleria la adaptase a sus necesidades pero los sindicatos echan en falta medidas concretas

Desde CCOO critican que «sin tener personal suficiente para llevar la prevención al día dentro de la Generalitat se pretendiese, en cinco días, hacer los planes de todas las consellerias«.

En los últimos años, las evaluaciones de riesgos han caído de las 429 realizadas en 2014 a apenas 168 en 2018, según la última memoria aprobada, pendiente de publicación. Los sindicatos aseguran que prácticamente todos los centros de trabajo de la Generalitat están evaluados y achacan el descenso de esas actuaciones al deterioro del servicio por falta de personal y la prioridad de tareas como atender a la Inspección.

«Están desbordados y ahora también tienen que evaluar a todo el personal vulnerable que no puede incorporarse», constata Mar Auñón, de CSIF, quien critica que «la inmensa mayoría de los planes de consellerias es un copia y pega de la guía genérica, sin especificar medidas concretas« para esa vuelta escalonada de los funcionarios.

«En teletrabajo se pueden marcar objetivos, no hay que precipitarse»

Los funcionarios son conscientes de los prejuicios existentes en torno a su labor, acostumbrados a que, ante crisis como la originada por el coronavirus, se cuestione que salgan indemnes de los daños sufridos en el sector privado.

Su malestar crece, no obstante, cuando las críticas proceden de quien ostenta las competencias de función pública, como la consellera Gabriela Bravo, a quien los sindicatos reprochan que aliente la percepción de que están «en casa sin hacer nada», con «prisas por que todo el mundo esté ahí, presencialmente, en vez de ir poco a poco».

La portavoz del sector autonómico de CSIF, Mar Auñón, reivindica el esfuerzo realizado por este colectivo desde casa, sin horarios e incluso con sus equipos personales, como en el sector privado. Es más, defiende que «en teletrabajo se pueden marcar objetivos por parte de los directivos para comprobar el cumplimiento en cada puesto, no hay que precipitarse con un regreso generalizado en la administración pública y arriesgarse a tirar por la borda todo lo conseguido» para frenar la pandemia.

Los sindicatos de la función pública advierten de que un error en este ámbito puede salir caro, ya que atañe tanto a los más de 120.000 trabajadores públicos de la Comunitat como a los ciudadanos a los que atienden. Es por eso que Intersindical Valenciana exigió máxima protección para esas personas, decidido a «actuar con toda contundencia, y en todos los ámbitos, contra cualquier situación susceptible de calificar como un delito contra la seguridad y salud en el trabajo, por exponerles a un riesgo sin las medidas necesarias».

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