La UE descarta infracciones de la normativa medioambiental en la ampliación norte

En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la comisión explica que tras examinar toda la información de la que dispone no ha podido identificar, en la fase actual, «ningún indicio de posible infracción de la legislación medioambiental», por lo que da por concluido el expediente iniciado en agosto de 2020 por J. S. H., aunque la petición no fue admitida hasta el pasado febrero. Hasta el momento, había conseguido la adhesión de 21 personas.

El escrito ciudadano denunciaba a la comisión que el proyecto de la ampliación norte incumple tres directivas europeas: la Hábitat 1992, la 92/43/CEE del Consejo Europeo del 21 de mayo de 1992 y la 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2014. Asimismo, la petición basaba su crítica en que la actuación planteada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) no cuenta con DIA pues considera que la existente, de 2007, está «caducada».

Sin embargo, la comisión considera que no hay infracción de la ampliación norte sobre las disposiciones de la directiva marco sobre la estrategia marina porque ésta no prevé la obligación de evaluar proyectos o actividades específicos realizados en el medio marino.

En el caso de la directiva sobre hábitats, que establece la protección de los lugares de la red Natura 2000 (la Albufera, por ejemplo), el análisis de la comisión refleja que el proyecto de la ampliación norte del puerto fue objeto de una declaración de impacto ambiental (DIA), «que incluyó un análisis adecuado de los posibles efectos sobre los lugares Natura 2000 afectados» y descartó la posibilidad de «efectos adversos significativos« para la conservación de los lugares englobados en dicha red.

No obstante, el documento de la Comisión de Peticiones también explica que la autoridad competente –en este caso la APV– aún no ha iniciado las actividades contempladas en la modificación del proyecto de la ampliación norte, por lo que es «demasiado pronto» para que pueda pronunciarse sobre el cumplimiento de las autoridades españolas de las obligaciones derivadas de las directivas Hábitat.

En este sentido, la APV ultima en estos momentos la redacción del proyecto constructivo de la terminal norte, que prevé sacar a licitación antes de verano, y que incorporará las recomendaciones medioambientales realizadas por Puertos del Estado en el informe que avala la vigencia de la DIA de 2007.

Respecto a la infracción planteada por el ciudadano a la Comisión de Peticiones sobre el trámite de información y la participación de las partes interesadas, al entender que se iban a incumplir los plazos, Bruselas entiende que no existe tal. Asimismo, estima que los procedimientos contemplados en la legislación española están a disposición del peticionario «en caso de que considere que sus solicitudes de información medioambiental han sido ignoradas, rechazadas sin fundamento o respondido de forma inadecuada».

Resuelta esta denuncia, aún queda pendiente el recurso de alzada ante el Ministerio de Transición Ecológica presentado a finales de abril por la Comissió Ciutat-Port.