El Consell otorga una prórroga a las ITV ante las dificultades para asumir el servicio

El conseller Rafa Climent ha explicado que estos 53 días «corresponden al tiempo transcurrido entre el 17 de marzo de 2020 y el 8 de mayo de 2020, periodo en el que fue acordado el cierre de las estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y en el que no fue posible prestar el servicio».

De esta forma, el departamento que encabezan dirigentes de Compromís toma así una decisión con el amparo en un informe del Secretario General Administrativo de la Subsecretaría. Hasta el momento había evitado posicionarse y desvelar si optaba por asumir directamente el servicio a partir del 2 de enero, la fecha que estaba prevista.

La versión oficial de la Conselleria de Economía es que esta propuesta de modificación «tiene como único objetivo introducir las variaciones estrictamente indispensables para compensar a los concesionarios por el periodo en el que no fue posible la prestación del servicio como consecuencia del estado de alarma».

Sin embargo, en las últimas semanas se ha evidenciado que también había dificultades para asumir el servicio. La falta de citas previas que se espera que se solucione en poco días fue el mayor ejemplo, pero es también evidente que la empresa pública tenía muchos frentes abiertos.

El primer director general lleva poco más de dos semanas en su cargo y en un mes y medio tenía que gestionar el traspaso de infinidad de contratos que incluyen la prestación de servicios tan básicos como la luz o la telefonía. Ahora se desbloquearán nuevas citas para enero y febrero, pero seguirán pendientes de solucionarse todos los otros temas.

Hasta el momento, el departamento que dirige Rafael Climent únicamente ha autorizado la prolongación de los contratos de los trabajadores temporales cuyos acuerdos terminaban al final de 2022, dado que esta modalidad era la escogida por las empresas dada la incertidumbre que rodea la gestión de las ITV tras 25 años de concesión. La plantilla está conformada por 1.200 personas, que se han movilizado y han convocado un paro para el 2 de enero.

La prórroga de la concesión deja un sentimiento agridulce en las empresas concesionarias. Por un lado consiguen algo más de plazo para explotar el servicio, pero por otro les sabe a poco ya que ellos habían propuesto extender el servicio seis meses «para lograr una transición ordenada».

Desde la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova) remarcan que la decisión de la Conselleria de Economía «demuestra que no vive en la realidad, que no ha valorado los riesgos de las prisas por asumir la gestión y que está más en clave electoral que de servicio público». De hecho, vaticinan que habrá problemas en los próximos meses porque los plazos siguen siendo muy pequeños.

Además, las empresas estudiarán en los próximos días posibles recursos judiciales y otro tipo de actuaciones ya que consideran que se han podido incumplir diferentes normativas. Un movimiento que vaticina que este servicio volverá a estar judicializado, tal y como han estado las tarifas durante años.