La venta de preferentes y deuda subordinada sientan en el banquillo a la excúpula de la CAM

La venta de preferentes y deuda subordinada sientan en el banquillo a la excúpula de la CAM

Los exdirectores generales López Abad y Amorós serán juzgados por estafa, publicidad engañosa y maquinación para alterar precios

Álvaro Mohorte
ÁLVARO MOHORTEValencia

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado la apertura de juicio oral contra los exdirectores generales de la CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós por la venta de participaciones preferentes y deuda subordinada. Después de completar la instrucción, la magistrada les acusa a ambos de un delito continuado de estafa agravada con el uso de publicidad engañosa y otro delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas.

Además, en 24 horas tras la recepción de las notificaciones, ambos tendrán que presentar una fianza de forma conjunta y solidaria de seis mil euros para asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que se les pudiera imponer como condena. Como responsables civiles subsidiarios la juez Lamela establece al banco de Sabadell, que asumió la CAM en 2012, y a la Fundación de la Comunitat Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo, la Fundación CAM. Ya como responsable directo señala a la aseguradora Caser.

La juez diferencia así las responsabilidades en la venta de estos productos de las que pudiera haber en las cuota participativas, en las que Lamela no encontró delito y ha sobreseido en dos ocasiones y ha sido obligada a reabrir su investigación tres veces por sus superiores. Para la magistrada, en el caso de estas últimas, no es la Audiencia Nacional la que tiene que asumir el caso, sino que cada afectado ha de seguir la vía individual.

Las preferentes, junto a otras operaciones de deuda subordinada que también se juzgarán, fueron las emitidas en 2009, cuando los estados financieros de la caja aún no habían sido falseados. No obstante, su diseño y comercialización sí se considera irregular. La CNMV detectó que en el 96% de operaciones no se había evaluado la conveniencia de la adquisición. Más aún, la emisión de esos productos presentaba «importantes minusvalías latentes», lo que provocó que los clientes afectados perdieran gran parte de los casi 212 millones de euros que invirtieron.

A diferencia de otras procesos, en este caso los clientes afectados fueron compensados por el banco de Sabadell, que realizó en 2012 dos ofertas de canje por acciones sobre las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas colocadas a la clientela minorista. Como consecuencia de estos canjes, los tenedores han podido recuperar la totalidad del dinero invertido más una rentabilidad adicional si han mantenido las acciones.

En todo caso, en este procedimiento, la fiscalía no ha presentado escrito de acusación contra los dos directivos, aunque sí las acusaciones de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae), que les reclama sobre los mismos delitos un total de 10 años de cárcel y 24 meses de multa, y del abogado de varios de los afectados, representados por Diego de Ramón, y que pedían ocho años y multa de 24 meses. Discrepaban las acusaciones sobre la responsabilidad civil , que el abogado De Ramón cifraba en algo más de 11 millones, y que la juez no considera convenientemente justificada, por lo que la deja en los seis mil euros que les reclama.Tanto López Abad como Amorós ya han sido condenados por actuaciones realizadas en el ejercicio de su cargo en la entidad. El primer gran proceso contra la cúpula de una entidad financiera valenciana terminó el pasado año con la exculpación del expresidente Modesto Crespo y a la mitad de los acusados, pero imponiendo a López Abad y a Amorós, sentenciados por la sección cuarta de la sala de lo Penal, a tres años de prisión por el falseamiento de las cuentas de la entidad entre 2011 y 2012. Junto a ellos se condenó al exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, al que se impuso la misma pena más un año más por falsedad en la información ofrecida a los inversores. Igualmente, al ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez le correspondieron dos años y nueve meses de prisión.

A todos ellos se les imputó la confección, desarrollo, análisis y publicación de una información que resultó «inveraz» sobre las cuentas del grupo en las que se pasó de cuantificar un beneficio de 39,7 millones de euros en el primer trimestre de 2011, a reconocer unas pérdidas de 1.163 millones, como calculó el FROB.

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