Los contratistas denunciarán a Tragsa si asume los concursos desiertos por el alza de precios
Las tres organizaciones valencianas advierten de que irán a los tribunales si la Generalitat opta por recurrir al medio propio en vez de revisar el precio de las licitaciones
No es la primera vez que los contratistas valencianos han protestado por el uso continuado que hace la Generalitat de acudir a las encomiendas de gestión a medios propios ... y, por tanto, encargar a empresas públicas las obras que deberían realizar empresas privadas. Lo hicieron, por ejemplo, con la reforma del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat o, el pasado verano, con la ampliación del Hospital Clínico.
Sin embargo, el sector ha dado un paso más para expresar su malestar y ha remitido una carta a la delegación territorial de la mercantil Tragsa –depende del Ministerio de Transición Ecológica– para advertirle de que acudirán a los tribunales «en defensa de los intereses de nuestros federados y asociados» en caso de que reciba el encargo de las obras cuyas licitaciones han quedado desiertas. Así se recoge en el documento firmado por la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, la Federación de Empresas Contratistas de Obras Públicas de la Comunitat (Fecoval) y la Federación de Empresas de Obras Públicas de la Provincia de Alicante (FOPA), que representan a la práctica totalidad del sector valenciano.
La misiva se hace eco de las dos obras de la Conselleria de Agricultura relacionadas con el trasvase Júcar-Vinalopó, con presupuestos de 7,75 millones y 13,62 millones (IVA incluido), cuyos concursos quedaron desiertos debido a que con los precios de la licitación no se podían acometer las dos actuaciones al estar desajustado a los precios reales de mercado. De hecho, las tres organizaciones, además de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), remitieron cartas a la conselleria que dirige Mireia Mollà para solicitar que se hiciera una revisión de precios debido al encarecimiento de las materias primas pero no obtuvieron respuesta.
Asimismo, se solicitaron medidas provisionales de paralización y se interpuso un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que resolvió la paralización de uno de los concursos aunque la resolución llegó pasado el día límite de licitación, por lo que no se pudo ejecutar. Además, el otro concurso siguió con su procedimiento pese a las peticiones del sector.
Por ello, los contratistas temen que la maniobra de la conselleria sea encargar estas obras, y una tercera pendiente de sacar a licitación, a Tragsa –de la que la Generalitat es accionista–. «En el caso que se produzca el encargo de las mencionadas obras a su compañía y ustedes acepten el acometerlas», las organizaciones acudirán a los tribunales. El sector recuerda, además, que la empresa pública ejecuta los trabajos a unos baremos y precios concertados más altos que con los que inicialmente han concursado las privadas.
En este sentido, el director gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, resalta que desde hace tiempo ha ido 'in crescendo' por parte de varias consellerias, «significativamente Transición Ecológica y Justicia, y para los más variados asuntos, los encargando a la empresa Tragsa, vulnerando los principios de transparencia, concurrencia y equidad en la gestión de los recursos económicos públicos y hurtando a la iniciativa y empresas privadas la posibilidad de concurrir a estas obras o servicios de ingeniería».
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
