El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego

Los 171 votos en contra del Gobierno y sus socios, junto a las 7 abstenciones de Junts, han servido para echar por tierra la petición de los populares, que durante el debate han exigido al PSOE que rectifique su decisión resepecto al cierre nuclear, ya que «las empresas, los sindicatos, los ayuntamientos, Europa y este Parlamento» se lo pide. Sin embargo, en la banca socialista, al igual que en la de sus socios de Gobierno, la idea de clausurar la central valenciana en un plazo de cinco años se mantiene.

Si bien es cierto que la enmienda presentada por el PP no estaba vinculada de forma directa con la prórroga de la vida útil de las nucleares, puesto que únicamente permitía a las empresas responsables de la getstión pedir una ampliación de los plazos al Ministerio de Transición Energética, sí reabría el debate puramente político sobre la posibilidad de extender su actividad.

La nuclear valenciana sería la segunda en detener su actividad, según el calendario de cierre pactado en 2019 entre las empresas responsables de la explotación de las centrales nucleares y Enresa. La central extremeña de Almaraz será la primera en cerrar -debe hacerlo en los dos próximos años-, siempre y cuando la solicitud presentada en octubre de este año de forma conjunta, y «sin condiciones», por parte de Iberdrola, Endesa y Naturgy para prorrogar su vida útil tres años más no prospere.

Esa es la opción a la que se aferran no solo en Almaraz, sino también en Cofrentes y Ascó (Cataluña), donde confían en que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) considere que esa prórroga es viable y pueda aplicarse tanto para la central extremeña como para las otras dos que ya tienen su cierre calendarizado.

Cabe recordar que el cierre de la central valenciana podría tener un impacto relevante en la economía de la Comunitat. Según un informe presentado por Cámara Valencia en abril, hasta 12.000 empresas y más de 180.000 empleos se podrían ver perjudicados por el cierre de la central nuclear de Cofrentes en 2030. En el aspecto puramente económico, el cierre también supondría, según explicó la entidad cameral, renunciar a 450 millones de euros de inversión en la próxima década, así como a importantes ingresos tributarios y al posicionamiento estratégico de la Comunitat Valenciana en materia energética.

Si se tiene en cuenta únicamente el aspecto energético, los datos ofrecidos por Cámara en su informe reflejan que el cierre de la planta de Cofrentes podría dejar un déficit energético de 7.916 megawatios/hora, «lo que pondría en riesgo la competitividad de las actividades industriales intensivas en electricidad, con el riesgo económico y social que eso conlleva», señalaba la entidad en el documento.

Es decir, las grandes empresas instaladas en la Comunitat -Cámara mencionaba a las dos grandes de la industria de la automoción, como son Ford y PowerCo- así como las industrias química, cerámica, metalúrgica, alimentaria y del plástico podrían verse afectadas al tener que asumir incrementos de costes energéticos.

El posible déficit que dejaría Cofrentes si su actividad se detiene en 2030 debería ser compensado con la generación de otras fuentes de energía. Las renovables y el ciclo combinado son las alternativas, pero ¿dispone la Comunitat de las infraestructuras necesarias para compensar el vacío que dejaría Cofrentes únicamente con energías renovables y gas natural en un plazo de cinco años?

Desde el sector energético aseguran que ahora mismo esa es una idea remota. «Si hoy se decidiese cerrar Cofrentes, la Comunitat perdería el 40% de su producción», advierten desde la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), aunque advierten que «si se toman las medidas adecuadas y se implantan las infraestructuras necesarias» sí que se podría llegar a compensar el cese de actividad de Cofrentes.

De modo que desde la patronal de la energía reclaman agilidad a la hora de ejecutar las alternativas al cierre de la nuclear valenciana. «Hay tiempo para hacerlo, pero si seguismo el ritmo que llevamos ahora tardaríamos varias decenas de años en cubrirlo», indican desde el sector. Asimismo, creen que la decisión del Congreso obedece a una cuestión puramente política, por lo que no se ha tenido en cuenta ningún aspecto técnico.

La opinión de las empresas energéticas valencianas no está desencaminada de la realidad, ya que el debate sobre las nucleares ha servido para iniciar una refriega política total en el Congreso.

Desde el PSOE insisten en que la petición del PP de prorrogar la vida útil de la central valenciana se está llevando a cabo «sin rubor, informes técnicos ni pensar en la gente» y poniendo en riesgo la seguridad de las personas.

«Hablan de seguridad energética, pero lo que realmente hacen es jugar con la seguridad de las personas», ha echado en cara la diputada socialista Cristina López a la bancada del PP durante el debate previo a una votación en la que la decisión de Junt y ERC ha sido determinante. Ambos partidos han votado en contra o se han abstenido en pasadas inciativas a favor del cierre nuclear (en julio de este año, Foro Nuclear rescató cifras de Red Eléctrica de España que decían que la nuclear representa el 50,3% de la electricidad consumida en Cataluña). Sin embargo, esta votación que buscaba derogar el calendario se produce dos semanas después de que la ejecutiva de Junts, con el expresidente de la Generalitat y líder del partido al frente, Carles Puigdemont, acordase por unanimidad romper con el PSOE.

Por su parte, Sumar ha recalcado que la enmienda del PP no cambiaría «el calendario de cierre» de las centrales nucleares y que el cierre o la prórroga de una central es competencia «exclusiva» del Gobierno, tal y como «recoge la ley» y «confirma la jurisdicción». Por ello, el diputado Eloi Badia Casas ha demandado también que el Ejecutivo «no se esconda» y rechace la prórroga de Almaraz.

La diputada de Vox Carina Mejías ha denunciado que el proyecto de ley ha vuelto al Congreso con «pocas mejoras». «Vuelve la misma estafa, el mismo chantaje y la misma imposición ideológica verde», ha criticado.

Desde el punto de vista del partido, lo «único» que les va a interesar va a ser la enmienda «intrusa» del PP sobre las nucleares. «Ardo en deseos de saber si esta ley será una de esas facturas que los diputados de Junts piensan cobrarle a Sánchez», ha confesado antes de conocer que finalmente esta enmienda no saldía adelante.

Mientras, la diputada de Podemos Noemí Santana ha criticado que el PP haya «aprovechado» la tramitación de la ley en el Senado para «descafeinar» un proyecto que ya venía «aguado» desde el Congreso. En concreto, ha criticado que los 'populares' hayan introducido «más de 80 enmiendas que no buscan una movilidad más justa, sino una norma más cómoda para los intereses de siempre».

«Lo peor es el intento de revivir el discurso pro-nuclear, de hacernos creer que la energía nuclear es una energía limpia o moderna. Y no, evidentemente no lo es. Es cara, es peligrosa y además es profundamente injusta. (...) Desde Podemos lo vamos a decir sin rodeos, ni un euro más para alargar la vida de las centrales», ha recalcado.

En líneas similares, el diputado de EH Bildu Mikel Otero ha criticado que el PP diga que se intente «distanciar de la ultraderecha negacionista» mientras que a la vez «reproduce sus propuestas» cuando «toca concretar». En este sentido, ha criticado que los de Alberto Núñez Feijóo quieran facilitar «de forma irregular, irresponsable y chapucera» la prolongación de la vida útil de Almaraz.

A su vez, ha denunciado que los 'populares' deseen abrir la puerta al alargamiento de las de Ascó y Cofrentes «de una forma absolutamente torticera». En líneas generales, ha pedido que los grupos no acepten esta «aberración». «No es admisible de ningún punto de vista que su fundamentalismo nos lleve a aceptar lo inaceptable», ha lamentado.