El colapso en Vivienda atasca el desarrollo de la Ley de la Función Social

Rubén Martínez Dalmau, conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. /Irene Marsilla
Rubén Martínez Dalmau, conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. / Irene Marsilla

La conselleria achaca el retraso de dos años a la falta de personal, que se ve desbordado por las gestiones para devolver las ayudas pendientes

Elísabeth Rodríguez
ELÍSABETH RODRÍGUEZValencia

La escasez de personal en algunas áreas de la Administración valenciana se extiende a la Conselleria de Vivienda, una de las carteras más importantes para el programa del Botánico, que tiene la ley de la Función Social como una de sus medidas estrella. Una norma que ya acumula dos años de retraso, teniendo en cuenta que fue publicada en febrero de 2017 y cuyo reglamento está aún en vías de desarrollo. Cabe recordar que una de las medidas más destacadas de la norma es la de multar a grandes propietarios con inmuebles vacíos y facilitar el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables.

Sin embargo, la urgencia y prioridad anunciada desde el Consell con respecto a esta norma se desvanece ante la escasa plantilla, compuesta sólo por una persona, tal y como explica el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez, a LAS PROVINCIAS. «Sólo hay una persona con conocimiento en el ámbito jurídico en la Dirección General de Vivienda y tiene que estar resolviendo expedientes y atendiendo contenciosos relacionados con las ayudas pendientes de años anteriores que se quedaron sin pagar. Ese volumen de trabajo le impide a esta persona abordar lo que tendría que ser el reglamento de la ley», lamenta Jiménez.

Precisamente, los grupos de la oposición reclamaron ayer al conseller de este ramo, Rubén Martínez Dalmau, que concretara los planes y medidas en materia de vivienda, así como «cuándo y cómo» los va a desarrollar después de «estafar» a los valencianos en la anterior legislatura. Por su parte, Dalmau aseguró que la Ley de la Función Social se desarrollará esta legislatura.

Según señala el secretario autonómico, esta escasez de personal se debe a la falta de reposición de los empleados que se han ido jubilando en los últimos años y a las limitaciones impuestas desde el Gobierno a las contrataciones.

«La falta de reposición ha impedido al equipo anterior llevarlo con la celeridad que requería y a nosotros también nos está costando organizar los recursos que tenemos para ponerlo ya en marcha», asegura Jiménez, quien detalla que la ley se compone de un conjunto de siete reglamentos para diferentes aspectos, de los cuales hay avanzados dos de ellos.

«La provisión de plazas de la Dirección General de Vivienda para asuntos jurídicos eran de tres personas, pero la Ley Montoro y los techos de gasto han hecho que el departamento se quede sólo con una que, con suerte y muchas horas extra, va sacando el trabajo que se origina en el día a día», señala el secretario autonómico.

Ante esta situación, la dirección general está ordenando los recursos de los que dispone para enfocarse en el reglamento. «Es una de nuestras prioridades y también estamos abordando las oportunas solicitudes para que doten de personal a la conselleria, porque estamos asumiendo más funciones de las que estrictamente llevaba la dirección general de vivienda», critica.

Según indica Jiménez, el departamento de Dalmau requiere más funcionarios en el ámbito jurídico debido a esas nuevas competencias y líneas de trabajo, enfocadas en «la emergencia social». Además, Jiménez destacó también su implicación «en la arquitectura bioclimática y el impacto al medio ambiente».

La norma que multará a grandes tenedores de pisos vacíos

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Comunitat multará a las entidades financieras y grandes propietarios –aquellos con más de 10 activos inmobiliarios– que se nieguen a poner en alquiler social sus viviendas vacías, así como a los que no declaren cuántos inmuebles deshabitados ostentan. Esta es una de las medidas que contempla poner en marcha el departamento de Rubén Martínez Dalmau, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a las personas con dificultades económicas y que se enmarca en la Ley de Función Social de la Vivienda de la Comunitat, publicada el 3 de febrero de 2017.