Los campos que se llevó la riada

En el abanico de ayudas a agricultores afectados por la dana se mantiene una importante controversia en aquellos casos en los que las pérdidas sufridas consisten en la desaparición parcial o total de parcelas de cultivo situadas junto a cauces de ríos y barrancos, cuyas crecidas se llevaron por delante ribazos, árboles, casetas de pozos y cabezales de riego, tuberías de goteo y hasta erosionaron en algunos casos toda la tierra vegetal.

Hay situaciones de gran cuantía, donde salta a la vista que reponer todo lo perdido a su estado original costaría muchísimo, mucho más de lo que vale un campo similar que se mantenga intacto al lado mismo. Por tanto, el sentido común hace ver que, mejor que realizar todas las obras necesarias de reposición, convendría compensar a los afectados con una cantidad de dinero que bastara para adquirir una superficie igual en las cercanías. La existencia de muchos campos que dejaron de cultivarse y de otros muchos cuyos dueños están dispuestos a venderlos, anima una solución de este tipo. Porque además se entiende que si los campos fueron arrasados por una crecida del barranco o del río contiguo, en otra situación similar de lluvias torrenciales volvería a pasar lo mismo. Por tanto, mejor será para todos dejar el espacio perdido para el cauce, como así ha devenido, reponer los campos a base de recuperar otros en lugares a salvo de riesgo y ahorrar gastos (particulares y Administración).

Sin embargo, el Gobierno (Ministerio de Transición Ecológica) tomó la decisión de incorporar las parcelas más dañadas junto a los cauces al Dominio Público Hidráulico, asignando la concesión de una ayuda o compensación a los dueños de 11.800 euros por hectárea, lo que se considera a todas luces insuficiente y ha extendido además mucha confusión entre los afectados, que no saben a estas alturas en qué posición se encuentran, si siguen siendo dueños o no de lo que tenían, si dicha compensación ya suple totalmente el cambio de titularidad, si habrá que esperar un proceso expropiatorio, si cabe o no que alguien se empeñe en volver a cultivar lo que tenía...

Desde La Unió Llauradora se plantean además otras dudas sobre las que reclama transparencia: que quede clara la situación de cada parcela a todos los niveles de consulta catastral y de la PAC, y que se mantengan los derechos de cultivos (de vid, por ejemplo), de agua de riego o de ayudas de la UE, para poder reactivarlos cuando sea necesario.

Desde La Unió se advierte que conforme pasan las semanas «venimos constatando que hay más parcelas afectadas por este problema del Dominio Público Hidráulico del que pensábamos en un principio», por lo que «hemos reclamado, tanto al Ministerio de Transición Ecológica como la Confederación Hidrográfica del Júcar, que haya claridad administrativa y jurídica, porque mucha gente todavía no sabe, después de más de nueve meses de la dana, en qué situación se encuentra su parcela».

El asunto tiene muchas aristas de confusión en estos momentos. En teoría, quien no opte por recibir la citada compensación (11.800 euros por hectárea) queda a la espera de que la empresa estatal Tragsa realice en sus campos todas las operaciones necesarias para reponer el cultivo tal como estaba antes de la riada. Así se dijo desde el principio y así lo entienden la mayoría de los afectados. Unos siguen esperando, otros ya han visto obras en sus campos, por lo que intuyen que seguirán, quizás después del verano. Pero luego está lo de la incorporación al Dominio Público Hidráulico. ¿Afectará a todos o solo a quienes opten por recibir la indemnización, aunque sea escasa? Y aquí más detalles diferenciales: Dicha cuantía puede bastar en algún caso de viña o almendros de secano, pero desde luego no en otros, mucho menos en cítricos.

Hay situaciones en las que los dueños de los campos muy dañados o casi desaparecidos preferían que les dieran unas compensaciones económicas suficientes para adquirir campos cercanos que suplieran la superficie perdida, dejando ésta para cauce, pero a la vista de la escasez de la compensación y sin que se esté aclarando nada más, han decidido esperar a que Tragsa les realice todas las obras de reposición integral, por cuantiosas que sean.

A todo esto hay que tener en cuenta que se trata, seguramente en la inmensa mayoría de los casos (siempre cabe que haya alguna situación diferente), de propiedades perfectamente escrituradas y registradas en el registro de la propiedad correspondiente. Si bien es cierto que en muchos casos han desaparecido las instalaciones agrícolas que daban sentido al cultivo que había, siempre queda el espacio en sí, donde cabe reponer lo que sea, depende de cada cual. ¿Se puede determinar desde la Administración que lo que se ha llevado el río por delante ya es del río y no del dueño legítimo? Es razonable que lo que una corriente de agua ha marcado sea respetado para el futuro, ya que puede volver a ocurrir, pero ¿se puede decidir desde instancias oficiales, sin el consentimiento del propietario y sin indemnizarle de forma justa y suficiente?

Se mantienen muchas dudas e incertidumbres, por lo que cabe esperar que desde la Administración se aporten respuestas y soluciones convincentes, porque en caso contrario se mantendrán serias discrepancias que pueden derivar en pleitos judiciales. Desde luego hay materia para que, llegado el caso, se luzcan expertos en derecho agrario, de un lado y de otro. Desde el punto de vista de posibles expropiaciones, algún especialista ya ha significado que no se puede expropiar lo que no existe. Es decir, que si aquí había un campo y ya no está, no se puede expropiar un campo, solo lo que queda, el suelo completamente desnudo, confundido con el lecho del barranco o del río.

Mientras tanto, Carles Peris, secretario de La Unió, insiste en que «el Gobierno tiene que garantizar en qué situación se encuentra cada parcela, incorporar la actualización de las nuevas delimitaciones y dar una indemnización justa y equitativa cuando pasa a ser del Dominio Público Hidráulico».