El Frob, abocado a pleitear para cobrar futuras indemnizaciones en los casos del Banco de Valencia

Se trata de 418 millones de euros en multas impuestas por la Audiencia Nacional al ex consejero delegado del banco Domingo Parra, al exdirector de las empresas participadas Alfonso Monferrer y a los empresarios Salvador Vila y Juan Soler.

Aunque el documento de compraventa de 2012 incluía la cesión de derechos de cobro ante las condenas por responsabilidad civil y el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, ratificó su voluntad de que este capital pase «directamente al bolsillo del Frob y de todos los españoles», lo cierto es que ese paso requiere un sobre esfuerzo que se busca evitar en futuras indemnizaciones por procesos del Banco de Valencia y en el resto de pleitos.

Pese a que se prevé que no sea mucho lo que se pueda recuperar (al depender de la capacidad económica de los condenados para cubrir las sanciones multimillonarias), algo se podrá reducir la factura de los 59.000 millones que, en números redondos, inyectó el Frob a las entidades financieras intervenidas.

Fuentes jurídicas destacan que la sentencia reconoce el «derecho de repetición» del organismo, pero también advierten que eso obliga a que primero cobre Caixabank y, por medio de un burofax o un requerimiento, se solicite traspasar el dinero.

El problema es que esto demora la obtención del capital o no excluye riesgos fiscales que adelgacen lo que se consiga obtener de los condenados. En ese sentido, el Frob queda abocado a emprender acciones legales, que podrían pasar por el recurso de la condena ante el Tribunal Supremo, para que se disponga una resolución judicial que deje negro sobre blanco que es el Forb quien debe ser el beneficiario de las condenas que se vayan produciendo en éste y en el resto de casos.

De hecho, fuentes legales toman la propia sentencia como percha para indicar que, las mismas razones que permitieron a la entidad figurar como acusación, pueden servir como base del razonamientos por el que ser ella la indemnizada y no la entidad que finalmente adquirió el banco perjudicado por aquellas operaciones.

Sólo en el caso valenciano, marcar una línea de actuación ante los tribunales que permitía allanar el camino en futuras indemnizaciones de casos como los de la CAM, actualmente integrada en el banco de Sabadell, o los que están pendientes en el Banco de Valencia.

Por el momento, Parra ya había sido condenado a indemnizar a Caixabank con 509.525 euros, a los que se añadirán los intereses correspondientes por el trato de favor que le dio a una empresa con la que tenía relación, la firma Pegoliva.

Sin embargo, aún están por venir diversos casos de operaciones inmobiliarias multimillonarias como las inversiones en México del proyecto Grand Coral, junto a los empresarios Juan Ferri y José Baldó y también con el ex director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo; el de Costa Bellver, también con Izquierdo, entre otros acusados; además del caso de las piscifactorías del fallecido Antonio Asunción y Társilo Piles.

Sin embargo, la madre del cordero será la del presunto falseo de las cuentas de la entidad en 2009 y 2010 con el que se habrían ocultado las pérdidas que terminaron por aflorar y llevar a la intervención de la entidad en 2011. «Nosotros no tenemos un interés económico. Adquirimos el Banco de Valencia en un proceso competitivo, digamos de rescate, con la supervisión de la Comisión de Unión Europea, y llegamos a un acuerdo por el cual todas las actuaciones sobre las responsabilidades anteriores iban a ser instigadas por el Frob», sentenció el consejero delegado de Caixabank en la presentación de resultados del primer trimestre de 2019, celebra hace una semana.