Las autoinculpaciones de Parra por Banco de Valencia alarman a sus compañeros de banquillo

La confesión, sumada a desembolsos de 330.000 y 100.000 euros en las cuentas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Forb) por cada uno de los casos, le ha permitido a Parra reducir la condena que se le exigía. Sin embargo, el directivo aún tiene por delante un rosario de pleitos que reúne tanto acusaciones de falseo de las cuentas de la entidad, como supuestas irregularidades en diversas operaciones inmobiliarias y crediticias. La asunción de la culpa pone a los pies de los caballos a los empresarios y directivos que comparten pleito como colaboradores necesarios u otras figuras por las que son señalados como culpables.

Entre las operaciones más destacadas que tiene por delante están las inversiones en México para el proyecto Grand Coral, junto a los empresarios Juan Ferri y José Baldó y también el ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo, el ex presidente José Luis Olivas y otros 43 procesados. Los exdirectivos se enfrentan a la acusación de ser responsables de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal por la gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.

Continúa el caso de las piscifactorías Acuigroup Mare Mar del fallecido Antonio Asunción y Társilo Piles. Mientras que está también pendiente el caso Costa Bellver, donde se le implica la concesión irregular de créditos para una operación junto al ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo y los hermanos Calabuig. Sin embargo, el más sensible es el caso que le acusa del falseo de las cuentas del banco en los ejercicio 2009 y 2010.

Los fiscales solicitan el procesamiento de casi todos los miembros del consejo de administración. Entre ellos Olivas, así como los consejeros Celestino Aznar, Antonio José Tirado, José Luis de Quesada, María Dolores Boluda, Federico Michavila, Silvestre Segarra, José Segura, Agnés Noguera, Manuel Olmos, María Irene Girona y Pedro Muñoz y el socio de la auditora Deloitte Miguel Monferrer.

Hasta ahora en el caso de la promotora Pegoliva que se enjuició ante la Audiencia Nacional, el abogado de los miembros de la familia Pons Sivera, dueños de la compañía y, en su momento, amigos de Parra y su mujer, estalló en la sala al conocerse el pacto con la Fiscalía Anticorrupción que arrasaba con la estrategia de defensa y afeó un acuerdo que calificó de "encubierto" por el que sus clientes iban a ser condenados. Finalmente, la sentencia rebajó de tres años y medio a un año y siete meses la condena por administración desleal al ex consejero delegado, pero entendió la participación a título lucrativo de la familia Pons Sivera, obligándole al pago de 200.000 euros.

Pendiente de sentencia está el caso de la financiación del préstamos de Bautista Soler y su familia para ganar la guerra en Metrovacesa, durante cuyo juicio Parra reconoció haber cometido administración desleal, exponiendo a la familia del promotor a las condenas que pide Anticorrupción y que demandan para Soler cuatro años de cárcel como cooperador necesario; mientras que a su hija María Victoria y a su marido Vicente Pons les enfrenta a otros cuatro y a Rafael Ruiz Jarabo, tres.

Distinto fue el caso de Juan Soler y Salvador Vila, considerados cómplices en un delito continuado de administración desleal, según la sentencia de la Audiencia Nacional que les impuso 130 millones y 119 millones respectivamente, además de cuatro meses de cárcel. Parra no llegó a ningún acuerdo y fue condenado por un delito continuado de administración desleal junto al antiguo director de negocio inmobiliario de la entidad, Alfonso Monferrer. Para ambos cayó una condena de 169 millones de euros, aunque el primero sumó a esto cuatro años de prisión y el segundo, seis meses.