Acebes denuncia que su imputación en Bankia fue un «bastardo» ataque político

El letrado ha reiterado, como ya hiciera en anteriores ocasiones, que el exministro no tuvo ninguna relación con el sistema institucional de protección (SIP) -en el que participaron Bancaja y otras cajas- o con BFA, matriz de Bankia, y ha asegurado que para incluirle en la causa UPyD llegó a presentar un documento falso sobre el registro de la salida a Bolsa, de manera que pareciera que su defendido sí estaba al tanto.

El abogado del exministro del Interior, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide hasta un año y seis meses de prisión por su papel en la auditoría interna, ha explicado que la petición del ministerio público quiebra los principios de objetividad, imparcialidad y el de defensa de la legalidad al que está obligado.

En las cuestiones previas, ha recordado, quedó patente que la acusación no es el producto de la valoración de la prueba, sino que la decisión ya estaba tomada.

La Fiscalía llega a este juicio con un escrito de calificaciones provisionales en el que pedía el sobreseimiento para Acebes y otros treinta, criterio que posteriormente modificó.

Y «lejos de establecer su criterio ha desplegado una estrategia en la que, sin ningún respeto al deber de objetividad e imparcialidad, ha querido traer pruebas de otros procedimientos y dirigir los interrogatorios de manera recalcitrantemente reiterativa«, ha dicho.

Y es que Acebes, ha puntualizado el abogado, llegó a BFA-Bankia el 27 de julio de 2011, seis días después de la salida a Bolsa, como presidente del comité de auditoría de la matriz de Bankia.

Se repite un error, ha señalado el abogado, y es decir que los comités de auditoría son responsables de las cuentas, y eso no es así; de hecho, Acebes nunca tuvo conocimiento de ningún «supuesto deterioro».

Y por supuesto «es falso» que se coordinara con nadie para que la información no llegara al socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, «que es bueno por la mañana y malo por la tarde, malo para la salida a Bolsa y luego lo convertimos en un honrado auditor y recto padre de familia».

En otro orden de cosas, la Audiencia Nacional ha acordado prorrogar, en caso de ser necesario, el juicio por la salida a Bolsa de Bankia una semana más, hasta el próximo 3 de octubre, a fin de que la veintena de defensas restantes pueda concluir sus informes finales.

En la providencia, la sección cuarta de la sala de lo Penal que preside la juez Ángela Murillo habilita otras tres jornadas -30 de septiembre y 2 y 3 de octubre- para celebrar este trámite, previo a la última palabra a la que tendrán derecho los 34 acusados y del posterior visto para sentencia.

Aunque inicialmente el juicio debía haber concluido el pasado miércoles, la complejidad de las cuestiones suscitadas a lo largo de los últimos diez meses y el carácter prolijo de argumentaciones como la de la fiscal Carmen Launa, cuya intervención duró cerca de 22 horas, el tribunal optó por conceder una primera prórroga que expira esta misma semana.

El cambio de criterio de la Fiscalía, que en su escrito de conclusiones provisionales sólo cargaba contra los cuatro antiguos administradores del banco por supuesta estafa a inversores, ha sido precisamente una de las causas que ha llevado a las defensas a extenderse en el uso de la palabra.

Anticorrupción pide ocho años y medio de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por presunta estafa y falsedad contable, pena sensiblemente superior a la que solicita para su exvicepresidente José Luis Olivas y el ex consejero ejecutivo de la entidad José Manuel Fernández Norniella, que se enfrentan a cinco y seis años de cárcel, respectivamente.

También reclama dos años y medio de prisión para el ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, en tanto que baja a entre seis y nueve meses de cárcel el posible castigo para el ex número dos de Rato Francisco Verdú.

Al margen de los gestores, la representante del Ministerio Público amplió el pasado julio su acusación, que ahora se dirige contra los exconsejeros con presencia en los comités de auditoría del grupo BFA-Bankia, entre ellos el exministro Ángel Acebes, así como el interventor Sergio Durá y el socio auditor de Deloitte Francisco Celma.