Los autónomos valencianos proponen un plan de orientación empresarial frente al caos burocrático y normativo

Entre esas «trabas» a las que se refiere Ara, los profesionales valencianos cada vez le dan un mayor peso a la carga fiscal; a la falta de seguridad jurídica, provocada por la excesiva burocracia a la que deben enfrentarse año tras año; a la falta de relevo generacional, que afecta especialmente al comercio; y al precio de los alquileres que convierte en imposible abrir un negocio en determinadas zonas de la región.

Ante esta última cuestión, existen pocas soluciones posibles, puesto que la situación que afecta al mercado de la vivienda en general «afecta de forma colateral al sector autónomo».

Sin embargo, para el resto problemas que ponen el riesgo el avance de la afiliación se buscan soluciones desde el sector. Una de las más llamativas es la que proponen desde ATA para acabar con la volatilidad de los nuevos negocios, que surgen y desaparecen en cuestión de meses. El presidente de la patronal propone crear un plan de orientación empresarial para que aquellos que se decidan a emprender puedan encontrar el camino y las facilidades para hacerlo.

En esa línea, Alberto Ara critica la «incontiencia legislativa» de la administración que «todos los años saca nuevas normas» que terminan por ahogar a los trabajadores. Al mismo tiempo, el representante de los autónomos valencianos considera que esa carga normativa perjudica sobre todo al trabajador por cuenta propia de mayor edad, que, además debe enfrentarse a ella de forma telemática. Algo para lo que, según él, sería necesaria cierta ayuda o formación previa.

La propuesta que ATA plantea también incluye medidas para hacer frente a la falta de relevo generacional, como los planes de formación «in situ» para que los propietarios de negocios que «en muchas ocasiones siguen siendo rentables» puedan dejarlo en manos de un profesional cualificado cuando llegue su momento de retiro laboral. «Hay que tener relevo y no necesariamente tiene que ser familiar», indica Ara, quien complementa la idea de la formación presencial en los propios negocios con la elaboración de un estudio de mercado y un posterior plan de negocio para garantizar la rentabilidad de un negocio. Para ello, desde la asociación de trabajadores autónomos consideran que debe ser esencial la colaboración público-privada.

En esa línea, Ara destaca que el Plan Simplifica del Consell, creado precisamente para agilizar todos esos trámites burocráticos que asfixian al pequeño y mediano empresario, «no funciona mal, pero tampoco todo lo bien que nos gustaría», por lo que reclama una mayor agilidad en los procedimientos administrativos. Una queja que traslada del mismo modo al Ejecutivo nacional. «No tenemos una administración al servicio del ciudadano, sino que es el ciudadano el que tiene que ponerse al servicio de la administración», protesta.

La prestación por cese de actividad sigue sin llegar a los autónomos afectados por la dana, aunque eso ya no es noticia. Han pasado más de diez meses sin que el Ejecutivo cumpla la promesa que en su día hizo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Emma Saiz, quien aseguró que la prórroga a la ayuda, cuyo plazo concluía el 31 de enero, iba a prorrogarse. Desde entonces, mucho ruido y pocas nueces.

El último capítulo de la trama ha tenido lugar esta semana, cuando la comisionada para la reconstrucción tras la DANA, Zulima Pérez, mantuvo un encuentro con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en la que la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, le volvió a recordar la urgencia de extender la medida para el colectivo de profesionales por cuenta propia.

«Preocupa la falta de prórroga de la prestación por cese de actividad», alertó Blasco durante la reunión.

Ante tal advertencia, Zulima Pérez se comprometió a llevar a cabo una revisión de la situación de la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos de la zona cero.

La promesa de la comisionada se suma a la de otros compañeros del Ejecutivo español, que en los últimos siete meses también han tenido la intención de buscar soluciones para el sector, que todavía no se han hecho efectivas. ««Sabemos que queda mucho por hacer, pero el compromiso del Gobierno con las víctimas y con la reconstrucción es firme desde el primer momento», comentó Zulima Pérez.