Isidoro Miranda (LafargeHolcim): «La Administración solo nos ha planteado que cerremos Sagunto y luego ya hablaremos»

El CEO de LafargeHolcim España, Isidoro Miranda, en la cementera de Puerto de Sagunto. /IRENE MARSILLA
El CEO de LafargeHolcim España, Isidoro Miranda, en la cementera de Puerto de Sagunto. / IRENE MARSILLA

La compañía mantiene un pulso con el Consell y el Ayuntamiento para que permanezca abierta la mina que le provee para hacer cemento y sin la cual su futuro está condenado

Álvaro Mohorte
ÁLVARO MOHORTEValencia

Sabe que su negocio no gusta a las administraciones, aunque la cementera de LafargeHolcim en Puerto de Sagunto mantiene a más de 700 familias. A pesar de que se haya resentido por la situación económica española, los tipos de cemento que produce la instalación valenciana surte a España y al desarrollo del Grand París francés o a la construcción de los pozos de gas y petróleo en Argelia. Sin embargo, sus principales problemas no están en la demanda, sino en la competencia Turca y el empeño del Ayuntamiento de Sagunto y la Generalitat por impedir la explotación de la mina que le provee a causa de la declaración como Parque Natural Municipal (PNM) del saguntino paraje Romeu. De no prosperar el recurso que LafargeHolcim tiene presentado, la infraestructura está condenada al cierre a medio plazo.

–En el caso de Sagunto, ¿qué plantea ante el bloqueo de la explotación de la mina que les abastece?

–No nos cabe duda de que la Generalitat apoya a la industria, igual que sabe que hace falta inversión en infraestructuras y vivienda. Otra cosa es la cuestión específica de las reservas de caliza en la zona de Salt del llop y el paraje Romeu. Tenemos una serie de derechos mineros otorgados por la propia Generalitat y llegamos a firmar un acuerdo en 2013 con el pleno de Ayuntamiento de Sagunto, por el que pasamos a pagar más de canon al consistorio y a hacer una reserva en el Pinyal. Sin embargo, los últimos cuatro años han sido de menos diálogo. Siempre hemos estado dispuestos a hablar, pero la Administración solo nos ha planteado que cerremos y luego ya hablaremos. Pero yo no puedo hacer eso. Se puede ver un plan a 20 años... pero, no. España es un Estado de Derecho y hay una Ley de Minas. Negociemos. Por ejemplo, ¿la administración tiene fondos para recuperar el terreno afectado? Nosotros lo hemos asumido en otros sitios.

–¿Hay un plan B sin la mina?

–La alternativa será mucho más dura. Por ejemplo, tenemos en proyecto hacer una fábrica sostenible con reducción de emisiones de CO2, pero no vamos a invertir sin que sepamos que podemos tener un retorno. Eso es entrar en un círculo vicioso muy desagradable para todos: si no se invierte en renovar la fábrica, esta se vuelve peor, menos competitiva, los encargos van a otras, se invierte todavía menos... y cuando se decide el cierre aún hay quien sale preguntando el porqué. Pues porque la decisión de cerrar se generó diez años antes.

«No vamos a invertir en la fábrica de Sagunto sin que sepamos que podemos tener un retorno»

–¿Es habitual esta actitud por parte de las administraciones hacia la industria cementera?

–La respuesta es sí. Construir hoy una fábrica como la de Sagunto sería imposible. Los permisos que tienes que solicitar, la oposición de los ayuntamientos a que se abran instalaciones así en su término... El político tiene que vencer estas cosas con sentido de Estado, pero se ha ido perdiendo porque las redes sociales han hecho que la voluntad política se haya vuelto más frágil, pero no se hace tortilla sin romper huevos. Tenemos una problemática prácticamente en todas nuestras plantas, pero hay diálogo con la autoridad. Nosotros somos conscientes del impacto medioambiental y que tenemos que minorizarlo. Para el tema del paraje de las Margas queremos presentar una solución, escuchar de la Generalitat sugerencias y así sacar adelante una propuesta que sea beneficiosa para el futuro de la sociedad saguntina.

–¿Cómo se presenta el futuro de la empresa en España ante la poca obra pública y el débil repunte de la construcción?

–Afrontamos el futuro con inquietud por las incertidumbres del mercado doméstico. Vivimos una fase de recuperación económica muy desigual. El mercado residencial está volviendo en algunas zonas, pero la inversión en obra pública está ahora en la mitad de lo que debería y estamos consumiendo 'capital de infraestructura'. La España de 2019 es peor que la de 2018 y años pasados porque no se reinvierte lo suficiente para regenerar el deterioro que se va produciendo y los servicios empeoran. Incluso medioambientalmente, porque un nuevo puente que acorte un trayecto ahorra emisiones, como ha pasado con de la Constitución de Cádiz. Sin embargo, el Gobierno, que tiene la herramienta de la inversión pública para reordenar la situación, no la está usando. Entiendo que no es fácil, pero la misión del Gobierno es gobernar. Nosotros nos estamos teniendo que inventar saliendo fuera, dando un servicio especial... Surtimos desde Sagunto la construcción del Grand París o los pozos de Argelia.

«Las redes sociales han hecho la voluntad política más frágil, pero no hay tortilla sin romper huevos»

–¿Son descartables nuevos ajustes en el sector, como los que han tenido que hacer su competidora Cemex en España?

–Cada competidor ha afrontado su capacidad de instalación de la forma más oportuna. Hemos cerrado dos instalaciones en Cataluña, una en las afueras de Madrid, otra en Valladolid y hemos pasado de 100 plantas de hormigón a unas 20. Esa ha sido nuestra dosis de adelgazamiento. No puedo opinar sobre los movimientos de Cemex (que ha vendido la cementera de Buñol y ha cerrado otras). La planta de Sagunto tiene el 50% de personal de lo que llegó a tener. Esto nos ha permitió, junto a la búsqueda de nuevos mercados, ser competitivos. Cada uno hace lo que considera mejor.