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«Se ha contratado a través de una empresa a dos personas que habían mantenido relación laboral previa con la entidad para ejercer funciones iguales ... o similares»: «se ha realizado la contratación de personal a través de un contrato menor de servicios, algo que está prohibido»; «se ha detectado la existencia de una posible incompatibilidad derivada del ejercicio simultáneo de dos puestos de trabajo», «se ha comprobado que existen pagos de dietas indebidas a personas que ejercen de vocales de un órgano técnico de selección que no había constancia que fuera constituido».... Todos estos entrecomillados proceden de la Inspección General de Servicios que vuelve a sacar los colores al Institut Valencià de Cultura. En el informe, con fecha del 16 de abril de 2025, se detalla una serie de irregularidades en los procedimientos de selección, gestión y contratación de personal del ente que dirige Álvaro López-Jamar.
La retahíla de contratos laborales bajo la lupa continúa: «el procedimiento seguido para la cobertura de dos puestos de trabajo incurren en causa de nulidad»; «en relación con el procedimiento seguido para el nombramiento realizado en comisión de servicios se ha analizado el posible incumplimiento del requisito de titulación exigido»; y «no se preservó el anonimato de las personas aspirantes» a la convocatorias de trabajo, detalla el informe de Inspección..
Son varios los contratos que Inspección pone bajo la lupa e incluso el informe también apunta que «el actual diseño de la página web de la entidad dificulta el acceso a la información de los procesos selectivos abiertos» y que las pestañas de la web «inducen a confusión».
El informe del 16 de abril de 2025 también cuestiona el nombramiento de una persona en comisión de servicios sin reunir uno de los requisitos establecidos para eso y detecta irregularidades de control horario.
El Institut Valencià de Cultura (IVC) es una entidad altamente inflamable. Es una institución poco operativa pese al presupuesto que maneja (más 47 millones, un 11,69% menos que en 2024), con una plantilla diezmada (sobre todo en el terreno del audiovisual), con una organización fuertemente burocratizada y con una fuerte dependencia de la Conselleria de Cultura. El IVC es un instituto fallido. Con demasiadas grietas que lo convierten en un polvorín. Con demasiadas fisuras que lo encaminan a ser señalado por Intervención de la Generalitat, que acostumbra a sacarle los colores por una gestión económica salpicada de irregularidades.
Lo más grave del último informe de Inspección General de Servicios no son las irregularidades detectadas, que lo son, sino que el IVC es reincidente.
En agosto del pasado año, Intervención de la Generalitat volvió a sonrojar la gestión económica y administrativa del IVC al detectar «gastos sin tramitar el oportuno expediente administrativo por importe de 2.132.705 euros (2.789.745 euros en el ejercicio 2022)». De esta cantidad, 1,6 millones resultó abonado a compañías y profesionales artísticos del Circuito Cultural e Intervención resalta que estos pagos «no están respaldados por un convenio administrativo o un acuerdo de concesión de subvención». En aquel entonces, el interventor recomendó «analizar/consultar la idoneidad del proceso que se utiliza para asignar gasto a la actividad del Circuit Cultural».
En la anomalía de gastos detectados en el informe de agosto de 2024 figuraban «19.240 euros que se corresponden con facturas con entregas a justificar» y «facturas que han sido aprobadas en un plazo superior de 30 días».
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