Lo deseable y lo posible para el Consell Valencià de Cultura

La negociación entre partidos políticos para acordar la renovación de los miembros de las instituciones estatutarias «no es posible». Así lo afirmó el conseller de Cultura, José Antonio Rovira, el pasado martes en el seno del CVC y así lo han demostrado los grupos parlamentarios en Les Corts durante los últimos meses. Lo deseable sería actualizar la composición de la institución porque diez consejeros tienen el mandato caducado, entre ellos, José María Lozano, es decir, el elegido por el presidente de la Generalitat para dirigir el órgano estatutario. El resto de miembros en estas condiciones son Irene Ballester, Pepa Frau, Jesús Huguet, Gerardo Muñoz, José Vicente Navarro, Dolors Pedrós, Maribel Peris, Inmaculada Vidal y Núria Vizcarro. Además, tres vacantes (Santiago Grisolía, Joaquín Santos y Marta Alonso) están por cubrir mientras otros miembros (como Ana Noguera o Vicente González Móstoles) figuran en el ente desde 2011. Como consecuencia, algunos integrantes responden a propuestas realizadas por partidos que ahora carecen de representación en el parlamento valenciano.

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Esta situación no perfila las condiciones óptimas para el mejor funcionamiento del CVC porque siembra un ambiente con rencillas entre consejeros, desconfianzas entre iguales y acusaciones cruzadas de deslegitimidad. Así se plasmó en la toma de posesión de José María Lozano como presidente de la institución. Se dinamitó un pleno institucional: la atmósfera de crispación contagió la toma de posesión solemne. No hubo excepción. Lo habitual -que tampoco es lo deseable- en las sesiones plenarias ordinarias es un ambiente enrarecido, con broncas y tensión.

El CVC no escapa a la polarización, algo que no se resuelve con un intercambio de responsabilidades dentro del seno estatutario. Carlos Mazón recurrió al artículo 18 de la ley del Consell Valencià de Cultura de 1985 («El presidente de la Generalidad nombrará y cesará por decreto, al presidente del Consell Valencià de Cultura, de entre sus miembros, y previa audiencia de los mismos») para despojar del mando a Dolors Pedrós, consejera nombrada a propuesta de Compromís. Era la medida posible. Este movimiento es una salida, pero no es la solución a la crisis reputacional del órgano estatutario, un descrédito que arrastra desde hace años. Lo deseable para restituir el buen nombre del CVC son iniciativas de más calado y envergadura que sólo pueden adoptarse bajo consenso.

El pleno de la toma de posesión de Lozano no vislumbra a priori ningún cambio de rumbo en la entidad. El perfil beligerante del actual presidente, que ha protagonizado numerosos plenos broncos con Grisolía y Pedrós, se encontró con la oposición mayoritaria de sus compañeros. La audiencia previa a su nombramiento, como manda el artículo 18 de la citada ley, se hizo vía mail y fue suficiente para mostrar el rechazo a su designación. Así se evidenció el pasado martes donde incluso trascendieron algunas conversaciones vertidas en comisiones celebradas a puerta cerrada. Gerardo Muñoz aireó que Lozano «cuestionó la salud mental de Grisolía a quien quería vencer legalmente» y el actual presidente le acusó de hacer público conversaciones que rozaban la confidencialidad. ¿Se ha instaurado el todo vale en el CVC? Sería lo posible, pero no lo deseable.