Las víctimas de la dana sólo se reunirán con Pérez Llorca si echa a Mazón de Les Corts
Dos de las asociaciones se preguntan si las autoridades valencianas «dejaron morir» a sus familiares tras los mensajes de whatsapp de Pradas que evidencian que el núcleo duro del expresident sabía que había fallecidos en Utiel antes de la comida en El Ventorro
Dos de las asociaciones de víctimas de la tragedia del 29 de octubre, la de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre y la de ... Víctimas Mortales 29-O, han supeditado una posible reunión con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a que el jefe del Consell le exija su acta de diputado a su predecesor en el cargo, Carlos Mazón. El enfado en las entidades es mayúsculo después de que este viernes se conocieran los mensajes de whatsapp entre Mazón y la entonces consellera del Interior, incluido uno en el que el expresident le contesta «cojonudo» a las explicaciones de Pradas sobre lo que más les preocupa es el barranco del Poyo, y del jefe de gabinete de Mazón con Salomé Pradas. José Manuel Cuenca supo, dos horas antes de que el expresidnet terminara la comida con Maribel Vilaplana, que había fallecido en Utiel.
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«Las familias de las víctimas y las personas damnificadas estamos absolutamente indignadas. Los mensajes y las conversaciones publicados estos días —que ahora forman parte de la instrucción— confirman aquello que durante un año se nos negó: sí tenían la información y conocían la alerta hidrológica; sí ocultaron o negaron la información de riesgo; sí Mazón fue informado y no actuó con la urgencia que exigía la situación; y sí, nos han mentido durante meses», indica el comunicado, que añade que no son sospechas, sino «pruebas documentales que nos golpean, que golpean la conciencia pública y que exigen respuestas inmediatas».
En concreto, l'Associació Víctimes de la DANA 29 d'octubre 2024 y Associació de Víctimes Mortals 29-O defienden que los mensajes demuestran que el Consell tenía información de la alerta hidrológica: «Las conversaciones muestran avisos simultáneos sobre el incremento de caudal en el barranco del Poio y el río Magre, así como la declaración de alerta hidrológica. Esto desmiente la versión del Consell sobre la supuesta ausencia de información previa».
Para las entidades, las autoridades valencianas «negaron o retrasaron la difusión del riesgo». «Mensajes del jefe de gabinete de Mazón e instrucciones de 'calma' o 'no confinar' frenaron el envío de avisos masivos que podrían haber alertado a la población con tiempo. Esta actitud no es menor: es potencialmente letal», insisten. Las asociaciones defienden que los mensajes demuestran que Mazón «estaba informado y no modificó su agenda». «Los mensajes confirman que estaba al tanto de la gravedad antes de entrar en el Ventorro. Dos horas antes de entrar en El Ventorro —con la última comunicación registrada alrededor de las 13 horas— Mazón ya había sido avisado de la gravedad extrema de la situación, de los rescates en marcha, de la alerta hidrológica activa en el Poio y el Magre y, especialmente, de la primera víctima mortal en Utiel, antes de las 17 horas«, aseguran.
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El comunicado abunda en lo que consideran un engaño. «La narrativa oficial que negaba disponer de elementos claros para actuar se desmorona ante estos mensajes. La información existía y no se utilizó para salvar vidas», aseguran. «Es una infamia hacia las personas que murieron y hacia sus familias. No vamos a tolerar que se sigan encubriendo responsabilidades con eufemismos ni que se pretenda normalizar la negligencia», insisten las entidades.
Es por eso que exigen el acta de diputado con Mazón («sin este paso, no podemos valorar una hipotética reunión con el señor Pérez Llorca», dicen), ruptura absoluta con la narrativa de defensa del Consell mantenida durante este año y retirada de confianza y cese de quienes han defendido públicamente esta versión. «Pedimos la destitución política de todas las personas que han sostenido y repetido una explicación que las pruebas contradicen, incluyendo a Camarero, Rovira y Barrachina», solicitan. Las entidades también reclaman «colaboración plena con la investigación judicial». «Exigimos que todas las personas citadas y los cargos implicados colaboren sin reservas con la instrucción en curso y faciliten toda la documentación y acceso a dispositivos y registros que permitan esclarecer la cadena de decisiones del 29 de octubre», finaliza el comunicado.
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