Trece mil valencianos están a la espera de vivienda social o ayudas de acceso

Uno de los edificios de la Generalitat en Castellón. / pau bellido
Uno de los edificios de la Generalitat en Castellón. / pau bellido

La cifra de demandantes inscritos en el registro creado en 2017 es similar al total del parque público de la Generalitat

Isabel Domingo
ISABEL DOMINGOValencia

Cuarenta. Es la cifra de resoluciones emitidas hasta mayo por el Síndic de Greuges y referidas al incumplimiento de los protocolos de concesión de viviendas de promoción pública en alquiler por parte de la entonces llamada Conselleria de Obras Públicas, Vivienda y Vertebración del Territorio (y que ahora ha pasado a desgajarse en dos departamentos distintos). Unos escritos en los que afea a la Generalitat que no haga efectivas las medidas contempladas en la ley autonómica, esto es, ayudas para el pago del alquiler o prestaciones de urgencia, además de ofrecer al afectado «un alojamiento concreto».

En su contestación al Síndic, la conselleria -entonces dirigida por la consellera María José Salvador- aseguraba que estaba adoptando medidas para «revertir la situación de insuficiencia de viviendas públicas para atender la demanda existente». Una tarea complicada a tenor de las cifras existentes, ya que actualmente hay 13.305 valencianos inscritos en el Registro de demandantes de viviendas de protección pública o fines sociales, creado a raíz de la aprobación de la Ley por la Función Social de la Vivienda, que impulsó el Consell en la anterior legislatura. Es decir, que hay más de trece mil valencianos que están a la espera de la asignación de uno de los pisos públicos en arrendamiento que son propiedad de la Generalitat o, en su defecto, de acceder a ayudas de la administración autonómica para poder alquilar una vivienda en condiciones, según las cifras facilitadas por la conselleria que dirige el también vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau.

En marcha otra edición del Plan de Alquiler Asequible

La vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda ha puesto en marcha, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), el cuarto Plan de Alquiler Asequible. La aprobación de este plan supone la reducción de los alquileres de las viviendas propiedad de EVha en función de las circunstancias económicas de cada familia, estudiando caso por caso. Esta reducción está basada en función de los ingresos de la unidad familiar, números de miembros que la integran y la zona geográfica de la vivienda. El conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, destacó el éxito de los anteriores planes y «la necesidad de continuar con una medida que facilita el acceso a las viviendas a familias que no pueden encontrar una casa en condiciones en el mercado actual inmobiliario». Las reducciones en el alquiler no podrán suponer en ningún caso más del 40% del importe de la renta anual por el arrendamiento, con un límite máximo de 2.880 euros al año por inmueble.

Unos registros que se empezaron a contabilizar en 2017 precisamente para conocer el número real de solicitantes de vivienda en la Comunitat. Entre los requisitos, por ejemplo, acreditar un mínimo de un año de residencia en la Comunitat y que, por sus ingresos, no puedan acceder a una vivienda en condiciones de mercado.

Con anterioridad a esa fecha los datos controlados por la extinta Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) recogían a unos 9.000 valencianos en el listado para conseguir una vivienda social.

La mayoría, para alquiler

De esas más de 13.000 peticiones elevadas a la Generalitat desde hace dos años, y según los datos facilitados por la propia Conselleria de Vivienda, 12.021 peticiones son para alquiler; otras 880, para derecho de superficie; y 404 para la compra de los inmuebles.

Esa cifra, los 13.305 demandantes, es similar al total de viviendas del parque público de la Generalitat, cifrado en 12.676 pisos sociales, a los que habría que sumar los 1.367 que están adscritos a la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha). Estos últimos habitualmente se destinan a personas que no pueden acceder en condiciones normales a una vivienda del mercado libre pero que tampoco se encuentran en situaciones tan precarias como las de los residentes de los pisos sociales. En total, 14.043 inmuebles.

De ellos, más de 8.500 ya están arrendados, según los últimos datos de la conselleria, lo que dificulta dar respuesta a las peticiones de los valencianos que se encuentran en una situación precaria. Porque el resto se encuentran bien ocupadas o bien en proceso de rehabilitación.

Pisos ocupados ilegalmente, otro hándicap del Consell

Además de las más de trece mil personas inscritas en el registro para acceder a un piso social o de los que están pendientes de rehabilitar, el Consell se enfrenta a otro hándicap en materia de vivienda que arrastra desde la pasada legislatura. Se trata de los inmuebles que están ocupados de forma ilegal y que asciende a más de 800, según los últimos datos que se hicieron públicos a comienzos de año a raíz de una respuesta parlamentaria que la propia conselleria facilitó al grupo popular en Les Corts a petición de la diputada Elisa Díaz.

Una cifra que ha aumentado en los últimos años a pesar de las medidas que se han adoptado para intentar frenar la situación, como la vigilancia o la negociación con los inquilinos que han accedido a los pisos y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En concreto, a comienzos de 2019 existían 837 viviendas ocupadas en la Comunitat, de las que 613 lo estaban antes de julio de 2015 (es decir, de forma previa al inicio del primer Botànic) y otras 224 a partir de ese mes y hasta el 11 de diciembre de 2018. De esa cifra, 291 se encontraban en la provincia de Valencia, 43 en la de Castellón y 503 en la de Alicante, que es la que cuenta con mayor número de viviendas sociales con inquilinos que no tienen ningún tipo de relación contractual con la conselleria. De hecho, Alicante ciudad tiene casi tantos pisos ocupados (249) como toda la provincia de Valencia. Elche y Paterna son otros dos municipios con gran número de casas en situación irregular, con 111 y 112, respectivamente, según el documento que remitió la conselleria a los populares.

En este sentido, fuentes de la conselleria remarcaron que desde la pasada legislatura «la vivienda se ha convertido en una de las grandes prioridades del Consell». De hecho, en la etapa de María José Salvador se invirtieron 29,1 millones para mejorar las condiciones de los pisos sociales -algunos en estado ruinoso- frente a los 4,9 millones de la etapa anterior del PP, indicaron las mismas fuentes.

Por ejemplo, se han reparado ya 1.263 viviendas (856 sociales y otras 407 propias) y actualmente se trabaja en la rehabilitación de otras 35. Además, se adjudicaron 1.414 (945 sociales y 469 propias), según los datos facilitados por este departamento. De esas asignaciones, 99 fueron para personas que habían perdido su casa debido a una ejecución hipotecaria y 112 a víctimas de violencia de género.