La trama valenciana del atún tóxico

Un agente de la Guardia Civil junto a un atún procedente de pesca ilegal en Almería. / LP

Seis empresas de Albal y un vecino de Beniparrell, claves para la macrored del pescado ilegal | Una nave de la población de l'Horta servía como punto de distribución y centro clandestino para despiezar las capturas

Juan Antonio Marrahí
JUAN ANTONIO MARRAHÍValencia

Un juzgado de Picassent lleva entre manos una de las mayores operaciones contra la pesca furtiva en el Mediterráneo y el mercado negro jamás habida en España: el golpe asestado el año pasado por la Guardia Civil a la amplísima trama empresarial acusada de importar atún rojo procedente de pesca ilegal desde Malta e Italia para obtener beneficios millonarios sin respetar obligaciones documentales, fiscales o sanitarias, lo que derivó en casos de intoxicación.

La trama tenía su epicentro en Murcia. Y la Guardia Civil sitúa al frente a José F. G., considerado como uno de los empresarios más importantes del mundo en la captura, cría y venta de atún. Según las investigaciones, a través de su grupo empresarial de alcance internacional movía pescado en los principales mercados mayoristas de España.

Y Valencia suponía un punto clave para la organización. La documentación del caso a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS cita al empresario Carlos F. F. como responsable de dos empresas de Albal que, junto con una nave de Beniparrell, eran esenciales en el engranaje del grupo, siempre a tenor de las investigaciones.

La Guardia Civil cita a seis personas en relación con la actividad ilícita del grupo en la provincia de Valencia

Ademas, Carlos contaba con un hombre de confianza: Khalid M. Juntos integrarían una sociedad ya extinguida «utilizada para el blanqueo de capitales». Khalid, vecino de Beniparrell, tuvo un protagonismo singular para la Guardia Civil: era el encargado de viajar fuera de España para negociar la compraventa del atún en países como Malta, del que procedía parte del atún ilegal.

«Se encarga de conseguir ejemplares capturados mediante la pesca furtiva» y realiza «cometidos de subalternos en la recepción, entrega y confección de documentos falsificados», describe un auto judicial. Lo consideran el 'recluta' de gente de confianza para la trama.

Pero hay más nombres entre los tentáculos valencianos de la red. Carlos contaba con Antonio B. E. y Javier A. L. N. «para funciones de blanqueo de los ejemplares capturados fraudulentamente». El primero aparece como propietario de la nave de Beniparrell «desde donde se realizan las actividades ilícitas de despiezado y distribución a distintos destinos». El segundo es el administrador solidario de la mercantil de Carlos y de la extinta sociedad vinculada al 'lavado' de dinero por los investigadores.

Una causa con 67 investigados por cuatro delitos

La Guardia Civil arrestó inicialmente a 79 personas, entre ellas los sospechosos de la trama valenciana. Sin embargo, son 67 los que siguen actualmente investigados en una 'macrocausa' que recayó en el juzgado de instrucción número 3 de Picassent. En ella se investigan delitos de pertenencia a grupo criminal, falsificación documental, blanqueo de capitales y delito contra la fauna, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En noviembre, acordó inhibirse en favor de la Audiencia Nacional y está a la espera de la respuesta del órgano central.

Bajo las órdenes de Carlos y Khalid se encuentra, siempre a tenor de las pesquisas, otro hombre: es Jesús A. C., citado, literalmente, como «sucursal encubierta» de la empresa de Carlos en Mercamadrid.

Como supuesto falsificador de documentos aparece Antonio E. A. C., también vinculado a las empresas de Albal. «Confeccionaba documentos falsos con los que amparar los ejemplares de procedencia furtiva» y alteraba «las etiquetas comerciales con las que poner en el mercado los ejemplares ilícitos» de atún. Y tenía otro presunto cometido mencionado así en el documento judicial: «llevar a cabo la distribución de material furtivo en Alicante y Murcia».

El empresario Carlos F. F. es el responsable de dos de las empresas de Albal bajo sospecha

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) se sustentan con decenas de escuchas telefónicas que dieron pie a los registros que autorizó el juzgado de Picassent en las empresas y naves valencianas. La madeja de conexiones personales es compleja y amplísima, pero hay hasta tres nombres de la trama en nuestra provincia directamente conectados con el magnate murciano del atún en los opacos negocios del preciado animal marino.

La investigación ahonda en la importancia de una de las empresas valencianas de Albal. No sólo se le atribuye «connivencia» con otra firma en la falsificación de documentos. Su relevante papel queda descrito así: «sería la nave en la que se almacenarían los ejemplares y en la que serían despiezados y distribuidos, generando la documentación falsa mencionada para el blanqueo de las capturas fraudulentas».

Vinculada a esta firma de Carlos F. F. aparecen cinco mercantiles más de Albal y otras muchas repartidas por España que formaban «todo el entramado societario» y a las que relacionan también con la puesta en el mercado de pesca furtiva, «misiones específicas de blanqueo», «recepción de facturaciones falsas» o reparto de grandes sumas de dinero entre los investigados.

Operación 'Tarantelo'

12,5 millones de euros anuales.
Esta es la astronómica cifra de beneficio ilegal que, según la Guardia Civil, obtuvo la organización delictiva. Consideran que vendieron 2,5 millones de kilos de atún en negro.
Desde Malta e Italia.
Parte del atún ilegal que acababa en España llegaba de Malta por carretera. Misma vía para capturas de Italia «sin documentación ni control de trazabilidad». Ya en España, se separaban piezas legales de las ilegales con precios diferenciados, según la Benemérita.
Prácticas insalubres.
Los ejemplares que movía la red se sacrificaban en el mar y se mantenían bajo el agua hasta que podían sacarlos sin riesgo. Eso hacía que perdieran cualidades. Además, al no respetarse las normas de conservación la cadena de frío se rompía en algunos puntos.
Intoxicaciones.
La Guardia Civil ha constatado «casos de intoxicación por el consumo de piezas comercializadas por la red». Fiebre o alteraciones gastrointestinales son algunas de las consecuencias de consumir el pescado en mal estado, más graves en niños y mayores.
Evidencias de blanqueo.
En los 49 registros de la operación los agentes encontraron claras evidencias de blanqueo: medio millón de euros en efectivo, joyas, relojes o siete vehículos de alta gama tasados en más de 600.000 euros son el resultado de las enormes ganancias ilegales del grupo.

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