El temor a que se disparen los contagios divide a las familias ante el inicio del curso

El modelo, fijado en la Comunitat desde julio, está siendo criticado en relación a si garantiza la seguridad del personal y los escolares, hasta el punto de que la división de pareceres entre las familias es evidente. Si esta semana la Confederación Valenciana de Ampas Covapa reclamaba libertad de acción, ayer la Gonzalo Anaya salía al paso defendiendo la presencialidad máxima, pidiendo un voto de confianza a los protocolos previstos. Posturas opuestas entre dos de las grandes entidades con interlocución ante Educación.

Desde Covapa se ha solicitado a la administración que permita que sean las familias las que decidan si los hijos acuden a clase o reciben su formación a distancia «en función de sus preferencias o necesidades», mostrando su apoyo explícito al manifiesto de la Plataforma Libre Elección Educativa Comunitat Valenciana.

«Nosotros, madres, padres y profesores, considerando el derecho a la educación de nuestros hijos y alumnos (...) entendemos que debe primar por encima de cualquier prioridad el derecho a la salud en la escuela», reza el documento, que añade que en la situación actual «ninguna institución, autoridad pública, privada, civil o sanitaria es capaz de asegurarnos que los centros sean lugares libres de coronavirus».

La presidenta de Covapa, Sonia Terrero, explicaba ayer que su organización quiere presencialidad, «pero siempre que se tomen todas las medidas de prevención y las realicen especialistas sanitarios, no con protocolos y planes de contingencia que salen del centro o que delegan responsabilidades en los padres o en los equipos directivos».

Por ejemplo, consideró que la ventilación de las aulas no está garantizada, especialmente en centros con barracones, ni la adecuada desinfección de «todas las instalaciones con las correspondientes certificaciones». Además dudó de la efectividad de las burbujas -«¿y si un niño va al baño, que es comunitario, y luego vuelve a su grupo?»- o de la idoneidad de comer en las aulas. Terrero recordó que hay alumnos con dolencias respiratorias o que conviven con personas de riesgo, de ahí que abogue por que se facilite la elección. Y destacó que la ratio máxima sobrepasa en muchos casos los 20 niños. «Y sin contar que habrá que dar cabida a la matrícula sobrevenida», dijo. También defendió la creación de la figura del enfermero escolar.

Esta última idea fue el único punto en común con el comunicado remitido ayer por la Confederación Gonzalo Anaya, también representativa de la enseñanza pública y la mayoritaria en la Comunitat. Sin referirse a la citada plataforma ni a Covapa, defendió que el modelo más adecuado para los alumnos radica en la máxima presencialidad y destacó que la opción de elegir genera desigualdades «por diversas razones, especialmente económicas y sociales».

«Hay un debate sobre si las medidas sanitarias son suficientes, debate que podría extenderse a cualquier ámbito; se decide lo que marcan las personas expertas en sanidad y se va adaptando a la evolución de la pandemia», defendió la entidad en un comunicado. «En la medida en que se aplican los protocolos sanitarios, pensamos que podemos y es nuestro deber llevar a nuestros hijos a los centros con total confianza», añadía el escrito, que no dejaba de reivindicar que las medidas anunciadas se apliquen «con medios y rigor».

Además, consideraba que el debate no es «constructivo», en el sentido de que lo que se haya decidido «es lo mejor entre las posibilidades que se conocen actualmente». Por último, señalaba que los protocolos han sido presentados y explicados a la comunidad educativa y destacaba que «parece que la conselleria ha hecho los deberes para adaptar nuestros centros».

«Hay que convivir con el virus, pero tenemos que tomar las medidas necesarias de manera muy escrita», defendió por su parte Luis Gamón, presidente de la Federación Católica de Apas de Valencia. La organización tampoco se posiciona a favor de la idea de que los padres elijan «por motivos de conciliación y porque la formación real se da en el aula», abogando por la máxima presencialidad, si bien recordó que han pedido a la administración planes más ambiciosos, como la realización de pruebas PCR periódicas al personal, tomas de temperatura de manera sistemática o la instalación de elementos de separación como mamparas.

En el ámbito docente también existe incertidumbre. «Sobre todo si estamos preparados para volver a la normalidad con la organización ideada por la conselleria», defienden desde el sindicato mayoritario, el Stepv, que pone como ejemplo las dudas sobre cómo proceder en caso de que se detecte un contagio, qué sucede con el personal del riesgo o cómo se actúa ante las familias que no quieran llevar a los niños. «Eso sí, Educación se ha comprometido a informar puntualmente de cualquier novedad», añadieron.

«Tenemos unas instrucciones publicadas, pero a raíz de los últimos acontecimientos las dudas han aumentado», defiende Laureano Bárcena, de Anpe. «Sobre todo que no se cuente con los medios necesarios para garantizar la salud», reflexionó, antes de reivindicar la realización de pruebas PCR masivas o la creación del enfermero escolar para «orientar, informar y formar».