El Supremo decidirá si es legal excluir de las becas a las universidades privadas

Doctoras de la Cardenal Herrera, poco antes de iniciarse el acto de apertura del curso 2017-2018./IRENE MARSILLA
Doctoras de la Cardenal Herrera, poco antes de iniciarse el acto de apertura del curso 2017-2018. / IRENE MARSILLA

La Cardenal Herrera CEU seguirá batallando tras desestimar el TSJCV su recurso que reclamaba el mismo trato parasu estudiantado

Joaquín Batista
JOAQUÍN BATISTAValencia

La Fundación San Pablo CEU, entidad titular de la Universidad Cardenal Herrera (UCH), ha presentado varios recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra las últimas sentencias del TSJCV que apoyan la decisión del Consell de excluir al alumnado de las instituciones privadas de las becas autonómicas. Así lo confirmaron a preguntas de LAS PROVINCIAS fuentes de la universidad, que considera que el estudiantado, más allá del centro donde se forme, debe tener el mismo tratamiento en este tipo de actos administrativos.

Una de las primeras medidas que anunció la Conselleria de Educación en materia universitaria fue el plan de ayudas públicas para el alumnado, con la creación de más modalidades (como las que incluyen un salario para las rentas más bajas) y una mayor dotación presupuestaria. Eso sí, decidió acabar con el cambio que implantó el PP en 2006 para permitir la concurrencia de los estudiantes de las privadas, que en caso de cumplir los requisitos académicos y de renta percibían una cuantía anual equivalente al coste de la carrera cursada en la red pública.

De esta manera, las ayudas autonómicas, en todas su modalidades, se destinaron únicamente a los matriculados en los cinco centros públicos, dejando a los de las privadas la posibilidad de concurrir únicamente a ayudas propias o a las ministeriales, aunque sin el complemento autonómico aplicado desde 2012. La exclusión no afectó a los estudiantes de Veterinaria al tratarse de una titulación que no existe en la red universitaria pública.

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Tras publicarse oficialmente las bases y las sucesivas convocatorias los servicios jurídicos de las universidades privadas presentaron recursos contra todas ellas. Básicamente se cuestionaba la situación de discriminación que a juicio de los centros generaba la decisión de la administración, justificada en que su obligación pasaba por centrarse en el alumnado que elegía instituciones públicas para estudiar.

Fuentes jurídicas señalaron que, en el caso de la CEU Cardenal Herrera, el TSJCV desestimó sus recursos basándose en los argumentos utilizados para tumbar las primeras demandas de la Universidad Católica, que se resolvieron meses antes al haberse presentado por la vía de protección de derechos fundamentales y en las que se planteaba la vulneración del principio de igualdad. Desde la institución de la Asociación Católica de Propagandistas se optó por la vía ordinaria, según las mismas fuentes, y se incluyeron otros argumentos más allá del referido al derecho constitucional.

En el caso del centro dependiente del Arzobispado, tras rechazarse sus primeros recursos también se anunció que se llegaría hasta el Supremo, por lo que la legalidad de la decisión del Consell queda en manos del tribunal estatal. Respecto a los argumentos utilizados por el TSJCV para tumbar los recursos de la Católica, la sala defendió que no se lesionaba el derecho a la igualdad y que «la única repercusión que puede presumirse como derivada de la norma impugnada es una posible lesión por pérdida de alumnos», si bien no se podía considerar probada.

La exclusión de las becas, vigente desde el curso 2016-2017, no ha sido el único encontronazo judicial que han tenido las privadas con el Consell, pues también llevaron a los tribunales el cambio de criterio que impedía a sus alumnos de Ciencias de la Salud realizar prácticas en centros públicos. En el caso de la CEU Cardenal Herrera, su recurso todavía no ha sido resuelto por el TSJCV, según las mismas fuentes.

En cuanto a la Católica, ya se produjo un pronunciamiento favorable a las tesis de la administración tras una demanda por la vía de derechos fundamentales, aunque la institución también ha conseguido que se le dé la razón en otro litigio planteado contra el Hospital General, que tuvo que mantener los convenios ya firmados para permitir prácticas a alumnos de Enfermería.

Además, desde la Universidad Cardenal Herrera se presentaron otros recursos ante el TSJCV por la exclusión en una convocatoria para acceder a ayudas para la renovación de equipamientos científicos, a la que sí pudieron concurrir en ejercicios anteriores los centros privados.

La cuestión de las becas no será la única que tendrá que dilucidar el Supremo en materia educativa, pues la conselleria también ha recurrido en casación las sentencias que le obligan a devolver los conciertos retirados a 16 colegios. En cuanto al plurilingüismo, acaba de conocerse la providencia en la que se rechaza el recurso de la administración en relación al decreto de 2017 al haber sido derogado por parte del Consell.

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