Sólo tres municipios reunieron a su gabinete de crisis pese a los 28.000 avisos de la Generalitat
Valencia, Algemesí y Aldaia, los únicos ayuntamientos que convocaron a su Cecopal para hacer frente a la dana del 29 de octubre
Las responsabilidades políticas, y también las judiciales, se han dirimido hasta ahora en el plano autonómico y el nacional. Por un lado, la Generalitat y, ... en especial la inacción de la Conselleria de Emergencias. Pero también existen datos para sostener la deficitaria actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el día de la tragedia. El papel de los alcaldes de las zonas afectadas, tanto del PP como del PSPV, ha quedado siempre en un segundo plano.
La Generalitat, en otro de los apartados del informe entregado a la jueza, recopila todos los avisos que se mandaron desde la situación de preemergencia declarada el 28 de octubre. La juez que investiga la dana pidió todas las alertas enviadas a los municipios con un Plan Municipal de Riesgo. Emergencias ha cuantificado esta actividad informativa en 6.325 correos electrónicos y 22.002 SMS.
Así, esta acción divulgadora comenzó el 28 de octubre. Esa jornada se emitieron dos documentos con las alertas meteorológicas vigentes, que en ese momento eran de nivel amarillo y naranja basadas en la predicción facilitada por Aemet. La roja no se declaró hasta la primera hora de la misma mañana del 29 de octubre, el día de la fatídica riada.
Así, esta acción divulgadora comenzó el 28 de octubre. Esa jornada se emitieron dos documentos con las alertas meteorológicas vigentes, que en ese momento eran de nivel amarillo y naranja basadas en la predicción facilitada por Aemet. La roja no se declaró hasta la primera hora de la misma mañana del 29 de octubre, el día de la fatídica riada.
Estas alertas son remitidas -vía correo electrónico/fax- a la totalidad de municipios afectados «independientemente de que tengan plan o no». El destinatario es una persona que ha facilitado el propio municipio. Además, se informa a los responsables municipales de las zonas afectadas mediante el envío de SMS.
De igual modo, para apuntalar lo anterior se lanzaron mensajes por la web oficial de la Gva y por el perfil de la red social de Emergencias, recoge el dosier. También, durante la misma jornada y siguiendo la línea del aviso especial de Aemet, se realiza un envío de un aviso especial por correo electrónico/fax a todos los municipios de la Comunitat Valenciana informándoles sobre el episodio meteorológico para que adopten las medidas preventivas.
La intensidad informativa de la Generalitat no tuvo apenas efecto en los municipios. De hecho, según el dosier de Emergencias, sólo tres municipios activaron sus Cecopal, el equivalente local de los Cecopis autonómicos. Se trata de Valencia, que reaccionó rápido desde el primer momento, junto a Algemesí. La localidad de Albal comunicó a la Generalitat que también convocó su Cecopal durante el 29 y 30 de octubre.
La magistrada aclaró en su momento que descartaba una eventual responsabilidad penal en los alcaldes de los municipios afectados por la monumental riada. Lo hizo al responder a una petición de que el primer edil de Utiel, Ricardo Gabaldón (PP), fuera imputado. La responsabilidad penal se acota, de momento, a la Generalitat, con la consellera de Emergencias y el que fuera su número 2. «Existe una diferencia radical entre la Administración Local y la Autonómica al objeto de lanzar alertas a la población y la adopción de medidas de autoprotección», subrayó.
«Tenían un análisis fragmentario de la información disponible», señaló respecto a los alcaldes. «Todos se vieron sorprendidos, no recibieron tampoco la información precisa ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar».
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