El Síndic insta a Educación a que los escritos en castellano los responda en la misma lengua

El 'pescozón' llega a raíz de una queja remitida al Defensor del Pueblo redactada íntegramente en castellano. Como es habitual, el Síndic la trasladó al departamento autonómico para que emitiera el correspondiente informe a través de una comunicación que fue escrita en la lengua empleada por el usuario. Sin embargo, la contestación de Educación (exactamente de la Dirección General de Política Lingüística) estaba sólo en valenciano. El Síndic considera que en este caso el derecho lingüístico «no se ha respetado».

La persona que recurrió al Síndic había pedido a la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante que su tarjeta de identificación en el centro fuera emitida en castellano y no únicamente en valenciano. Tal y como recoge la resolución de la institución, que data de principios de marzo, desde la escuela se le respondió que se habían seguido las instrucciones de la Conselleria de Educación, derivadas del decreto 61/2017 (de usos institucionales del valenciano), y que debían fomentar la lengua propia «como vehicular en todo lo relativo a procesos administrativos y de comunicación interna del centro». El usuario de la EOI optó por acudir al Síndic al considerar que se vulneraba la legislación vigente sobre la cooficialidad de las lenguas.

La institución que dirige José Cholbi remitió la queja a Educación y le pidió una respuesta, que fue el informe que se envió íntegramente en valenciano. Se defendía la actuación de la EOI, recordando que la Ley de Uso de 1983 establece que esta es la lengua propia de la Comunitat, y también añadía que el mencionado decreto recoge que es la de uso «normal y general» por parte de la administración y que la misma norma establece que los elementos de identidad corporativa, entre los que se incluyen las tarjetas de la EOI, han de redactarse en valenciano.

Siguiendo el procedimiento habitual del Síndic, la contestación fue trasladada al ciudadano por si quería hacer alguna alegación o matización, y este solicitó que la respuesta se formulara en castellano, «sin cuestionar ya la expedición de la tarjeta identificativa», según se recoge en la resolución.

En este punto de la tramitación sucede algo curioso. El Síndic de Greuges acepta los argumentos de la dirección general en relación a lo expuesto sobre los elementos de identidad corporativa de la administración, pero pone el foco en el formato de la respuesta, formulada en valenciano exclusivamente pese a que durante todo el procedimiento se estuvo utilizando el español.

La institución recuerda que la Generalitat, en base al Estatuto y a la Ley de Uso, debe fomentar la normalización con el fin «de superar la aún primacía del castellano», lo que no quita que «con un criterio de generosidad (...) coexistan en nuestra comunidad ambas lenguas». Señala también que la Constitución estableció la cooficialidad, abriendo la puerta a legislar en favor de las lenguas minoritarias, aunque enfatiza que «estos legítimos objetivos» no pueden contravenir la Carta Magna, que recoge el derecho de todos los ciudadanos a utilizar la lengua castellana y rechaza cualquier tipo de discriminación por motivos lingüísticos, principio que también se contempla en la Ley de Uso vigente en la Comunitat.

«Una de las consecuencias que se derivan de los mandamientos contenidos en los preceptos anteriormente citados es el derecho que asiste a cualquier ciudadano, en sus relaciones con la administración, a elegir la lengua en que desea que se produzcan las comunicaciones y la tramitación de los expedientes», dice el Síndic. «Y así surge el correlativo deber de las administraciones de respetar esta elección y utilizar, a lo largo de todo el procedimiento, el idioma elegido por el administrado. Y este derecho no se ha respetado en el presente expediente de queja con la remisión en valenciano del informe solicitado», sentencia.