Sanidad pagará un extra a los médicos con menos demora en la Comunitat

Este nuevo sistema de organización creará diferencias salariales entre los profesionales, ya que cada uno tendrá un complemento económico distinto, mayor o menor según cumpla esos criterios de productividad, que vienen a reforzar los que ya había establecidos, pero que eran más generales. «Vamos a implantar criterios de gestión clínica, para el esfuerzo individual, en los que cada profesional percibirá una productividad por su trabajo, que no será igual para todos, para así incentivar al que lo hace bien», ha señalado este martes el conseller, Marciano Gómez. La aplicación será inmediata, cuando el decreto se publique en el DOGV.

Los criterios fundamentales primarán «la eficacia, los resultados, la calidad, la ausencia de demora o el compromiso con la sanidad publica», ha añadido Gómez. «Vamos a innovar e ir a criterios de incentivación. Es un nuevo sistema equitativo para mejorar la gestión clínica», ha establecido. Además, el conseller tiene, según el decreto, la posibilidad de establecer acuerdos económicos complementarios en casos de que haya presión asistencial y los indicadores de actividad, por lo que podrá anular los trabajos en horas extraordinarias si estos no tienen los resultados esperados.

Una decisión que no ha gustado nada a los sindicatos, a los que se les informó de manera rápida unos minutos antes de la reunión del Consell. Aunque Gómez ha señalado que en los próximos días mantendrá una reunión con estos representantes para detallarles los pormenores de la medida y negociar algunos puntos. UGT asegura que esto va a suponer «crear una productividad 'vip' arbitraria para ciertos colectivos y suprimir módulos de refuerzo sin rendir cuentas a la comisión evaluativa», lamenta, y CCOO apunta que «modifica las condiciones de trabajo» sin haberse reunido con los sindicatos.

Estas medidas de incentivos por eficiencia y resultados se implantarán en todas las categorías profesionales de la sanidad pública valenciana, aunque está previsto que la conselleria revise a final de este año si estos métodos están teniendo el éxito que se espera para mejorar la actividad asistencial o en cambio hay que realizar alguna modificación.

En cuanto a los módulos de refuerzo para reducir la lista de espera, el conseller manifiesta que el actual modelo tenía «resultados limitados» ante la presión asistencial y hay «una necesidad urgente de consolidar una gestión clínica que mejore los resultados, la eficiencia y garantice la sostenibilidad del sistema», explica Gómez. Por ello, se reserva la opción de prescindir de alguno de ellos, lo que para UGT «hacerlo sin pasar por la comisión de evaluación reglamentaria, por tanto sin justificar, podría conllevar un incremento de derivaciones a la privada a través del plan de choque», destaca el sindicato.

Desde esta organización también señalan que el decreto modifica el reglamento, selección y provisión de personal estatutario al servicio de las instituciones sanitarias «para aplicar la movilidad interna forzosa sin justificación y sin necesidad de notificar a la junta de personal», ya que esta movilidad se decidirá ahora por criterios de necesidades asistenciales en cada centro y no sólo organizativos, como hasta ahora. Además, CCOO critica que la conselleria no sólo realiza modificaciones de carácter organizativo sino que también lo hace en la selección y provisión del personal «sin la obligada negociación y sin proporcionar documentación ni respetar la opinión de los sindicatos», expone.

Por su parte, este mismo decreto también regula la colaboración entre la Generalitat y cinco ayuntamientos de la Comunitat para que estos puedan construir nuevos centros sanitarios o la ampliación de los ya existentes. Se trata de Burriana, Santa Pola, Torrent-El Vedat, Mislata y Orihuela Costa, y estos edificios deben destinarse únicamente a uso asistencial, y con carácter indefinido. Todos ellos cumplen los criterios de tener una población igual o superior a los 20.000 habitantes y debido a condiciones especiales como el aumento de la demanda asistencial resulta necesario la colaboración entre ambas instituciones para ampliar cuanto antes los recursos sanitarios.

Serán los ayuntamientos los que tengan la propiedad de la obra y se hagan cargo del proceso administrativo, como son los trámites de contratación o seguimiento de la obra. Posteriormente a su construcción, estos ayuntamientos se harán cargo de los gastos de mantenimiento de los edificios, desde la luz o el agua hasta los servicios de limpieza, entre otros. Pero la financiación de la obra corre a cargo de la Conselleria de Sanidad, para lo que se contempla una partida de cerca de 30 millones de euros durante el período 2025-2028.