Ribó bloquea 300 plazas de trabajos sociales a condenados por violencia machista y delitos de tráfico

Así, con la llegada de nuevos aires se congeló un convenio con el Centro de Inserción Social (CIS) por el que el Ayuntamiento de Valencia ofrecía unas 300 plazas para el cumplimiento de este tipo de penas, impuestas por un juez. Se trata fundamentalmente de castigos asociados a delitos de violencia de género (como lesiones, amenazas, coacciones) y también a aquellos relacionados con la seguridad vial como, por ejemplo, las alcoholemias.

El Ayuntamiento tenía en su momento una pequeña oficina con dos personas que tramitaban todas estas cuestiones. Pero eso se terminó de golpe y sin explicaciones. Desde el Centro de Inserción Social se han puesto en contacto reiteradamente con el alcalde -se le enviaron también dos cartas- pero sin que se haya desbloqueado la situación pese a la celebración de reuniones con asesores y concejales con la participación incluso del juez de Vigilancia Penitenciaria.

Lo sorprendente de esta parálisis es que no se ofrece un motivo claro sino parece más bien cierta desidia. En casi seis años no se ha avanzado nada. El alcalde, en una de sus respuestas, remitió a la concejal Isabel Lozano, encargada de los Servicios Sociales sin que la edil haya dado una respuesta eficiente a las necesidades.

El CIS tiene un enorme problema porque la provincia de Valencia, existe también otro centro en Gandia, tramita tantas ejecuciones de condenas de este tipo como Madrid y eso pese a que la diferencia de población entre ambos territorios resulta notable. El pasado año, por ejemplo, se recibieron 8.000 ejecutorias de esta naturaleza. Fuentes conocedoras de la situación admiten las dificultades, «la asfixia por la falta de recursos», para dar salida a estos penados precisamente porque el recorte de plazas del Consistorio es relevante en el cómputo global.

En la actualidad, numerosos condenados terminan cumpliendo su pena en parroquias, una solución que permite dar cumplimiento a la sentencia. El 40% de los penados a trabajos lo son por violencia de género, el 35% por seguridad vial, según los datos facilitados a LAS PROVINCIAS.

Otra de las medidas que ha permitido compensar el déficit es la participación de los penados en ruedas de reconocimiento en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Una idea pionera, impulsada en su momento por el exjuez decano Pedro Viguer, y que se copió en otros territorios.

El autor del delito debe dar su consentimiento para este tipo de condenas. El juez no puede imponerlos si el acusado se opone. Pero la realidad es que no suele haber impedimentos. La alternativa puede ser la cárcel.