«La próxima selectividad mantendrá la mayor optatividad de los últimos años»

El número dos de Manuel Castells fía la mejora de la financiación del sistema, clave de bóveda para su aplicación, al pacto de estado para incrementar el gasto educativo al 5% del PIB. Y avanza que la optatividad de la selectividad que trajo de la pandemia, que muchos traducen en una mayor facilidad de las pruebas, se mantendrá este curso. En cuanto a la tramitación de la LOSU, confía en que pueda pasar por el Consejo de Ministros en enero y llegar al Congreso en febrero. El debate parlamentario se prevé largo: unos cinco o seis meses.

-Se han distribuido nuevas versiones del anteproyecto de ley. ¿Faltó consenso previo o buscan ampliar la participación?

-Lo segundo. Para el primer borrador hubo un largo periodo de consultas y debate con prácticamente toda la comunidad universitaria. Sabíamos que iba a ser un documento de trabajo. Y una vez encima de la mesa empieza esa especie de diálogo o negociación con todos para que tenga el máximo consenso posible.

-¿Por qué abren las candidaturas a rector más allá de los catedráticos de universidad?

-En el sistema hay un amplio colectivo de profesores titulares con una serie de méritos para ser candidatos que son incluso más importantes que el mero hecho de haber alcanzado una categoría. Hace falta disponer de tres sexenios de investigación (haber investigado al menos 18 años), tener tres quinquenios docentes (al menos 15 años de docencia) y tener cuatro años de gestión en un cargo unipersonal, con lo cual se dispone de cierta experiencia.

-¿Por qué han eliminado en las últimas versiones la opción de que un comité con miembros externos eligiera al rector?

-En el primer documento se nos acusó, con razón, de ser un poco dirigistas, en el sentido de por qué teníamos que decir quién debía componer ese comité, aunque siempre se mantuvo una mayoría de la comunidad universitaria. Hubo una segunda propuesta, que no llegó a ningún documento, para que además del sufragio universal ponderado se pudiera establecer cualquier sistema que el claustro decidiera con mayoría reforzada de dos tercios, para dejar elegir a las universidades. Estas propuestas no tuvieron casi apoyo. No vamos a hacer una ley que vaya en contra de la comunidad universitaria.

-También amplían, de cinco a seis años, el plazo transitorio para adaptarse al máximo de temporalidad: el 20% del PDI. ¿Cree que será suficiente?

-No podemos fijar una norma que no pueda cumplirse. La situación de las universidades es muy heterogénea, las hay con una temporalidad muy alta y otras no la tienen. Es un punto en el que estamos en plena negociación con los actores, sobre todo con la CRUE, para ver si lo dejamos en seis, lo hacemos más flexible o hacemos una transitoriedad a dos velocidades, dependiendo de la situación actual. No es definitivo. Cabe la posibilidad de más margen, y se consensuará.

-La CRUE alega que sin eliminar la tasa de reposición es inviable alcanzar ese porcentaje.

-Salvo hecatombe no desaparecerá. Hemos conseguido que para el próximo año sea del 120%, que el personal universitario sea sector prioritario en las ofertas de empleo público, pero es algo que cambia con los presupuestos generales. Dependerá de la situación económica, del Gobierno y de cada manera de hacer. Si se mantiene creo que sí se podrá alcanzar, pero dependerá de la situación de cada universidad. Ahí es donde debemos ser flexibles para que avancen hacia el objetivo de reducir la temporalidad y acabar con la precariedad.

-También alegan que sin mejorar la financiación no se puede aplicar la LOSU.

-La LOSU y tampoco la LOU. Es verdad que en estos dos años ha habido un ligero aumento, pero no estamos en los niveles de 2009, mientras nuestros países competidores sí han aumentado el gasto educativo. Que haya un aumento en la financiación es fundamental. Y el instrumento es lo que marca la Lomloe, que el Estado y las comunidades lleguen a un pacto para aumentarlo a un mínimo del 5% del PIB en esta década. El porcentaje que corresponde a la educación universitaria es más o menos el 20% del total, con lo que ese aumento repercutirá en la mejor financiación de la universidad. Las competencias están transferidas a las comunidades, son las responsables de sus sistemas universitarios, y con cierta razón alegan que no tienen suficiencia financiera para incrementarla. Por eso hace falta un pacto.

-La ministra Alegría ha anunciado una nueva selectividad derivada de la Lomloe. ¿Qué cambios a su juicio se deben hacer?

-Si el Bachillerato tiene un enfoque más competencial que de contenidos la prueba tiene que adaptarse. Es una prioridad de los dos ministerios, y nos hemos dado de plazo hasta junio para tener diseñada una prueba de acceso nueva para los años próximos. También tenemos que sacar adelante la de 2022, es lo más urgente, en la que ya le adelanto que no habrá cambios.

-Se mantendrá la mayor optatividad en las pruebas entonces.

-Este curso ha cambiado la situación, con presencialidad total en las aulas, y quizá no tenía tanto sentido una optatividad tan amplia, pero habría que haber cambiado antes. A estas alturas de curso hacer un cambio en el modelo de examen tenía más inconvenientes que ventajas. Así que no se variará y la optatividad de los últimos años se mantiene.