La próxima oposición de maestros en la Comunitat se retrasará a septiembre de 2026

Así se desprende del borrador de la orden que regulará el procedimiento, que este jueves se negocia con los sindicatos y al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. También incluye la distribución por especialidades de las 1.959 plazas previstas, y las de Primaria, Infantil y Pedagogía Terapéutica (profesionales que atienden a alumnos con necesidades especiales) serán las más numerosas con 750, 475 y 229 puestos respectivamente.

La nueva fecha no es la única novedad, aunque sí la más esperada por los aspirantes, teniendo en cuenta que muchos ya están inmersos en su preparación. Y el tiempo disponible influye, y mucho, en la organización. En este caso implicará disponer de tres meses más de tiempo para afrontar el proceso, que son los que se ganan entre las fechas de inicio de los últimos años (finales de mayo o principios de junio) y la nueva propuesta.

El documento dice exactamente que la prueba teórica (la parte A de la primera fase) se realizará a partir del 1 de septiembre. A preguntas de LAS PROVINCIAS, fuentes del departamento explican que se trata de una orientación, y que el día exacto se conocerá con la publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, pues puede depender de diferentes factores, como el número de aspirantes.

Tras dar a conocer sus intenciones de cambio, la Dirección General de Personal Docente mantuvo varias reuniones con los sindicatos para tratar de consensuar el nuevo calendario. Sobre la mesa se pusieron diferentes posibilidades, como empezar en febrero, marzo, abril o septiembre de 2026, siendo esta la opción que se ha impuesto, pues a la postre es la que menos perjudica a los opositores, en el sentido de que no les resta tiempo respecto a los plazos habituales, como sí sucedía con el resto de propuestas. En estos grupos de trabajo, cuando se abordó esta fecha, se planteó que la primera prueba llegara el sábado 12 y la segunda (la B, el supuesto práctico) al siguiente, el 19.

Otra novedad afecta a la siguiente fase del proceso, a la que llegan aquellos que saquen al menos un cinco sobre diez entre los ejercicios A y B. Se trata de la exposición de una situación de aprendizaje, que se programará de lunes a viernes en las sedes de los tribunales, que ya no serán institutos sino instalaciones de la conselleria mejor acondicionadas y climatizadas, como Cefires o Escuelas de Idiomas.

Además, los aspirantes, la gran mayoría interinos, dispondrán de un permiso especial que les dispense de acudir a su puesto de trabajo si lo precisan. Aunque esta opción no está recogida en el borrador, las mismas fuentes puntualizan que la orden no tiene por qué ser tan exhaustiva, aunque se mantiene esta previsión, que quedará recogida en instrucciones posteriores.

El resto de cambios importantes tienen que ver con los órgano de selección, los tribunales, formados por funcionarios con destino definitivo que se eligen por sorteo y se encargan de vigilar el desarrollo de las pruebas y su evaluación. Tendrán dedicación exclusiva, sustituyéndose su puesto en el centro con docentes de las bolsas de trabajo mientras dure el procedimiento. Es una manera de evitar una sobrecarga de trabajo, es decir, que a su rutina diaria tengan que sumar la labor añadida del tribunal, una idea que también justifica la separación del proceso del final del curso, que es intenso en tareas burocráticas y de organización una vez finalizan las clases.

Los elegidos desarrollarán sus funciones entre las 8 y las 15 horas y ya no existirá la opción de cobrar dietas por asistencia salvo que las sesiones se celebren en sábado, como las pruebas A y B, o festivo, pero se les gratificará en especie. El hecho de participar supondrá el reconocimiento automático de 100 horas en concepto de formación, equivalente a un sexenio, complemento retributivo mensual que se consolida, y otras 30 de formación impartida, lo que da ventaja, en forma de puntos, en procesos selectivos, concursos de méritos o comisiones de servicios.

El borrador de orden también amplía los supuestos para quedar excluido del sorteo, como ejercer un cargo directivo en un centro público (no sólo la dirección, también la jefatura de estudios o la secretaría) o prestar servicios en direcciones territoriales, unidades especializadas de orientación o Cefires, También se añaden supuestos de dispensa en caso de resultar elegido, como trabajar a más de 50 kilómetros del tribunal asignado o estar disfrutando del permiso de matrimonio en el momento en que se constituye el órgano de selección.