Los padres inician la batalla judicial contra los planes lingüísticos de Marzà

El conseller de Educación, Vicent Marzà, durante la toma de posesión del cargo el pasado junio. / i. m.
El conseller de Educación, Vicent Marzà, durante la toma de posesión del cargo el pasado junio. / i. m.

Familias de cinco colegios presentan recursos contra los programas aplicados a raíz de la Ley de Plurilingüismo

Joaquín Batista
JOAQUÍN BATISTAValencia

La batalla judicial contra el modelo lingüístico que se aplica en las escuelas no acabó con el malogrado decreto de 2017, la primera normativa del Consell que fue anulada parcialmente por el TSJCV y derogada por la administración. Actualmente hay presentados cinco recursos de lo contencioso contra los proyectos lingüísticos (PLC) -los que definen el peso de cada lengua- aplicados en otros tantos colegios. Estos se derivan de la Ley de Plurilingüismo y fueron impulsados por padres descontentos con el resultado final. Exactamente se recurrió la desestimación del recurso de alzada que inicialmente se presentó ante Educación.

Cuatro de los cinco afectan a centros públicos y los PLC fueron impuestos por la conselleria después de que la propuesta que se debatió en el centro no alcanzara la mayoría de dos tercios del consejo escolar que exige la normativa. En tres el valenciano es dominante en Primaria y en uno existe cierto equilibrio entre las lenguas oficiales. Se trata de los proyectos de los Ceips Vicenta Ruso de Santa Pola (el primero en admitirse), Villar Palasí-Vivers de Valencia, Beata Inés de Benigànim y Joaquín Muñoz de Turís.

CC OO insta a la conselleria a reducir las horas lectivas

La Federación de Enseñanza de CC OO pidió ayer a la conselleria que acometa cuanto antes la bajada de las horas lectivas en Primaria y Secundaria como una vía para mejorar la calidad educativa. Además, reclama la dotación suficiente de personal de refuerzo (para alumnos con dificultades) y un mayor impulso en la formación del estudiantado en relación a la lucha contra el cambio climático.

Así lo explicó la secretaria general de la organización, Xelo Valls, que compareció junto a Rafa Martínez -secretario de Enseñanza Pública- y Elena Albert -su homóloga en el sector privado- para valorar el arranque del curso.

Para Valls, aplicar la nueva normativa sobre educación inclusiva, ideada para mejorar la atención al alumnado que presenta algún tipo de dificultad, pasa porque la administración apruebe el descenso del horario lectivo, algo que ya permite el Gobierno central. En cuanto a los maestros, pueden pasar de 25 horas a 23, mientras que los profesores de Secundaria se quedarían en 18 en lugar de en 19. Cabe recordar que la jornada laboral seguiría siendo la misma (37,5 horas). «No sólo se necesita actuar con el sector docente, sino también fomentar el personal de apoyo, desde educadores de Infantil o Especial hasta fisioterapeutas, así como otros profesionales que se precisen», dijo.

En cuanto a los beneficios de la reducción horaria, Martínez destacó que mejoraría la atención individualizada de los alumnos, las tutorías con los padres, la preparación de las clases y la coordinación entre docentes. Albert pidió que esta minoración se implante también en la concertada, donde las horas lectivas en Primaria llegan a 25.

En cuanto al primero, el recurso ha sido impulsado por la Ampa Participativa, una de las dos que funcionan en un centro que hasta la entrada en vigor de la ley tenía la mayoría de líneas con el castellano como lengua base. Fuentes de la organización explicaron que se optó por esta vía después de que Educación aplicara un proyecto distinto al que se elaboró desde el colegio. Previamente las familias, en una consulta organizada por la asociación sobre la lengua de enseñanza preferida, habían optado mayoritariamente por un modelo donde destacaba el castellano, que sería además la lengua para el aprendizaje de la lectoescritura. Al no obtenerse la mayoría exigida en el consejo escolar Educación decidió, y actualmente su PLC fija que en Infantil se imparte el 46% de las horas en valenciano y el 45% en castellano, porcentajes que en Primaria son del 43% y el 42% respectivamente, además de que la lectoescritura se practica en las dos lenguas de manera simultánea, opción que desde la asociación tildan de «experimento». Con el recurso se pretende demostrar que los padres pueden decidir la lengua de enseñanza, así como mantener la presión para intentar volver a un escenario parecido al anterior a la ley.

Los otros tres recursos los lleva el abogado Jorge Carbó, que explicó ayer que se deben a «la voluntad de las familias de ver reconocido su derecho a elegir la lengua vehicular de sus hijos» y por la elección de materias a dar en castellano que no son troncales (como marca la ley) y cuyo peso curricular es menor.

En el Villar Palasí-Vivers, en Infantil el valenciano tiene una carga horaria del 40% frente al 50% del castellano, mientras que en Primaria los porcentajes pasan a ser del 45% y el 40% respectivamente. Eso sí, casi todos los padres son castellanohablantes. Hasta la llegada de la ley el centro tenía un programa basado en el español. En el Beata Inés en ambas etapas la lengua autonómica es claramente mayoritaria (65% y 53% frente al 25% y el 32% del castellano) y antes del cambio tenía doble línea. Igual que el Joaquín Muñoz, que tiene estos porcentajes: 64% y 56% frente al 26% y 28%.

Educación adjudicará un millar de puestos docentes sin cubrir

La Conselleria de Educación adjudicará mañana 961 plazas docentes públicas que actualmente están vacantes después de que los titulares hayan causado baja del sistema por jubilaciones, incapacidades temporales o excedencias comunicadas este verano. La idea es conseguir que para el inicio del curso la mayoría de puestos estén cubiertos y garantizar así un normal funcionamiento. Precisamente, el sindicato Csif reclamó ayer a la administración que garantice el personal y los medios económicos necesarios de cara al próximo lunes.

Carbó consideraba ayer que un fallo favorable abriría la puerta a nuevas impugnaciones, por ejemplo, en caso de próximas modificaciones de los PLC, y recordó que el TSJCV, en su sentencia contraria al decreto de 2017, deslizó que la planificación de la oferta debería hacerse en base a las preferencias de las familias, y no al revés. Además, desde la Federación de Apas Católicas de Valencia (Fcapa) se asesoró a los tres centros en la redacción de los recursos de alzada que precedieron al contencioso, así como a otras escuelas de las que se desconoce si se llegó a la vía judicial.

El quinto recurso es de unos padres del Sagrada Familia de Elda. Es el único concertado, y en este caso el peso del castellano es mayoritario. LAS PROVINCIAS no pudo saber ayer qué lo ha motivado.