El plan estrella del Botánico para construir colegios acumula un sobrecoste de 134 millones

El problema se deriva de que no se estimaron correctamente los costes, por lo que difícilmente habrían salido adelante en una licitación pública. Dicho de otro modo, ninguna constructora se habría presentado para ser la adjudicataria de unas obras con las que habría perdido dinero. Memorias económicas mal diseñadas, falta de regulación o burocracia que ralentizaba la tramitación, mientras en paralelo se disparaba el precio de los materiales de la construcción, creando un desfase que no se corregía, son el caldo de cultivo de una situación que desveló el jueves el conseller de Educación, José Antonio Rovira, durante su comparecencia en Les Corts para dar cuenta del inicio del curso.

El programa permite a los ayuntamientos interesados asuman la tramitación y ejecución de las actuaciones que sean necesarias para la mejora de sus centros educativos, desde los estudios previos y la redacción de proyectos hasta el concurso para acometer las obras. Y se incluyen intervenciones de todo tipo, desde reparaciones de menor entidad (un cambio de un patio o la climatización, por ejemplo) hasta nuevas construcciones o ampliaciones. Para ello la administración municipal pide una delegación de la competencia que aprueba la autonómica, acompañada de una memoria económica sobre los trabajos a realizar, pues es la Generalitat la que aporta la inversión. La vigencia de Edificant se prologa hasta 2029 y el Botánico amplió el presupuesto estimado a los 1.700 millones.

El conseller 'disparó' en su primer intervención, seguramente a sabiendas de que se le iba a interpelar por el avance del plan, que sufre recortes según la oposición política y educativa, agrupada en la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública.

«Tenemos en ejecución 382 obras, 46 más que hace un año, lo que supone una inversión de 600 millones y genera unos 16.000 puestos de trabajo. Y todo ha sido posible por la profunda revisión del plan Edificant», dijo el conseller antes de lanzar su andanada. «De manera sistemática se produjo una deficiente valoración de las memorias económicas que acompañan a las delegaciones, ya fuera por falta de regulación o de definición de sus contenidos, o directamente por la deficiente gestión de la misma», añadió.

«Esto ha generado que la mayoría de las delegaciones que hizo el anterior gobierno hayan requerido de un aumento presupuestario muy importante, por lo que las solicitudes de modificación están siendo permanentes y continuas», añadió, refiriéndose en este sentido a la cantidad de ejemplos en los que el incremento de la inversión necesaria superaba el 50% de la asignación inicial. «Se han tenido que revisar 183 delegaciones para dotarlas de presupuestos reales y actualizados para su ejecución», remató.

Antes del cambio de gobierno ya trascendieron numerosos casos en los que fue necesario revisar precios, incluso después de que la conselleria actualizara el módulo básico de Edificant. Y también se produjeron licitaciones que acabaron desiertas, como la del 'megainstituto' de Patraix, que llegó a impulsar el equipo de Ribó. Es más. En Valencia ciudad todas las grandes actuaciones han sido objeto de una ampliación presupuestaria para tener visos de prosperar.

El conseller también aludió «a los problemas burocráticos detectados en Edificant», que se han dado con mayor asiduidad en los municipios más pequeños y con menor capacidad técnica, hasta el punto de que se ha llegado a acordar, en algún caso, que las obras sean asumidas por la Generalitat. Además, habló de actuaciones que han sido revocadas «por carecer de la oportuna justificación de necesidades y que estaban pendientes de ejecución», situación relacionada con la advertencia a 46 ayuntamientos que no habían informado de avances durante un año y que se resolvió con la pérdida de la delegación en cuatro. Los 42 municipios restantes presentaron alegaciones que fueron estimadas.

Además, en algunos casos «se ha procedido a la declaración de lesividad para el interés público de varias delegaciones que se hicieron sin seguir los procedimientos establecidos», llegando a los tribunales. En este paquete se pueden encontrar algunas de las intervenciones para doce municipios que dejó cerradas el Botánico tras las elecciones de 2023 y antes de producirse el cambio en el Consell. En todos los casos menos en uno beneficiaron a localidades gobernadas por el PSPV y Compromís.