Parón a la reversión de Torrevieja

Un año después parece evidenciarse que el trayecto no es un camino de rosas. Cuando apenas faltan cinco meses para el 15 de octubre, fecha en la que finaliza el contrato con Ribera Salud y que Sanidad ha fijado para que el sistema público vuelva a asumir la gestión, todavía quedan muchos aspectos pendientes. Y la cuestión laboral no es la menor de ellas.

Les Corts Valencianes debaten hoy una moción presentada por el portavoz de Sanidad del PP, José Juan Zaplana, en la que piden a la Conselleria de Sanidad que explique sus planes.

Ya en la mesa sectorial que se celebró el lunes los sindicatos preguntaron por la situación en la que se encuentra la reversión y qué se va a hacer con los trabajadores. Poco sacaron en claro tras la callada por respuesta que dio la conselleria.

Tanto CSIF como Sindicato Médico urgieron a la Conselleria de Sanidad a definir el modelo para acabar con la incertidumbre para los trabajadores. Fuentesde CSIF advirtieron que la creación de la empresa genera un modelo diferente que puede generar futuros conflictos.

La inquietud es cada vez mayor entre los trabajadores que denuncian el «ocultismo« de Sanidad. En este sentido, uno de los portavoces del comité de empresa, Fran García, lamentó que »parece que sólo se quieren reunir con nosotros pare decir que hay dialogo«.

El dirigente sindical se refería de este modo a la última reunión mantenida con representantes de la conselleria la pasada semana. «Seguimos sin saber qué van a hacer con nosotros«, explicó García.

Los 1.400 trabajadores miran así con escepticismo al futuro. La Conselleria de Sanidad pretende crear una empresa pública para asumir a los trabajadores de la concesión. La propuesta cuenta con el rechazo de Podemos que aboga por la gestión directa.

La posición de Sanidad tampoco ha gustado a Compromís que ha presentado alegaciones al proyecto de decreto elaborado por la conselleria y que, según avisaron los trabajadores, no han sido aceptadas por la conselleria.

La posibilidad de ser encuadrados en una empresa pública no gusta a los trabajadores que rechazan abiertamente esta opción. Uno de los mayores inconvenientes que ven es que los méritos y experiencia no les servirá para puntuar en las bolsas de trabajo o en las oposiciones.

Por su parte, la Conselleria de Sanidad no es partidaria de utilizar el sistema que se empleó en la reversión de Alzira pese a que ha sido diseñado por los actuales gestores. En la última reunión con los trabajadores la directora general de Recursos Humanos, que era subdirectora general en abril de 2018, Carmen López, les advirtió de las desventajas de ser personal laboral a extinguir. Señaló que se trata de una figura «congelada» porque no permite la promoción interna. «Si hay algo nuevo que no hay por donde cogerlo desde un punto de vista ortodoxo del Derecho es el personal laboral a extinguir», afirmó Javier Íñigo, subdirector general de Recursos Humanos.

También en el curso de esta última reunión los representantes de la conselleria recordaron que ahora Sanidad va a tener poco que decir porque es Presidencia quien se va a encargar de decidir qué se va a hacer con los trabajadores.

«El problema es que faltan apenas cinco meses y con el verano en medio y estamos en una situación de inestabilidad. Y la culpa es de la Conselleria de Sanidad«, explicaron desde el comité.

En la misma línea se pronunció José Juan Zaplana quien señaló que «los trabajadores tienen que saber cuál es su futuro y también los ciudadanos deben saber cómo van a ser atendidos».

La reversión se puede complicar aún más si el Tribunal Supremo se pronuncia sobre el recurso de Ribera Salud sobre el Hospital de Alzira. La casación ya ha sido admitida a trámite y los magistrados van a estudiar el recurso de la empresa que considera ilegal la operación al carecer del informe económico.

La decisión del Supremo podría influir en los planes sobre Torrevieja ya que en la documentación tampoco consta este informe. La incertidumbre es aún mayor porque el alto tribunal acaba de declarar nulo el proyecto de Madrid Central. Aunque no es una cuestión sanitaria sí que se ha utilizado el mismo argumento jurídico para rechazar la actuación: La falta de un informe económico sobre el coste para las arcas autonómicas.