Los padres tendrán que prometer por escrito que ayudarán a los hijos con los estudios

Un alumno de Primaria, en clase. / josé ramón ladra
Un alumno de Primaria, en clase. / josé ramón ladra

El compromiso lo firmarán las familias y el centro, ambas partes tendrán una copia y podrá servir para fomentar hábitos de respeto o trabajo

J. BATISTA

La Conselleria de Educación ya tiene listo el borrador del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de los centros públicos de Secundaria, un documento básico que regula las funciones de cada departamento de la escuela, así como de los diferentes agentes educativos. El paso servirá para actualizar la normativa vigente, que data de los años 90. Lo mismo sucede en el caso de Infantil y Primaria, cuyo proyecto se ha negociado ya con los sindicatos docentes de la mesa sectorial.

Entre las novedades está la creación de una especie de contrato entre el centro y los padres y que según se desprende de la redacción dada será obligatorio. La idea es que recoja «los compromisos que cada familia y el centro acuerdan», que deben ser «los necesarios para garantizar la cooperación entre las acciones educativas de las familias y el centro en un entorno de convivencia, respeto y responsabilidad en el desarrollo de las actividades educativas». Los dos reglamentos incluyen esta herramienta, que aunque tiene un gran carácter simbólico ha de servir, como explican desde el departamento autonómico, para «potenciar la participación de todos en el proceso de aprendizaje».

Los contenidos serán elaborados por el centro y aprobados por el consejo escolar. Eso sí, deben tener vinculación con el proyecto educativo de la escuela, que incluye, de manera obligatoria, cuestiones como potenciar la igualdad y la convivencia o el buen uso de las nuevas tecnologías. Es decir, entre las cuestiones que deberán asumir los padres desde casa estará el respeto al diferente y al resto de miembros de la comunidad educativa.

También pueden tener cabida cuestiones como el fomento de los hábitos de estudio (para Secundaria especialmente), la obligación de llevar las tareas o deberes que mande el profesor, que pese a estar limitados por la Ley de Protección de la Infancia siguen plenamente vigentes, e incluso el compromiso de propiciar un uso racional y comedido de los dispositivos móviles.

El compromiso tendrá que estar firmado por ambas partes, tal y como recogen ambos reglamentos, y tanto las familias como la dirección del centro se quedarán con una copia. En realidad, desde la época del PP existen iniciativas parecidas, si bien son voluntarias y excepcionales.

Las nuevas normativas también contemplan la figura del voluntario. Aunque en años anteriores ha existido de manera experimental para tareas de repaso extralectivas en determinados municipios, su regulación servirá para generalizar su utilización incluso dentro de la jornada escolar si el consejo escolar da su visto bueno. No podrá recibir contraprestación alguna, deberá presentar el certificado de no constar en la base de datos de delincuentes sexuales (obligatorio para cualquier persona que trabaja con menores) y no podrá realizar tareas de voluntariado que tengan que ver con su puesto laboral, en caso de existir. El perfil más habitual, al menos en los programas experimentales citados, era el de maestros jubilados.

Además, los reglamentos recogen la idea de que por regla general las actividades complementarias (se realizan dentro del horario lectivo) deberán ser gratuitas, y que los centros tendrán la obligación de evitar que cualquier alumno sea excluido por razones económicas. Lo mismo sucede con las extraescolares, si bien ya hay regulación en este sentido.

Además, en Secundaria, se prohíbe la venta vía máquinas expendedoras de productos no saludables (hay un plan de Sanidad con este objetivo). También se regulan los protocolos en caso de que las Fuerzas de Seguridad deban acceder al centro para identificar a algún alumno, y se permitirá a los directores trazar el perfil de los puestos de trabajo, por ejemplo, si precisan de un especialista de idiomas, opción que recoge la Lomce y que permitían los contratos programa del PP.

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